El morenismo de Baja California vuelve a sufrir un tremendo revés que cuestiona su narrativa contra la corrupción que los llevó al poder en 2018, y nuevamente el golpe proviene del Gobierno de los Estados Unidos, pero esta vez no como un impacto con tintes políticos o de combate al narcotráfico, sino de lo que la propia diputada Alejandra María Ang Hernández ha calificado como una omisión o un error, al intentar cruzar poco más de 800 mil pesos que llevaba entre sus pertenencias al momento de internarse a los Estados Unidos.
La tarde del lunes 5 de enero se le vino la noche -también en sentido literal- a la legisladora morenista dentro de las instalaciones del punto de revisión de los Estados Unidos conocido como garita Nueva, en Mexicali, cuando al ser cuestionada por el funcionario de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) sobre si tenía alguna pertenencia para declarar, la legisladora dijo que no. Acto seguido la invitó a descender una de las ventanas.
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Dado que dentro de su camioneta GMC Trucks, de la marca Yukon, modelo 2016, importado, color blanco, de cuatro puertas, con placas de circulación C35NVY3 fronterizas de Baja California, el funcionario aduanal estadounidense detectó que la morenista llevaba abundantes pertenencias, le ordenó que se trasladara a segunda revisión. Una bolsa colocada en uno de los asientos fue la que levantó sospechas del aduanal, por lo que cuando acudió a la inspección profunda no tuvieron mayor problema en identificar el objetivo, que contenía billetes.
La legisladora se identificó y dijo que había sido un error, pero, aun así, los agentes federales revisaron el automóvil con mayor profundidad y encontraron una segunda bolsa que escondía más dinero. En total se encontraron 600 mil pesos en una y 200 mil más en otra, dando un total de 800 mil pesos y algo más, que llevaba consigo, por lo que se inició un procedimiento para cuestionar y esclarecer el origen del efectivo en moneda mexicana.
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Luego de alrededor de cuatro horas, Ang Hernández logró salir de las instalaciones aduanales, el Gobierno de Estados Unidos le devolvió su visa y le notificó vía verbal que en un periodo de 30 días le llegaría una notificación para entregar los documentos que demuestren el origen del efectivo. Esto con el objetivo de que le sea devuelto el dinero, salvo por una retención derivada de la sanción administrativa.
Contrario a lo que se ha vertido en medios de comunicación, la legisladora mantiene su visa de turista, pero según especialistas, esto puede cambiar dependiendo de la forma en que maneje el caso.
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En un escueto comunicado enviado por los canales oficiales de comunicación del Poder Legislativo, la legisladora morenista externó lo siguiente:
“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo”.
“Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”.
“Quiero ser absolutamente clara: Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”.
“Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados”.
“Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”.
“Agradezco a quienes han preguntado con responsabilidad. Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia”.
SAT, UIF Y FGR PUEDEN INICIAR INVESTIGACIÓN: ABOGADOS
Aunque algunos actores políticos osaron en decir que no era propiamente un delito lo ocurrido, la realidad es que la ley aduanera sí establece sanciones por sacar dinero del país sin realizar la declaración correspondiente, por lo que tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) podrían unirse a la petición de cuentas para esclarecer el origen del dinero. Esto, con motivo del combate impulsado con la legislación anti lavado de dinero.
Tanto la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionaron en que la diputada del Distrito III de Mexicali debe esclarecer el origen del dinero, pero la mandataria federal agregó un breve mensaje a la sociedad.
“Que se comporten como debe ser, primero; lo he dicho muchas veces, lo mantengo lo sostengo, y no sólo a los que pertenecen a nuestro movimiento: el poder es humildad”.
Esto se vuelve discordante con la postura que tuvo la bancada morenista del Poder Legislativo de Baja California, quienes salieron a respaldar a su compañera, sin profundizar en la situación.
