Desde la Presidencia de la República, pasando por las secretarías de Estado, los gobiernos estatales y los ayuntamientos, el partido en el poder cada vez más intenta normalizar el abuso. El abuso del poder, el abuso del recurso, el abuso del cargo.
No hace mucho -hará un mes- trascendió una imagen que, aun frívola, desató la polémica: una mujer asoleando sus piernas desde uno de los ventanales en la fachada principal de Palacio Nacional en la Ciudad de México. Era evidente, por la imagen compartida a través de videos en las redes sociales, que la mujer se había tomado el espacio institucional como propio: abrió el ventanal, acercó una silla, se montó en ella, subió su falda y tomó el sol al tiempo que se dedicó a revisar su celular.
Lo primero que hizo la Presidencia de la República fue negar el hecho. Acusaron que las imágenes y videos eran producto de la Inteligencia Artificial, y tacharon de mentiroso y falsario a un conocido protagonista de la red social X, conocido como Vampipe; pero el tiempo y la tecnología le darían la razón a éste, y al Gobierno Federal no le quedó más que aceptar que la asoleada de la dama había sucedido.
Tiempo después, trascendió la renuncia de la mujer. Se trató de Florencia Melany Franco Fernández, quien estaba a cargo de una dirección en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es evidente que la presión social, mediática y luego la institucional llevaron a la dama a retirarse del cargo, luego de ser exhibida utilizando las instalaciones oficiales, y nada menos que EL Palacio Nacional, como un solario personal para el relajamiento.
¿Constituye esa una acción de abuso de poder sobre las instituciones del Estado Mexicano? Quizá en la Presidencia de la República así lo consideraron, además de una falta de respeto para la sede del poder político mexicano, construida en el año de 1522. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República en 2018 y decidió tomar el Palacio Nacional como residencia presidencial, a pesar que había prometido vivir en su departamento personal, y no en Los Pinos (la residencia oficial de 14 presidentes de la República desde 1934, cuando la inauguró el mandatario Lázaro Cárdenas, hasta el 2018, cuando Enrique Peña Nieto fue el último ocupante), el Palacio Nacional ha sido para Morena la sede presidencial, oficial y personal ya de dos mandatario, el propio López Obrador y ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Mucho se ha especulado -y jamás se ha aclarado en ocho años de gobiernos morenistas- cuánto cuesta la vida del presidente, ahora Presidenta, en Palacio Nacional, cargo que ha justificado el periodista Carlos Loret de Mola, entre otros, que deberían sumarse a la remuneración económica que percibe el ocupante de Palacio, pues albergar la vida personal del mandatario en tal edificio conlleva a un costo en energía eléctrica, en agua, en servicios, en alimentos, en personal; pero tal información, como mucha otra en los gobiernos de Morena, permanece en la opacidad.
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Ciertamente las sedes del gobierno son para el desarrollo de tareas institucionales y laborales que corresponden al cargo que se ostenta; no son los edificios, oficinas, palacios, centros de gobierno, estatales o municipales, o consulados o embajadas, para el uso personal y a capricho de quien los ocupa por un tiempo determinado, porque mantener esas propiedades y los servicios de sus ocupantes cuesta al erario público.
Por tanto, abusar de ello, utilizar el cargo y hacer vida personal a discreción en los edificios oficiales, sin estar debidamente autorizado para ello, como la residencia de la Presidenta en Palacio Nacional, las casas de gobierno en algunos Estados o las residencias de Embajadores y Cónsules en representaciones diplomáticas, podría constituir incluso el delito de peculado, aquel que es cometido por “funcionarios públicos que se apropian, desvían o utilizan indebidamente dinero, bienes o recursos del Estado que les fueron confiados por su cargo”.
Una residencia oficial es eso; es un espacio destinado para quien ostenta el cargo, y no puede hacer uso del bien a su antojo y discreción. Pero esto no representa, aunque sí lo es, un abuso para el ex canciller mexicano y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Causabón, quien ha sido evidenciado -y confirmado por él- cuando hizo uso personal y a discreción de una sede diplomática para albergar a su hijo durante seis meses.
La situación es así: en el 2021, cuando Ebrard era Ministro de Relaciones Exteriores, y tenía todo el poder sobre las representaciones diplomáticas de México en el mundo, dio la casualidad que uno de sus hijos debía cursar un periodo académico de seis meses en Inglaterra; aquí primero el tema institucional, y luego el personal, dado que el hijo del secretario no es facultad del Estado Mexicano que le dio el cargo a su padre, sino de éste. Es decir, si lo quiso enviar a estudiar al extranjero, debió asumir los costos que ello implica, como seguramente ese 2021 y a la fecha lo hacen muchos mexicanos que económicamente pueden con el paquete de mandar a los hijos a formarse al exterior (como el propio hijo del expresidente).
Pero no; como su chamaco iba a Londres, el entonces ministro habló con una de sus subalternas, la embajadora de México en Inglaterra, por aquellos años Josefa González Blanco, le comentó que su hijo iría a estudiar en aquellas tierras, y -según el propio exministro- su subordinada, sobre la que Ebrard ejercía un poder, al ser su jefe, le dijo tranquilamente: “Mándamelo a la residencia”.
Así como si la residencia fuera de ella, de Josefa, y ella se hiciese cargo de todos los gastos de mantenimiento y servicios, como para albergar al hijo de su jefe de manera gratuita. Y así él, abusando el poder, de su posición en el momento, hablándole a una de sus empleadas, que no podría decir que no.
Durante seis meses, como lo reveló el periodista Carlos Loret de Mola, y lo confirmó el 16 de abril el propio Ebrard, su hijo estuvo viviendo cómodamente, de manera segura durante la pandemia, y a sus anchas y discreción, en la residencia oficial de la Embajada de México en Inglaterra. Lo cual para el erario mexicano tuvo un costo, que se ahorraron el joven estudiante y su padre.
Obviamente Marcelo Ebrard declaró que la estadía de su hijo durante seis meses en la residencia oficial de la Embajada en el Reino Unido, no era ni abuso ni uso indebido de recursos. Dijo textualmente: “No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo; no usamos ningún recurso indebidamente”. Pues sí, usó los recursos del Estado Mexicano para un tema personal, para albergar a su hijo.
¿Cuántos padres mexicanos no quisieran que sus hijos, para su seguridad y tranquilidad, vivieran en una sede diplomática con todos los servicios, la seguridad, el mantenimiento y la institucionalidad que ello conlleva? Seguramente muchos, pero no todos pueden; sólo el canciller, evidentemente, y en el gobierno de Morena.
Utilizar para beneficio personal los bienes del Estado, aprovecharse del cargo para ello, constituye un delito, el de peculado. Pero en Morena no; en el partido y en el gobierno, normalizan el abuso, el mismo que tanto denunciaron de gobiernos priistas y panistas, y que ahora ejercen a conveniencia, cínicamente.







