Sigue creciendo el debate de forma muy alarmante de cómo los delitos sexuales han ido ganando una importancia mayúscula dentro de las conversaciones en todos los ámbitos en los últimos años. Cabe mencionar que hasta hace unos años este tópico se limitaba a la violencia llamada intrafamiliar y quizá algún otro hecho cometido en los espacios públicos; sin embargo, hoy existe una conciencia cada vez mayor y que tiene un énfasis muy especial y dramático en cuanto al acoso y a los abusos sexuales que se suscitan en las relaciones laborales. Reflexionemos: en los comercios, en las fábricas, en las oficinas (ya sean privadas o públicas), y en las universidades (ya sean públicas o privadas), no hay ninguna institución que escape a hacer escenario de relaciones de subordinación jerárquica, en donde intervienen muy especialmente la dependencia económica, en donde ha ido creciendo y fortaleciéndose de manera muy peligrosa la cultura del silencio mediante la cual se permiten y se fomentan la comisión de los delitos de índole sexual, en donde el superior jerárquico generalmente tiene el carácter de abusador, pero en donde existe una esfera que protege a los sujetos activos de este delito para que se eviten las denuncias penales en su contra y en caso extremo de que esto suceda, cómo establecer una atmósfera en donde la voz y el reclamo del sujeto pasivo -hombre o mujer- se diluya ante el poderío del superior jerárquico, cualquiera que sea la trinchera que éste ocupe: el jefe, el sacerdote, el maestro, el líder sindical, etc.
El derecho penal enfrenta una problemática muy difícil de poder ser superada para que las normas del derecho puedan tener vigencia y aplicación en el ámbito ministerial o jurisdiccional. ¿Qué papel juegan las empresas en este sentido? Defender siempre al accionista, al patrón, al maestro, más si forma parte alguna del significativo sindicato de docentes que existen en nuestro país. ¿Quizá el derecho penal pueda encontrar una ruta eficaz para sancionar estas graves conductas de quienes abusan del papel que desempeñan como superiores, en la empresa, el sindicato, las escuelas? etc.
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¿Existe un sistema de justicia que sea eficaz a nivel fiscalía o en la esfera de los jueces de control para atender a las víctimas sin que se provoque en ellas una revictimización?
Puedo afirmar, sin equivocación, al menos eso sostengo, que hay un problema que no se ha atendido de manera eficaz y adecuada y que es un ámbito de subestimación en relación a las víctimas. En la realidad diaria, esto es en la práctica, una gran parte de los abusos sexuales tiene lugar en los espacios del trabajo. Cuando existe una queja por parte de una trabajadora hacia un jefe, generalmente el jefe de departamento, el gerente de recursos humanos de manera casi generalizada tiende a decir que todo se trata de interpretaciones equivocadas, que ha sucedido algún mal entendido; quien contó quizá un chiste pesado no valoró la sensibilidad, la educación y la ética de los demás, generalmente las mujeres y hasta puede haber expresiones después de presentada la queja como: “carajo, ni que en su casa nunca hubiera escuchado groserías”, o que quizá se queje por un ambiente inadecuado porque se utilizan con exceso y abuso palabras soeces y el ambiente es “tóxico”.
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Sin embargo, lo que no se analiza en la mayoría de los casos es que estas conductas sí son penalmente significativas. La experiencia que tuve a lo largo de más de dieciséis años laborando en la fiscalía me permite afirmar que el delito de acoso sexual que aparece en la mayoría de los Códigos Penales de todos los Estados, es uno de los más denunciados, pero extrañamente uno de los menos judicializados. Generalmente en las carpetas de investigación habrá acuerdos de reserva por una falta de elementos para judicializar y al tener conocimiento de esta resolución las víctimas se desmoralizan, pues les costó mucho trabajo valorar si se podía denunciar a un superior jerárquico de ellas de la empresa en que laboran, o al maestro que como mencionamos en los párrafos que anteceden, tiene una larga trayectoria de activismo sindical.
Este tipo de resoluciones desalientan gravemente a las víctimas, representa una falta de sensibilidad, quizá una incapacidad de las fiscalías para investigar estos delitos en donde la violencia física prácticamente no está presente, pero el daño psicológico es muy grave y profundo.
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Benigno Licea González, es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