ZETA entrevistó a representantes de dos firmas de abogados con especialistas en materia fiscal y ambos coincidieron en que autoridades federales mexicanas podrían solicitar información e iniciar investigaciones, debido a que ese dinero -que además es una cantidad importante- salió del país.
“Yo lo construiría desde la ley aduanera. El artículo 9 te dice que toda persona que ingresa a territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, que pudieran ascender hasta los 10 mil dólares, pues ya si no lo declara ya incurre en una omisión conforme al artículo 184 y 185”, refirió el jurista Guillermo Rivera, del despacho De la Peña Rivera, cuyo abogado fiscalista llevó a cabo un análisis al respecto.
Para ser concreto, el artículo 184 de la Ley Aduanera dice lo siguiente en torno a las sanciones en caso de omisión:
“Omitan declarar en la aduana de entrada al país o en la de salida, que llevan consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América”.
El abogado Fernando Juárez Aguilar, de la firma Alfis Consultores SC, aseguró que ya con el simple hecho de haber cruzado la frontera, y por las cantidades, el SAT podría emitirle sanciones directas a la legisladora.
“Si no lo declaramos y si llevamos más de los 10 mil dólares que establece la ley, ya hay una sanción del 20 al 40 por ciento del excedente que traigamos en ese momento; y el Código Fiscal en el apartado de los delitos como un equiparable al contrabando señala que si tenemos más de 30 mil dólares, que al hacer la conversión, si da un monto que lo excede, ahí ya se está dando un delito de contrabando adicional de la infracción correspondiente”, refiere el jurista, quien agregó que por exceder este segundo punto se estaría hablando que la Fiscalía General de la República (FGR) puede tomar el caso, dado que se trata de un hecho notorio y expuesto en medios de comunicación.
Ambos abogados coincidieron en que la investigación debe ampliarse a su esposo, el regidor morenista César Castro Ponce, quien además es presidente del Consejo Político de Morena, cuyos ingresos, además de los de Ang Hernández, son públicos debido a que perciben salarios provenientes del presupuesto estatal.
A consideración de Juárez Aguilar, dado que ambos funcionarios perciben sueldos importantes, bastaría un año o dos de declaraciones anuales de ambos para demostrar la procedencia de ese dinero, acompañado de información de cuentas bancarias y comprobantes de retiro de esos montos. Sin embargo, recordó que el artículo 32 de la Ley Federal para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su fracción séptima, impide realizar transacciones financieras que superen los 363 mil pesos en efectivo, por lo que tendrán que esclarecer también esos detalles de la venta del automóvil que dicen haber realizado.
Guillermo Rivera consideró que, ante la incertidumbre del origen del recurso, el Congreso del Estado, lejos de mostrar respaldo político, debería iniciar una investigación en la Contraloría Interna del Poder Legislativo, para conocer sí ese dinero no tiene origen en recurso público.
Y es que hay que recordar que el salario de los diputados en Baja California asciende -ya con impuestos- a 64 mil pesos, a lo que se le agregan los 150 mil pesos del manejo de la comisión y casi 300 mil pesos mensuales de apoyo social, entre otras aportaciones. En el entendido de que la legisladora sólo tiene el Congreso como su único ingreso, tendría que iniciar una investigación de oficio.
En el mimo sentido se encuentra la Sindicatura Municipal de Mexicali, a cargo de Óscar Vega Marín, dado que el sueldo de 45 mil pesos de César Castro Ponce, más los 80 mil pesos de apoyo de comisión, podrían ser el origen de ese dinero.
ZETA solicitó una opinión sobre esto a la Sindicatura Municipal, y a través de su mismo titular informaron que es un tema que están analizando. Sin embargo, comentó que Castro Ponce tiene todas sus declaraciones en regla.
“Pues la implicación es que si también es de su esposo, no va a poder comprobarlo por ella misma. A lo mejor no le van a dar las cuentas en sus ingresos, en su dinero. Entonces, lo mejor, sí sería, para comprobar la licitud de ese dinero, (decir): ‘Los dos traemos nuestra documentación, somos transparentes en la medida de lo posible y pues damos una solución al problema’. Si es lícito el dinero, pues yo creo considero que va a ser fácil comprobarlo”, refirió Juárez Aguilar.
