La Cámara de Diputados realizó el 28 de abril de 2026 la declaratoria de reforma constitucional en materia de feminicidio, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que 27 congresos locales de todo el país otorgaran su aval al proyecto.
La reforma obtuvo la aprobación de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
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Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instruyó el turno de la reforma al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
La modificación recae sobre el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio. Con ello, se buscará establecer un tipo penal único a nivel nacional, homologar los criterios para acreditar las razones de género, y unificar agravantes, sanciones, estándares de investigación y protocolos de atención a víctimas.
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Según el texto de la reforma, la modificación constitucional “permitirá reducir la desigualdad en los criterios de investigación, estableciendo parámetros comunes que orienten la actuación de las autoridades en todo el territorio nacional”, lo que, a su vez, “contribuirá a fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal y a garantizar una respuesta institucional más coherente, uniforme y con perspectiva de género frente a la violencia feminicida”.
El artículo segundo transitorio de la reforma establece que el Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la nueva legislación general en la materia. Durante ese período, las disposiciones legales vigentes en los estados continuarán aplicándose.
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La iniciativa forma parte de una estrategia legislativa impulsada por Sheinbaum Pardo para homologar en el ámbito federal el tratamiento jurídico del feminicidio, delito que actualmente presenta disparidades significativas en su tipificación y sanción entre las distintas entidades federativas del país.
