Como lo marca la reforma con la que la XVII Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), el pleno del Consejo General del organismo autónomo celebró su última sesión antes de cerrar sus puertas definitivamente el 31 de diciembre de este año.
La comisionada presidenta del ITAI en Baja California Sur, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, reconoció públicamente la labor de los trabajadores de la instancia, que permitieron avances en materia de transparencia para la población.
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Entre los datos que expuso en la última sesión, hizo hincapié pasaron de tres mil 309 solicitudes de información a cuatro mil 594, esto entre 2016 y 2025, lo que representa un incremento de casi el 39 por ciento en un plazo de nueve años.
Por otra parte, explicó que a partir del 2026, todo el modelo de la transparencia va a ser precisamente supeditado a los depositarios clásicos del poder, como será en este caso la Contraloría del Estado.
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“Ahora ya no se van a llamar órganos garantes, ahora son autoridades garantes. Pero, procedimentalmente, es lo mismo”, dijo.
“La diferencia es que si antes había un órgano autónomo que llevaba los recursos de revisión, ahora va a ser la misma autoridad, la que va a resolver los recursos de revisión de la Contraloría, es decir, a los órganos internos de control, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, comentó.
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Aunque el cierre definitivo es el 31 de diciembre, la comisionada presidenta aclaró que ya han suspendido los plazos de los recursos de revisión.
Cabe recordar, que el 20 diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional que mandata la extinción de los órganos garantes de transparencia en México.
Sin embargo, fue hasta julio de este año cuando las y los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde y Nueva Alianza armonizaron esta reforma en Baja California Sur, dando paso a la desaparición del ITAI en el estado.
En noviembre de este año, la XVII Legislatura también aprobó la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo, que estará bajo el mando de la Contraloría del Estado, esto a pesar de los llamados de la sociedad civil, para crear una procuraduría autónoma que garantice la protección de datos personales y el acceso a la información.
