Tras dos intentos previos por reunirse con el alcalde Ismael Burgueño, el martes 19 de mayo residentes de Playas de Tijuana recibieron entre abucheos, mofas y exigencias a funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana.
Durante casi una hora de reunión, con la presencia de directores, secretarios y delegados municipales, vecinos expusieron omisiones y exigencias relacionadas con el proyecto “Civantia”, el cual contempla un complejo multifamiliar y un centro comercial en la zona costera.
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Entre los principales puntos expuestos destacaron señalamientos sobre posibles incumplimientos al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana (PDUCPT), el cual define el uso de suelo de la Cañada Azteca y la franja costera como zona de conservación, mientras que el resto de los lotes contempla una zonificación de densidad media que no permitiría edificaciones mayores a cinco niveles.
Las exigencias vecinales plantearon mantener la clausura de la obra hasta una resolución judicial, cancelar permisos y autorizaciones otorgadas desde 2016 y garantizar el acceso completo al expediente del proyecto, ante señalamientos de falta de transparencia en el proceso de autorización.
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También solicitaron impulsar una declaratoria de conservación para la Cañada Azteca con el objetivo de convertirla en parque público, así como instalar una mesa técnica con funcionarios municipales y representantes vecinales.
En atención a medios, Burgueño señaló que uno de los acuerdos alcanzados fue mantener clausurada la obra hasta esclarecer su situación jurídica. Indicó además que este miércoles serían retiradas las máquinas del predio, luego de que vecinos acusaran una presunta continuación de trabajos pese a la clausura.
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La secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Virginia Vargas, explicó que una revisión técnica y jurídica determinará si existen irregularidades que impidan mantener vigentes los permisos.
En ese sentido ante el incumplimiento del permiso otorgado, que contemplaba únicamente labores de mantenimiento y limpieza, informó que Grupo Ruba enfrenta una sanción de entre 500 y 5 mil UMAS, equivalente a entre 58 mil y 500 mil pesos.
“No cumplieron con lo que se les había otorgado de licencia, se hace lo que es la clausura que fue el día 11 de mayo, como bien se ha dado a conocer”, indicó Vargas.
Además, el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero, aclaró que la Cañada Azteca corresponde a una concesión de Conagua, por lo que el municipio únicamente regula permisos de competencia local.
El alcalde aseguró que su gobierno revisará “de fondo” el expediente junto con residentes y dependencias municipales, y confirmó que el 24 de mayo se instalará una mesa técnica para dar seguimiento a las exigencias vecinales.
Adriana Álvarez, del colectivo Defendamos Playas, reconoció la reunión como un avance, pero señaló que mantendrán reservas hasta observar acciones concretas por parte del Ayuntamiento.
“Soy optimista reservada hasta no ver que se instale la mesa técnica y empecemos a ver resultados”, expresó.
Por su parte, Sara González afirmó que los vecinos consideran que existen elementos legales y técnicos suficientes para revocar los permisos del proyecto.
“Estamos perfectamente claros de que se han estado violando los reglamentos, la normatividad y que por lo tanto esa revocación de permisos tiene que darse”, sostuvo.
Retiran maquinaria
Tras la reunión sostenida entre vecinos y autoridades municipales, la tarde del miércoles, personal que labora en el proyecto Civantia, comenzó a retirar la maquinaria que se encontraba en la Cañada Azteca, tras la indicación del Gobierno local.
