El senador de la República por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, anunció el 6 de mayo de 2026 que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en una postura que contradice la que había sostenido días antes, cuando informó que sí acudiría a ese espacio legislativo. El legislador de Morena argumentó que su inasistencia busca impedir que integrantes de la derecha aprovecharan el foro para protagonizar un episodio de confrontación mediática en el recinto parlamentario.
“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, escribió Inzunza Cázares a las 9:00 horas del 6 de mayo de 2026 en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje, el legislador precisó que su objetivo era no ofrecer a “personeros de la derecha conservadora” la oportunidad de convertir la sesión en lo que calificó de “un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”. “Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, concluyó el senador.
Publicidad
La declaración supone un giro directo respecto a lo que Inzunza Cázares había comunicado días antes. Desde Badiraguato, Sinaloa —municipio de origen de figuras históricas del crimen organizado en México, y lugar natal tanto del senador como del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya—, el legislador había difundido un video en el que informó que el 6 de mayo de 2026 sí se presentaría en los trabajos de la Comisión Permanente. En ese mensaje, Inzunza Cázares se expresaba en términos afectivos sobre su tierra natal, sin referirse a los señalamientos formulados en su contra por autoridades estadounidenses.
El cambio de postura ocurre en un contexto de creciente presión sobre el legislador. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, entre ellos Inzunza Cázares, a quien el documento señala como un enlace clave entre la cúpula de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” y el propio Rocha Moya.
Publicidad
Según la acusación del DOJ, Inzunza Cázares —de 53 años, originario de Badiraguato— habría participado junto a Rocha Moya en una reunión posterior a la elección de junio de 2021, en la que se negociaron con los líderes de “Los Chapitos” las condiciones para que ese grupo criminal tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa. El documento lo describe como el funcionario que acordó planes específicos para que el Gobierno del estado apoyara y protegiera al cártel, a cambio de favores que mantendrían a los acusados en posiciones de poder. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan una pena de cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial de EE.UU.
Antes de asumir su curul en el Senado de la República en agosto de 2024, Inzunza Cázares se desempeñó como secretario general del Gobierno de Sinaloa bajo las órdenes de Rocha Moya, cargo que dejó en febrero de 2024. Con anterioridad, presidió el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa entre 2016 y 2021. El caso también tiene una dimensión familiar: según información publicada por el diario El Universal, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) Aída Inzunza Cázares, hermana del senador, fue quien elaboró el dictamen que avaló el triunfo de Rocha Moya en la elección para la gubernatura de Sinaloa de 2021.
Publicidad
Inzunza Cázares había rechazado previamente los señalamientos del DOJ y los calificó de ataque político a la Cuarta Transformación. La crisis institucional desatada por la acusación estadounidense provocó que la senadora de Morena Imelda Castro Castro eliminara de sus redes sociales las fotografías en las que aparecía junto al legislador y a Rocha Moya, lo que fue interpretado como un distanciamiento político. El Gobierno de México, por su parte, rechazó la urgencia de las solicitudes de extradición formuladas por el DOJ, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que la petición no acredita los elementos necesarios para proceder bajo la figura de detención provisional con fines de extradición.
