El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de presuntos vínculos con el narcotráfico, dividió el escenario político mexicano entre el respaldo unánime de legisladores y funcionarios de Morena y la exigencia del Partido Acción Nacional (PAN) de declarar la desaparición de poderes en esa entidad.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán de Rosales, Juan de Dios Gámez Mendivil, y otros siete funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por su presunta participación en el narcotráfico en beneficio del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el Gobierno de EE.UU. solicitó la detención provisional con fines de extradición de los acusados. La acusación también señala que el crimen organizado intervino en la elección estatal de 2021 para favorecer la victoria de Rocha Moya en la gubernatura.
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El 2 de mayo de 2026, el gobernador solicitó licencia para separarse del cargo y rechazó los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses. Al día siguiente, el 3 de mayo de 2026, durante la celebración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena convocado para elegir nueva dirigencia partidista, legisladores, gobernadores y secretarios de Estado del partido guinda fijaron postura pública en defensa de Rocha Moya y en respaldo a las investigaciones en curso.
El senador Gerardo Fernández Noroña fue uno de los más activos en la materia. Desde el 1 de mayo de 2026, en una de sus transmisiones en redes sociales, el legislador ironizó sobre la solidez de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU.: anunció una supuesta “prueba brutal, contundente y demoledora” para mostrar, al final, únicamente un dibujo de figuras geométricas con una leyenda que señalaba a un monigote y decía “Fue él”. Añadió con sarcasmo que, ante tanta “solidez”, ya no habría manera de negar los hechos. El día siguiente, al asistir a un evento en Morelia, Michoacán de Ocampo, Fernández Noroña extendió sus cuestionamientos al comparar el caso con el de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, alias “Maru Campos”, involucrada en el incidente con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecidos en operativos no autorizados por el Gobierno Federal. “No ha tenido la decencia de pedir licencia”, dijo el senador al referirse a Campos Galván, exigiendo un trato igualitario entre funcionarios de distintos partidos. Durante el Congreso del 3 de mayo de 2026, Fernández Noroña reiteró su confianza en Rocha Moya: “Yo no desestimo nada, no prejuzgo. Confío en la Fiscalía General de la República (FGR); y en lo personal, yo tengo confianza en el gobernador con licencia.”
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La diputada Dolores Padierna desestimó los señalamientos provenientes del gobierno estadounidense y de la oposición, y consideró que “estamos a tiempo para aclarar todo”. Rechazó la narrativa del llamado “narcopartido” y descartó que las acusaciones se tradujeran en un revés electoral para Morena de cara a los comicios de 2027. Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, defendió su amistad con Rocha Moya y afirmó que esperaba que el movimiento político lograra un revés contra quienes, a su juicio, organizaron “una intriga que no tiene nombre”. El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, también minimizó el impacto de las acusaciones al declarar que “hay una actuación extraña, por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos”, y valoró positivamente que el gobernador con licencia se mostrara disponible a ser investigado.
Desde la oposición, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, demandó al Senado de la República que declarara la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que la solicitud de licencia de Rocha Moya no resuelve la crisis de inseguridad que enfrenta el estado. “Acción Nacional continúa insistiendo en la desaparición de poderes en esta entidad como medida para verdaderamente ir solucionando la crisis de inseguridad que vive ese estado de la República y darle a las familias sinaloenses mejores condiciones de vida”, declaró Romero. El dirigente panista calificó de inédita la dimensión del problema: “Ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales.”
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La crisis política en torno a Sinaloa se desarrolla en paralelo con el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, en cuyo Congreso del 3 de mayo de 2026 fue electa Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien se integró al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica. El desenlace del caso Rocha Moya, que incluye la negativa inicial de la FGR de atender la solicitud de extradición por considerarla incompleta en sus elementos jurídicos, mantendrá bajo presión al partido gobernante en su camino hacia los comicios federales y locales de 2027.
