La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 6 de mayo de 2026 que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 del mismo mes y año una nota diplomática al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), con el fin de solicitar las evidencias que respalden las acusaciones de narcotráfico formuladas contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la decisión fue tomada tras consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) y con los jurídicos de la Presidencia de la República. La mandataria nacional cuestionó la solidez de los elementos difundidos por el DOJ, al señalar que la documentación publicada hasta ese momento consistía en declaraciones sin sustento documental verificable.
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“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice ‘Juanito, 30 mil pesos'”, señaló la presidenta de la República.
La titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que el Estado de Derecho no puede aplicarse de manera selectiva y reiteró que si el DOJ no presenta evidencias concretas, el objetivo real de las acusaciones sería el injerencismo en los asuntos internos de México.
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“Si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo”, declaró Sheinbaum Pardo, quien subrayó que su obligación constitucional es cumplir y hacer cumplir la ley, defender la soberanía nacional y trabajar en favor de los sectores más vulnerables del país.
El expediente del DOJ involucra a 10 ciudadanos mexicanos con cargos de narcotráfico. Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura de Sinaloa tras conocerse que su nombre figuraba en dicho proceso judicial, y la función ejecutiva del estado quedó en manos de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.
