La ignorada (y real) reforma judicial

La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, fue minimizada por los gobiernos; ahora, trabajan sobre la marcha y con el tiempo encima

Con un año de retraso al planteamiento original, arrancó la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California, teniendo como primer laboratorio al municipio de Playas de Rosarito, cuyo calendario permite que litigantes y togados inicien funciones mediante la promoción de controversias tramitadas en la materia.

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Este cambio representa uno de los más importantes de la historia jurídica del país, incluso de mayor relevancia que la reforma que abrió la opción de los juicios orales en materia penal, dado que la carga de trabajo es prácticamente el doble en uno y otro rubro.

A pesar de que se contaba con pocos recursos económicos y con la mitad del tiempo para su implementación (cuatro años en materia civil y familiar, contra ocho de la implementación de la oralidad penal), la política priorizó una agenda electoral que jurídica.

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Y es que durante todo el 2024 y 2025, el Gobierno de México, dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocó su agenda política en la reforma judicial que permite la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. A pesar de la poca participación a nivel nacional, los gobiernos morenistas consideraron un éxito el proceso, sin importarles que mientras se ponían de acuerdo para propagar los nombres de los acordeones, el reloj seguía corriendo para la implementación de la oralidad civil y familiar, que tiene como fecha límite el 2027.

El magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, comentó a inicios del 2024 que la implementación del nuevo código, que cuenta con mil 191 artículos divididos en 10 libros, donde además prevalecen 20 artículos transitorios, iba a arrancar en mayo del 2025 en Playas de Rosarito; pero la Declaratoria del Poder Legislativo fue postergada ante los grandes rezagos que tenían para su implementación.

Ahora, con apenas un año para implementarlo, todo el aparato judicial de Baja California está intentando cuadrar -de forma desesperada- los tiempos previstos para que toda la entidad pueda operar en la oralidad.

Uno de los puntos recientes más polémicos para los juristas del Estado es que se implementaron nuevas medidas de especialización para litigantes que representen juicios donde se vean involucrados infantes, donde el reciente acuerdo de la Comisión de Administración les solicita una especialidad en derecho familiar como maestría o doctorado, lo que ha sido considerado como una burla, puesto que tanto defensores como jueces no cuentan con requisitos tan estrictos para aspirar a estos puestos.

Otro de los grandes problemas es la falta de recursos, dado que no hubo apoyo de la federación para la construcción de edificios con todo lo necesario para operar la nueva impartición de justicia, a diferencia de como ocurrió en el sistema acusatorio adversarial, implementado en 2010.

Con todas las carencias, el municipio de Playas de Rosarito ha arrancado y, además del reto que representa la implementación, ahora el Poder Judicial local está obligado a preparar todo para arrancar el sistema oral civil y familiar en el municipio de Tecate, lo cual está previsto para el 17 de agosto.

El Tribunal Oral Civil, con sede en Ciudad Guadalupe Victoria, sería el tercer sitio donde se implementará, teniendo como fecha de arranque el 22 de septiembre de este año; y caso tres meses después, el 1 de diciembre, se implementará en Ensenada.

Los juzgados de San Quintín arrancarán el nuevo código hasta el 12 de febrero del 2027, Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, lo implementará el 23 de marzo; y ocho días después, de manera simultánea, se hará lo propio en San Felipe, la ciudad de Mexicali y Tijuana.

Esto, siempre y cuando se cuente con la viabilidad presupuestal para arrancar, lo cual se vuelve complicado, en el entendido de que tanto el código actual como el nuevo estarán operando simultáneamente, por lo que no se puede descuidar la infraestructura y personal que se tiene en la actualidad.

Fuera de toda la politiquería, el verdadero reto es la implementación de la oralidad, pero a nadie le importó asegurar una transición responsable y Baja California erogó casi 200 millones de pesos en una elección judicial que bien pudo utilizarse para habilitar inmuebles, capacitar abogados y funcionarios, modificar planes de estudio en las universidades, e implementar una intensa nueva campaña de promoción para que la ciudadanía conozca la nueva forma de trabajo, tal y como ocurrió con la implementación oral penal (y aun así hubo errores garrafales en los procedimientos).

Se le viene la noche al Poder Judicial, por estar más preocupado en la grilla que en lo verdaderamente importante: la justicia.