Sexenio de AMLO socavó la independencia judicial, transparencia y Estado de derecho: HRW

La violencia criminal, falta de acceso a la justicia, reforma al Poder Judicial y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, desapariciones y asesinatos de buscadores, fueron analizados en el informe

La organización Human Rights Watch (HRW), calificó en su Informe Mundial 2026, como un proceso de retroceso democrático al sexenio del ex presidente morenista de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues éste socavó la independencia judicial, transparencia y Estado de derecho.

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Según el informe, la actual mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en ocupar la presidencia de la República mexicana, habría heredado “graves problemas de derechos humanos, incluida la violencia criminal extrema y graves abusos por parte de los militares”.

La postura de la organización se basa en varios hechos relevantes registrados en 2025, entre ellos, los asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en mayo; la detención del ex secretario de Seguridad de Tabasco en Paraguay, Hernández Bermúdez, en septiembre; y el homicidio del alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en noviembre.

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En acceso a la justicia, el veredicto fue que “la impunidad sigue siendo generalizada”, pues los fiscales resuelven, aproximadamente, sólo uno de cada 10 homicidios dolosos, además de que en muchos casos las pruebas obtenidas son alteradas, fabricadas o conseguidas mediante amenazas o tortura.

Aunado a ello, las fiscalías suelen carecen de investigadores cualificados, materiales y recursos básicos, para llevar a cabo su trabajo.

El informe también tomó en cuenta la reforma judicial propiciada por AMLO, para que los jueces estatales y federales, incluyendo los de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, fueran elegidos por elección popular, lo que “amenaza la independencia judicial en el país y no aborda los principales obstáculo s que enfrentan los mexicanos para acceder a la justicia”.

En el escrito la organización también analizó los abusos de los militares, los cuales han sido incluidos en tareas de seguridad pública y civil.

Entre los hechos más relevantes, la HRW tomó en cuenta que grupos de derechos humanos y medios de comunicación denunciaron varios casos de abuso, incluido el asesinato de dos niñas de 7 y 11 años en Sinaloa en mayo; mientras que en agosto, residentes de Cozumel incendiaron una guarnición militar por la violacion de una menor de 9 años cometida por un soldado.

Además de ello, salió a colación que expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmaron que en 2023, aún con AMLO en el poder, el ejército había obstruido la investigación sobre la desaparición no resuelta de los 43 estudiantes de Ayotzinapa registrada en 2014.

Pero el gobierno de Sheinbaum no fue diferente, durante su primer año de gobierno, el ejército continuó negándose a entregar documentos relevantes al nuevo fiscal especial designado para el caso en julio.

La corrupción de las corporaciones militares también se mencionó, haciendo alusión a que en septiembre el gobierno reconoció que existían vínculos corruptos entre la Marina y grupos criminales involucrados en el tráfico ilegal de diésel.

El contexto de la desaparición forzada también jugó un papel importante en el análisis de la organización, la cual determinó que “las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir responsabilidades a los responsables”.

Entre los casos mencionados en el informe, se encuentra el hallazgo del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en el que se encontraron más de 400 prendas de vestir y pares de zapatos, entre otras pertenencias, así como restos humanos carbonizados y lo que parecían ser varios hornos subterráneos, en el que se presume un organización criminal reclutaba, entrenaba y asentaba a sus víctimas, quienes eran personas desaparecidas.

Asimismo, se destacó que en 2025 ocho personas defensoras de derechos humanos, que buscaban a personas desaparecidas fueron asesinadas, lo que revela la inseguridad para ellas.

Finalmente, en acceso a la información, se hizo mención de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los usuarios de telefonía móvil proporcionen sus datos personales como INE, CURP y RFC -este último en el caso de personas morales-, “ley que otorga un poder prácticamente ilimitado para acceder a la información de los ciudadanos sin autorización judicial”.

Para revisar el informe completo de Human Rights Watch (HRW), visite: https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/mexico