Tres comunicadores fueron arrestados en San Luis Potosí por reproducir videos generados con Inteligencia Artificial que cuestionan al gobernador Ricardo Gallardo, y dos de ellos obtuvieron su libertad el 5 de junio de 2026 tras aceptar su responsabilidad ante un Juez de Control, mientras que otros 10 periodistas enfrentan órdenes de aprehensión por los mismos motivos.
Las periodistas Eréndira Reyes Aguillón, directora del portal “San Wicho Times”, y su hija Alejandra Hermosillo, junto con el creador de contenido Christian Herrera, responsable del portal “Código Rojo”, fueron capturados el 21 de mayo de 2026 por elementos de la Policía de Investigación. Según la organización Artículo 19, ninguno de los tres fue creador de los contenidos en cuestión, sino que los reenviaron en sus redes sociales.
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Las carpetas de investigación los acusan de difundir un video generado con IA respecto al presunto vínculo del gobernador del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo, con una organización criminal, así como de publicar una fotografía de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo, en la que aparece junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. A Herrera se le imputa adicionalmente la difusión dolosa de desinformación e instrumentalización de la Inteligencia Artificial para provocar temor social.
Las detenciones se sustentaron en la reforma al Código Penal de San Luis Potosí aprobada en noviembre de 2025, conocida localmente como “Ley IA”, que sanciona el uso no autorizado de imágenes o voces creadas con herramientas digitales de Inteligencia Artificial. La legislación fue impulsada por el diputado local del Partido Verde, Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, y señalado como uno de los principales operadores políticos del gobernador Gallardo.
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El 5 de junio de 2026, un Juez de Control autorizó la suspensión condicional del proceso penal de Reyes Aguillón y Hermosillo, medida que dejó sin efecto la prisión preventiva justificada a la que se encontraban sujetas en el Centro Estatal de Reinserción Social Número 1, conocido como “La Pila”. Según la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), ambas imputadas aceptaron de manera libre su responsabilidad en los hechos que les fueron atribuidos. Las condiciones impuestas incluyen fijar un lugar determinado de residencia, comparecer mensualmente para firma periódica ante el órgano judicial, abstenerse de incurrir en conductas delictivas y cubrir la reparación del daño en favor de la víctima, cuyo monto no fue detallado.
Entre los otros 10 investigados figura la periodista Anahí Torres, directora del portal En Primera San Luis, quien obtuvo un amparo para evitar su detención, aunque ya fue citada por la Fiscalía estatal. Herrera permanece bajo proceso.
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Leopoldo Maldonado, director Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió que “estas detenciones dan cuenta de un clima de incremento exponencial de acoso judicial en México”, y señaló que se observan “cada vez más casos de criminalización de periodistas en Puebla, en Campeche, en Veracruz, ahora San Luis Potosí, en donde se usa a las fiscalías para investigar y perseguir voces críticas”. Maldonado añadió que, “con poderes judiciales capturados por el poder político, es poco probable que tengan un juicio justo”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y el Comité de Protección a Periodistas señalaron que los hechos “representan un uso arbitrario de estas normas, particularmente contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas”. Las agrupaciones cuestionaron la retroactividad del procedimiento, dado que los contenidos digitales se difundieron antes de la entrada en vigor de la reforma penal, y alertaron que las disposiciones contempladas en los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter propician la criminalización de la libertad de prensa.
La defensa de los implicados interpuso recursos legales argumentando que la normativa local contempla excepciones explícitas cuando la manipulación técnica se realiza con fines periodísticos o de crítica política. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 132/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la legislación, cuya resolución permanece pendiente.