Cabe señalar que tanto Alejandra Ang Hernández como su esposo, César Castro Ponce, entran en el escenario de los “homeless” del gobierno, dado que según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) carecen de información sobre propiedades (no cuentan con bienes). Sin embargo, al revisar el registro del vehículo de la diputada se pudo constatar que arroja un domicilio marcado con el número 273 de la avenida Calle F. Norte, en la colonia Bella Vista, que es propiedad de su madre, María Esther Hernández Morelos. Aunque ZETA acudió a inspeccionar la zona, no pudo encontrar dicha camioneta.
La madre de Ang Hernández cuenta con otra propiedad adquirida a bajo costo en la colonia Lázaro Cárdenas. De tener viviendas en comunidades populares, la madre de Ang Hernández adquirió en 2019 una propiedad ubicada en el fraccionamiento Hega -cerca de la Zona Dorada-, con una superficie de 180 metros cuadrados y clave catastral HF-010-011, por un monto de 324 mil pesos, a un individuo de nombre José Manuel Arana Galicia, quien fue representado por Miguel Ignacio Hernández Morelos (perito valuador y tío de Alejandra Ang).
Esa misma propiedad fue vendida en 2021 -es decir, dos años después- a una mujer de nombre Verónica López Varela, a un monto de dos millones 250 mil pesos. Es decir, hubo un incremento desproporcionado en el valor de la propiedad, según consta en los documentos del RPPC.
PAN, MC Y PRI EXIGEN QUE DIPUTADA PIDA LICENCIA
Las tres fuerzas políticas de oposición de Baja California mostraron posicionamientos políticos tras darse a conocer el caso y mientras el PRI, a través de su líder, Álvaro Aldrete y su abogado, Joel Abraham Blas, anunciaron acciones legales contra la legisladora; el PAN y Movimiento Ciudadano, se limitaron a solicitar que la legisladora abandone la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, que ella preside.
Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, reclamó que Ang no podía estar al frente del ente encargado de la investigación del manejo del recurso público cuando tiene que esclarecer el egreso de 800 mil pesos del país. En un sentido similar se encuentra el PAN, quien, a través de la dirigente estatal, Lizbeth Mata Lozano, y los diputados Diego Echevarría y Alejandrina Corral, solicitaron la separación de la legisladora del cargo, y en determinado momento, la posible solicitud de licencia, en tanto esclarece el hecho.
El PRI fue más allá, y a través de un comunicado de prensa consideraron que era importante emprender acciones legales ante autoridades federales para que sean ellas las encargadas de analizar sí existe un posible uso de recursos de procedencia ilícita.
ZETA solicitó una entrevista con la diputada Alejandra Ang Hernández, de manera directa, pero ella decidió no responder. La morenista, quien arrastra consigo el robo de tres millones de pesos de la Dirección de Desarrollo Social Municipal mediante transferencias bancarias, cuando ella fue titular de la dependencia durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ahora enfrenta un nuevo señalamiento relacionado con el manejo de dinero.
Se une además a la lista de nueve políticos morenistas implicados en conflictos con autoridades estadounidenses, que van desde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya visa fue revocada el 10 de mayo del 2025; su expareja y excuñado, Carlos y Luis Torres Torres; el diputado morenista Jaime Eduardo Cantón Rocha, el 8 de abril del 2025; la diputada federal, Araceli Brown Figueredo; el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino; la alcaldesa Norma Alicia Bustamante y su esposo Luis Guerrero (extitular de COEPRA); y ahora Alejandra Ang, quien si bien no sufrió la revocación de su visa, sí se le cuestiona la procedencia de 800 mil pesos que intentó ingresar a Estados Unidos sin declarar.
