Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenaron el 30 de abril de 2026 la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien negó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y le aconsejó no preocuparse por las imputaciones de narcotráfico en su contra si no existían pruebas en su contra.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, criticó con ironía la actitud de Sheinbaum Pardo frente a uno de los integrantes de su partido, al tiempo que señaló el trato diferenciado que, a su juicio, recibe la oposición. “Quién fuera oficialista para que ante acusaciones formales de una Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum te defienda en automático”, publicó Romero en redes sociales. El dirigente panista añadió que para los opositores “la simple acusación, sin la más mínima prueba, es suficiente para ser sentenciado desde la mañanera”, en referencia a las conferencias matutinas del Gobierno Federal.
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Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, afirmó que el caso de Rocha Moya no era un hecho aislado, sino una constante en el partido gobernante. “Morena es Rubén Rocha, Morena es Cuauhtémoc Blanco, Morena es Layda Sansores, Morena es David Monreal, Morena es Cuitláhuac García, Morena es Adán Augusto, Morena es Salgado Macedonio, Morena es Salomón Jara, Morena son los Yunes y los Murat”, enlistó Álvarez Máynez, al referirse a políticos señalados por irregularidades sin haber enfrentado sanciones internas ni consecuencias judiciales.
La reacción del PRI fue más allá de la condena verbal. A través de su cuenta oficial en redes sociales, el partido anunció que solicitaría formalmente que Morena perdiera su registro como partido político, argumentando que existen imputaciones formales en EE.UU. contra funcionarios mexicanos, entre ellos Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la misma publicación, el instituto político aseguró que Morena “opera como una estructura de protección al crimen” y señaló que más del 70 por ciento del territorio nacional estaría bajo control de organizaciones criminales.
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El PRI indicó que desde años atrás presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para advertir sobre la situación, al tiempo que exigió justicia para las víctimas y castigo para los responsables. “El PRI no se dobla ni se esconde. Vamos a impulsar todas las acciones legales para limpiar la vida pública del país”, señaló la dirigencia tricolor en su comunicado en redes.
La negativa de Sheinbaum Pardo a proceder con la extradición de Rocha Moya y su declaración de respaldo al gobernador sinaloense generaron una respuesta unificada de los tres principales partidos de oposición, que coincidieron en señalar lo que denominaron un patrón de impunidad al interior de Morena frente a acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
