Funcionario público, declaración pública

Aspirantes a cargos públicos obligados a transparentar su evolución financiera, sin excusarse en la inseguridad

Si quieren, buscan y compiten por un cargo público, con un sueldo generoso, en el cual administran o administrarán recursos del erario provenientes de los impuestos ciudadanos, a lo mínimo que está obligados los funcionarios es a transparentar su evolución financiera.

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Las tentaciones y oportunidades de incrementar sus bienes, favorecer a sus amigos, familiares y patrocinadores, con información privilegiada y contratos son millonarias, las tienen a diario. Y durante décadas, los mexicanos han sido testigos de cómo los grupos de poder de absolutamente todos los partidos se han enriquecido.

Ingresan a los gobiernos como humildes servidores de la nación, autoproclamados como gente que se hizo en la cultura del trabajo, y de un momento a otro salen a la calle usando ropa y accesorios de diseñador; también presumen en redes sociales viajes ostentosos, o su vida en casas incompatibles con su poder adquisitivo.

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Y otros casos que se prestan a suspicacias, como la reciente detención y deportación de la diputada Alejandra María Ang Hernández, legisladora de Morena en Baja California, quien fue retenida en la Garita de Calexico intentando cruzar a Estados Unidos con 850 mil pesos cuidadosamente guardados bajo capas de ropa en la cajuela, dinero que la legisladora dijo “se le olvidó” que traía y está relacionado con la compra-venta de un auto. Imposible no preguntarse: ¿cuánto dinero está acostumbrada a traer encima la funcionaria, como para olvidar 40 mil dólares en la cajuela?

La necesidad de transparencia es evidente, y los grupos ciudadanos organizados bajacalifornianos están en tiempo y en posición de aprovechar el momento político que se está viviendo.

Sin respetar los tiempos marcados por las Leyes, la realidad es que, los políticos, los aspirantes -principalmente de Morena- a los altos cargos públicos de Gobierno en Baja California se están adelantando, midiendo las consecuencias y buscando cómo sacarle la vuelta a una posible denuncia, mientras los partidos de oposición amenazan con acusarlos ante la autoridad.

En octubre del 2025, el Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) informó que “de cara al proceso electoral 2027, designó una presidencia – Chiapas- y 27 consejerías electorales en OPL de 14 entidades”, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

El proceso será el año siguiente, pero varios empezaron asomar la cabeza desde el pasado 2025. Algunos, pagando o exhibiendo anuncios espectaculares o promocionando públicamente reuniones masivas y estratégicas en festejos de cumpleaños; y otros que ya son funcionarios, pero buscan la reelección, andan recorriendo mercados sobre ruedas u organizándose actos públicos que terminan en rebuscados informes en los que auto alaban su trabajo.

También hubo hechos, como la citación que hizo el 29 de octubre la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño y al empresario Fernando Salgado, uno de los patrocinadores más importante de su campaña, tras una denuncia “anónima”.

En ambos casos, les solicitaron presentarse el 18 de noviembre, “… a fin de recabarle su entrevista en calidad de imputado”.

Al respecto, el alcalde declaró a ZETA: “Una carpeta donde se presume que hay más de 20 personas, y que se filtran documentos, pues el mensaje es muy claro; es mediático y es político”, mientras integrantes de su equipo cercano argumentaron, que se trataba de una estrategia de sus futuros contrincantes en la precandidatura de Morena a la Gubernatura de Baja California.

En este contexto investigaciones y luchas internas, la sociedad organizada puede presentarles a esos aspirantes la oportunidad de participar en un proyecto de transparencia y anticorrupción, que los candidatos y gobiernos de Morena han evadido la publicación, exhibición pública y análisis, de sus declaraciones patrimoniales.

Legamente, existe la obligación anual de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de funcionarios en México a través del sistema DeclaraNet, incluyendo una versión pública, con datos generales, limitados que imposibilita en análisis.

Pero cada servidor puede decidir si esa información se hace pública o no, y la mayoría los morenistas la han ocultado argumentando el tema de la inseguridad. Lo han hecho incluso funcionarios públicos a los que el presupuesto les paga escoltas, pero igual se manifiestan temerosos, a pesar que, desde siempre, los delincuentes mexicanos han conocido el nivel de vida de los políticos mexicanos, y usualmente, los delitos cometidos en contra, no han sido relacionados son su patrimonio.

Ahora toca de nuevo a las asociaciones, cámaras y grupos organizados impulsar la transparencia; recordarles a los políticos que, si aspiran a un puesto público, están obligados a la rendición de cuentas. Si son herederos, si de verdad viven de sus sueldos y sigue las normas, entonces no tendrán dificultad en acreditar el origen lícito de dichos recursos; y si se niegan, será un punto para analizar, al momento de que los bajacalifornianos decidan si pueden o no confiar en ellos y darles su voto.