La audiencia constitucional prevista para su desahogo el pasado 15 de mayo en el juicio de amparo promovido por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue diferida para el próximo 19 de junio, debido a que no se había recibido el informe de ley de la autoridad responsable: Juez de Oralidad Penal del Partido Judicial de Mexicali, que el 24 de marzo anterior decretó auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 4921/2022, en contra del exmandatario. En dicha resolución, ahora controvertida por Jaime Bonilla Valdez (quien goza del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 13 del CNPP), se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy. El juicio de garantías fue promovido por la defensa de Bonilla que considera que los señalamientos por parte de la autoridad eran incompetentes, pues las conductas ilícitas que se le imputaron presuntamente estaban relacionadas con actos de corrupción, por lo que la carpeta de investigación debió haberse integrado en la fiscalía especializada en esa materia. El abogado del exgobernador ofreció al juez de amparo una prueba documental en un disco versátil digital (DVD) que será abierto durante la celebración de la audiencia constitucional para valorar su contenido. El referido contenido del DVD ya fue solicitado en copia simple por Karla Johanna Torres Ortiz, en su carácter de delegada autorizada del tercero interesado Gobierno del Estado de Baja California, quien presentó el escrito respectivo y una memoria USB para tal fin. El informe justificado por el que se difirió la audiencia, ya fue remitido por el Juez de Oralidad Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, el martes 19 de mayo, lo que da celeridad al juicio de amparo que conoce uno de los jueces de distrito en la entidad, que, sin embargo, podría diferir de nueva cuenta la fecha de la audiencia en caso de que falten documentos o actos por notificar.
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