Apenas asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), y Ernestina Godoy Ramos ya enfrenta la cruda realidad de una institución paralizada, cuyos desafíos más apremiantes exigen atención inmediata para evitar que el rezago operativo termine por socavar el Estado de derecho en el país. La nueva fiscal debe demostrar que su promesa de no fabricar culpables ni ejercer persecución política es compatible con la meta más ambiciosa: garantizar que tampoco habrá impunidad.
Los pendientes que hereda la FGR son un enorme desafío, pues en sus escritorios, Godoy tiene la responsabilidad de gestionar más de 50 mil casos pendientes que le dejó su antecesor, Alejandro Gertz Manero, cuya parsimonia pareció estancar la función del Ministerio Público. Este volumen de trabajo exige no sólo una reorganización interna de la fiscalía, sino la implementación de estrategias efectivas para agilizar las investigaciones, ya que la gestión del rezago es un reto clave para su administración.
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Pero el compromiso no es únicamente numérico, puesto que la sociedad mexicana demanda el abatimiento de la impunidad, lo que implica asegurar una procuración de justicia que sea eficaz y que contribuya directamente a combatir la inseguridad a nivel nacional. Para conseguirlo, la nueva fiscal tiene que consolidar dos frentes de acción: el combate a la corrupción interna y la recuperación de la confianza ciudadana, demostrando que la fiscalía es autónoma y no un apéndice de la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, y del partido Morena.
Desde luego que su elección en el Senado -el 3 de diciembre último- no fue ninguna sorpresa para la oposición y la opinión pública, después de las señales de su arribo a un fugaz interinato en lugar del depuesto Gertz y al haber efectuado tres cambios importantes de funcionarios dentro de la FGR cuando apenas se realizaba el proceso para convocar y descartar a los candidatos al cargo, situación que fue muy criticada. Consideran los opositores que la salida “disfrazada” del exfiscal a cambio de una embajada en un “país amigo”, no fue un mero movimiento administrativo, sino una cesión de poder que consolidó el control absoluto de la Presidencia de Sheinbaum sobre la procuración de justicia.
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Los críticos señalan que la esperada designación de Godoy, cuya estrecha relación personal y política con la Presidenta le ha valido el mote de la nueva “Fiscala Carnala”, garantiza el sometimiento de la FGR a los intereses del Gobierno Federal. Esta jugada política, ejecutada en un proceso exprés, asegura una garantía de protección y blindaje sobre los casos polémicos y sensibles de la Cuarta Transformación (4T), como las investigaciones contra expresidentes, los cuales la propia Sheinbaum ha dicho que “no deben ser prioridad”.
La oposición, visiblemente airada, denunció que este relevo es la continuidad de la destrucción de las instituciones, advirtiendo que la Fiscalía será usada como un “mecanismo para perseguir periodistas, opositores o activistas. La Presidencia, por su parte, defendió la necesidad de una transformación que haga a la Fiscalía más transparente y enfocada en el combate al huachicoleo fiscal y los delitos de cuello blanco. Sin embargo, el consenso entre los observadores políticos es claro: el precio de la salida de Gertz fue la entrega de la autonomía judicial al Ejecutivo.
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PANORAMA GENERAL
El proceso que llevó a Ernestina Godoy a la titularidad de la FGR se desarrolló en menos de una semana, con una velocidad que la oposición tachó de maniobra coordinada. Todo inició con la forzada renuncia de Alejandro Gertz Manero el jueves 27 de noviembre de 2025. El paso clave ocurrió justo antes de que el exfiscal formalizara su dimisión, al designar a Godoy -quien en ese momento era consejera jurídica de la Presidencia en el gabinete de Sheinbaum- como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Según la Ley de la FGR, esta posición le permitió asumir inmediatamente la conducción interina de la dependencia como encargada de despacho tras la salida de Gertz.
