La Cámara de Diputados realizó el 14 de abril de 2026 la declaratoria constitucional del Plan B en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que 19 legislaturas estatales avalaron la reforma que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, instruyó el turno del decreto al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México emitieron su aval a la reforma, lo que superó el mínimo de 17 legislaturas requerido para otorgar rango constitucional a la iniciativa. El proceso de aprobación en los estados comenzó a menos de 24 horas de que el Congreso de la Unión sancionara el dictamen, siendo el Congreso de Tabasco uno de los primeros en votar a favor durante la madrugada.
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La reforma que llegó a los congresos locales difirió del proyecto original enviado por Sheinbaum Pardo, luego de que el Partido del Trabajo (PT) en el Senado logró excluir los cambios que buscaban adelantar la revocación de mandato y empatar ese proceso con las elecciones intermedias de 2027. En su versión definitiva, la iniciativa topa en 15 el número de regidurías en los ayuntamientos y establece que éstas deberán asignarse bajo los principios de paridad de género. Asimismo, fija que los recursos anuales de los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Respecto a los funcionarios del sistema electoral, la reforma dispone que los consejeros electorales, magistrados electorales, así como los titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. La misma restricción aplica a los funcionarios de organismos electorales y tribunales electorales locales, quienes además quedan impedidos para contratar o adquirir con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas en la ley.
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La reforma establece también que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los cuatro años siguientes hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales respecto a su presupuesto de 2026. Los ahorros derivados de los recortes en ayuntamientos y congresos locales deberán permanecer en las haciendas de los municipios y estados, y destinarse a obras de infraestructura pública.
Sheinbaum Pardo presentó los resultados del proceso en su conferencia mañanera como una victoria de fondo, pese a las modificaciones que sufrió la iniciativa durante el trámite legislativo. “La esencia del plan B que enviamos fue aprobada y esto ya es un hecho para el País”, declaró la mandataria nacional. La presidenta de la República enlistó entre los logros centrales de la reforma la prohibición de la reelección y del nepotismo, la reducción de recursos a congresos estatales y la eliminación de lo que denominó “pensiones doradas” para consejeros y magistrados electorales. “Se acabaron las pensiones doradas en México y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales”, expresó.
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En los congresos locales, la votación reflejó divisiones entre partidos. En Baja California Sur, la reforma se aprobó con 17 votos a favor y dos en contra; los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), Fabrizio Del Castillo y Guadalupe Saldaña, respectivamente, acusaron que el Plan B fue avalado con prisas. En Quintana Roo, la XVIII Legislatura aprobó la iniciativa con 20 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y PT, frente a cuatro en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El Congreso de Chiapas la sancionó con 32 votos a favor y 3 en contra.
Con el decreto en poder del Senado, el siguiente paso formal será la declaratoria constitucional en ese órgano y la posterior publicación en el DOF, trámite que dará vigencia plena a las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.
