En un contexto marcado por la percepción de impunidad en casos de maltrato animal en la comunidad animalista, estos reconocieron la aprobación en comisión del dictamen de reforma al Código Penal, que busca ampliar y endurecer las sanciones contra estos delitos, con penas de hasta ocho años de prisión.
La propuesta, impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue avalada el 26 de marzo, por la Comisión de Justicia del Congreso local y turnada al Pleno para su discusión y votación.
Publicidad
De acuerdo con Frank Ortiz, asesor legal de Abogados Animalistas, la iniciativa fue trabajada en conjunto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con el objetivo de incrementar las penas y ampliar los supuestos del delito.
“Necesitamos responder a esos llamados y al grado de impunidad que se sentía en el estado, porque podían existir audiencias, carpetas de investigación, análisis e investigaciones, pero al final las penas eran las mismas: tres meses como mínimo y dos años como máximo”, comentó.
Publicidad
Ortiz recordó el caso del perro “Chato”, asesinado el 27 de diciembre a golpes con un bat; meses después, el presunto responsable quedó en libertad tras obtener medidas cautelares debido a la baja penalidad vigente en ese momento.
Señaló que, aunque el aumento de penas representa un avance, uno de los retos pendientes es el reconocimiento de los animales como víctimas dentro del proceso jurídico, ya que actualmente la legislación los sigue considerando como objetos del delito.
Publicidad
“Hoy la conversación ya no solo es aumentar las penas; también implica reconocer a los animales como víctimas dentro del proceso jurídico, porque en este momento siguen siendo considerados como objetos del delito en nuestras leyes”, indicó.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Estatal de Agresores de Animales, que concentraría información sobre personas sancionadas por estos delitos y permitiría ubicar a quienes han ejercido violencia contra animales.
Advirtió que la violencia contra los animales puede funcionar como un indicador de otras conductas violentas, al tratarse de agresiones dirigidas hacia seres en condición de vulnerabilidad.
Finalmente, Ortiz consideró necesaria la inclusión de la persecución de oficio en la reforma, al señalar que responde a un contexto en el que muchas personas evitan denunciar por temor a represalias.
El dictamen será discutido y votado por el Pleno del Congreso del Estado en las próximas semanas.
