Madres de familia del jardín de niños Marcelo Rubio, en la ciudad de La Paz, estallaron en una serie de protestas para exhibir que, una vez más, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEPBCS) pretende cerrar un grupo de preescolar en la entidad.
Las manifestantes recalcaron que no cederán ni permitirán que las autoridades educativas procedan con el cierre del grupo a unos meses de terminar el ciclo escolar, denunciando que la SEP se niega a garantizar el cuidado de las y los menores.
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Expusieron que esta problemática inició porque la maestra de Tercer Año A, se retiró de servicio, con permiso por cuestiones de salud, antes de las vacaciones de Semana Santa. Supuestamente, el 13 de abril recibirían a una docente suplente, pero esto no fue así.
“Llegaron con imposiciones, con amedrentaciones y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta”, señalaron.
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En respuesta, las autoridades de la SEP dieron las siguientes opciones: dividir a los 13 estudiantes en otros grupos o que la directora de jardín, Irma Medina, se quede al frente del aula de Tercer Año A.
Las madres de familia recalcaron que ninguna de estas opciones es posible, ya que la directora tiene otras funciones en el plantel, por lo que exigieron que las autoridades educativas cumplieran con enviar a la maestra suplente.
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La directora del jardín enfatizó que las dinámicas en los grupos ya están establecidas, a pocos meses de terminar el ciclo escolar no sería algo que afectaría sólo a los de Tercera A, sino también a los niños que recibirían a esta carga adicional.
Debido a que no obtuvieron una respuesta satisfactoria, continuaron con las manifestaciones con el cierre de la calle paralela al plantel.
“Hemos llegado y tomado la decisión el día de ayer de tomar la calle porque ya se agotaron todas las medidas administrativamente posibles. La supervisora de zona y la jefa de departamento llegaron y nosotros con toda la esperanza del mundo pensamos que ya traían una solución positiva para nosotros, pero no fue así”, expusieron.
Ahora presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), otra ante el titular del Órgano Interno de Control del Sistema Educativo y por último ante la Dirección Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
