México justifica que está trabajando en contra de la inseguridad y la violencia en su territorio, postura con la que previene la criminalidad en los Estados Unidos de América y pretende evitar una intervención armada norteamericana en contra de los cárteles del narcotráfico mexicanos. Entre los argumentos que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó –recientemente- se encuentra el de que, además de la reducción del 37 por ciento de homicidios dolosos y el aseguramiento de cientos de toneladas de drogas ilegales, “hay decenas de delincuentes extraditados”.
En efecto, entre extradiciones ajustadas a los tratados internacionales en la materia con diversos países y la entrega de otros criminales sin un sustento jurídico claro, México extraditó y expulsó a 130 delincuentes en 2025 en favor de los gobiernos de Estados Unidos (126), Hungría (2), Perú (1) y Canadá (1), en un año que marcó un récord histórico, independientemente del intercambio de presos. Tan sólo en 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de 76 personas extraditadas a diferentes naciones.
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Durante el año que recientemente terminó, fueron 75 las extradiciones legales que, engrosadas en dos traslados masivos de narcotraficantes, hicieron que los criminales ahora enjuiciados en otros países, principalmente en la Unión Americana, sumaran los 130. Primero el sorpresivo traslado del 27 de febrero de 2025, en el que fueron remitidos al vecino país del norte los capos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Antonio Oseguera Cervantes y los hermanos Miguel Ángel y Oscar Omar Treviño Morales, entre otros. Después, una nueva entrega material de 26 narcotraficantes el 12 de agosto del mismo año, encabezada por los narcos Abigael González Valencia, Servando Gómez Martínez y Pablo Edwin Huerta Nuño.
Con tales acciones y la llamada telefónica del lunes 12 de enero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la mandataria mexicana descarta una intervención militar como la que ocurrió en Venezuela a inicios de año para extraer al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Sheinbaum recalcó que hay cooperación y resultados en el combate contra el narcotráfico, aunque reconoció la insistencia de Trump en “ofrecerle ayuda” para combatir a los criminales, pero “le dijimos bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité”.
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EXTRADICIONES LEGALES
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Las extradiciones efectuadas mediante el marco legal de los tratados internacionales en la materia encontraron su máximo nivel en junio, cuando se realizó la entrega de 10 de los objetivos reclamados. En julio hubo nueve extradiciones; en enero, ocho; siete en los meses de marzo y octubre; en mayo y septiembre fueron seis; cinco en los meses de abril, agosto, noviembre y diciembre; mientras que en febrero sólo hubo dos casos. Del total de estas 75 personas que ahora son procesadas penalmente en otros países (71 en Estados Unidos), ocho son del sexo femenino, el resto varones.
Los cargos principales fueron homicidio en 20 casos; abusos sexuales (desde violación, hasta tocamientos a infantes), 18; delitos contra la salud, 17; lavado de dinero, cinco; asociación delictuosa, cuatro; tráfico de personas, tres; delincuencia organizada, dos; lenocinio, dos; y con un asunto cada uno, tentativa de homicidio, tráfico sexual, defraudación fiscal y explotación sexual. Cabe señalar que algunos de los extraditados contaban con imputaciones por varios delitos, pero la estadística se concentró en la conducta ilícita más grave.
Los lugares de destino donde se encuentran las cortes federales o cortes superiores locales a donde fueron enviadas las personas extraditadas fueron: 22 a California; Texas, 16; Arizona, seis; Distrito de Columbia, tres; Carolina del Sur, Washington, Florida, Nevada, Utah y Nueva York, dos; Carolina del Norte, Nuevo México, Ohio, Maryland, Illinois, Oregon, Colorado, Kentucky, Georgia, Idaho, Virginia y un lugar no especificado, con una cada estado americano. Dos personas fueron trasladadas en extradición a Hungría, otra a la provincia de Quebec, en Canadá, y una más a la República de Perú.
Entre las extradiciones más relevantes de 2025 se encuentra la de Octavio Leal Hernández, el Chapito Leal, quien fue entregado el 22 de enero a los Estados Unidos, pues el sujeto que fue líder y fundador de una organización criminal, responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana de México al país del norte, entre 2011 y 2020, es requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California, por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. El Chapito Leal fue entregado en el puente fronterizo que une a Tijuana, Baja California, con San Diego, California, a los agentes designados para su traslado final.
Otro “pez gordo” fue extraditado el 15 de julio siguiente. Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias el Meño, uno de los operadores más cercanos a Ismael “Mayo” Zambada, fue entregado a Estados Unidos tras casi nueve años de su detención en Culiacán, Sinaloa. La FGR informó que enfrentaría cargos por crimen organizado y tráfico de cocaína en una corte federal de Washington, D.C. Tanto el Meño como sus hermanos originarios de Sinaloa formaban parte de una célula que coordinaba el traslado de droga colombiana desde embarcaciones en aguas internacionales hasta su distribución en México y Estados Unidos.
El 20 de octubre de 2025 el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Carlos Érick Vázquez González, señalado como integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Carlos Érick, que fue detenido en mayo de este mismo año en Zapopan, acusado de operar transferencias bancarias para ocultar recursos del narcotráfico, era requerido en Kentucky por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Su entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.
LOS EXPULSADOS
Los principales personajes del narcotráfico mexicano, unos que durante años estuvieron presos en espera de terminar sus procedimientos para ser o no extraditados, y otros detenidos recientemente, fueron sorprendidos por acciones del Estado mexicano, que muchos especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público consideraron fuera de todo marco legal, pero para el caso fueron trasladados 55 de ellos en dos movimientos a los Estados Unidos.
El primero de los traslados ocurrió el jueves 27 de febrero de 2025, cuando el narcotraficante Rafael Caro Quintero y otros 28 criminales de alto rango en el crimen organizado de México fueron reunidos en las inmediaciones del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para ser subidos a un avión y trasladarlos a suelo americano, para de ahí ser repartidos a diversos estados, acusados de delitos graves. Entre los remitidos iban los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42; Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy; y Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la noticia y justificó la acción al referir que “el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de los Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”. Con esos elementos, y considerando las actividades a las que se dedicaban estos delincuentes, se coordinó a tres mil elementos de las Fuerzas Armadas para operar los traslados.
El entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que no se trataba de extradiciones y que la entrega estaba prevista en la Ley Nacional de Seguridad, aunque realmente el caso no encuadraba en la misma. El exfiscal aseguró que así se daba respuesta a los reclamos del gobierno estadounidense ante la problemática del tráfico de fentanilo. “Aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo. Eso sí quedó clarísimo. Hay una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga y sobre todo, el esfuerzo del Gobierno de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales”. Eran días de amagos de Donald Trump con la imposición de nuevos aranceles.
Nuevamente, tras una reunión de alto nivel entre funcionarios de ambos países y la presión arancelaria, el 12 de agosto de 2025, el gobierno mexicano realizó la entrega masiva de 26 personas vinculadas con el narcotráfico a Estados Unidos, bajo el mismo script que el anterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte. La identidad de los reos entregados se reveló hasta el día siguiente y entre ellos iban líderes, fundadores, operadores financieros y gente ligada al Cártel de Sinaloa de las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, CJNG, Los Zetas, Cártel Arellano Félix, Caballeros Templarios y Cártel de Caborca, entre otros.
Claudia Sheinbaum defendió la nueva acción al asegurar que “la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas; no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Tampoco tiene que ver con el Acuerdo de Seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación”. A finales de 2025, Sheinbaum descartó un nuevo envío masivo de capos mexicanos a la Unión Americana.