Con Godoy ya en el escritorio, el Senado activó un proceso exprés para elegir al relevo permanente, abriendo la convocatoria pública el viernes 28 de noviembre y cerró el registro el domingo 30 de noviembre. Un total de 43 personas se inscribieron, incluyendo a Ernestina Godoy, el exministro Arturo Zaldívar (mencionado como posible reemplazo inicialmente), Ricardo Peralta, y Richard Urbina. El lunes 1 de diciembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado verificó expedientes y seleccionó a los diez perfiles finalistas, una lista paritaria de cinco mujeres y cinco hombres. La lista incluyó a Ernestina Godoy.
Senadores del PRI criticaron que esta lista ya venía “elaborada” y que incluía “paleros de Morena”. El senador panista Ricardo Anaya advirtió que Morena tenía los votos necesarios para “poner, literalmente, a quien se les pegue la gana”. El martes 2 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó la lista de diez candidatos, con el respaldo de la mayoría calificada de Morena, PT y Verde Ecologista y esta lista fue remitida a la presidenta Sheinbaum, quien argumentando que “es tiempo de mujeres”, seleccionó una terna exclusivamente femenina que envió al Senado el día 3. Las integrantes fueron: Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.
El nombramiento de Godoy se consideraba un hecho en los círculos políticos desde el momento en que se configuró la terna. El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que Godoy era la favorita del oficialismo, señalando que ella reunía la condición adicional de ser parte del gobierno y haber hecho “mancuerna en la tarea de seguridad, con buenos resultados en la Ciudad de México”. Por su parte, desde antes de que se consumara el nombramiento, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, intentó condicionar su apoyo a que ella aceptara cumplir un decálogo por la autonomía y contra el uso faccioso de la justicia.
LA CAÍDA DE GERTZ
La salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR el 27 de noviembre de 2025 se desarrolló en un clima de alta tensión e incertidumbre política. A diferencia de un retiro por jubilación o enfermedad, su renuncia fue vista por la oposición como un acto de coacción y control político. La sesión extraordinaria del Senado fue adelantada de las 11:00 a las 10:00 horas, desatando inmediatamente las especulaciones sobre la renuncia del fiscal. Aunque la agenda oficial mencionaba la designación de un magistrado, la falta de una comparecencia previa necesaria alimentó la versión de que el tema real era la FGR.
A pesar de que la Constitución detalla el procedimiento de remoción, ninguna autoridad confirmó su salida hasta la tarde. La Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque reconoció haber recibido un documento del Senado, sólo reiteró que daría detalles al día siguiente, pero aprovechó para elogiar el trabajo de Gertz como positivo, al tiempo que marcaba la necesidad de una coordinación más sólida entre fiscalías estatales y la dependencia.
La confirmación llegó a las 18:05 horas de esa fecha: Alejandro Gertz Manero había presentado su renuncia a la FGR. En su carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, el fiscal reveló la naturaleza de su partid. La Presidenta Sheinbaum lo había propuesto para ocupar una embajada, lo que le permitiría “continuar sirviendo al país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco”. El Senado, con la mayoría oficialista, aprobó rápidamente la dimisión.
Al día siguiente, la Presidenta Sheinbaum clarificó el pacto: “Le ofrecí una embajada y decidió aceptarla”. Señaló que el destino diplomático se mantendría en secreto hasta que el país anfitrión aceptara sus credenciales. Este premio de consolación, que termina un ciclo, fue el precio pagado por el Ejecutivo para asegurar la transición de poder en la Fiscalía. La renuncia de Gertz Manero cerró una gestión de casi siete años, que fue calificada por críticos como “mediocre, mañosa y sin resultados”. Su periodo en la FGR, que comenzó con la promesa de transformar la justicia, se caracterizó por una preocupante inoperatividad en casos de alto impacto y por el uso del aparato institucional para librar batallas de índole personal.
La FGR, bajo su mando, mostró una incapacidad manifiesta para resolver o avanzar significativamente en los expedientes de mayor relevancia nacional. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los casos más sensibles para la justicia mexicana, quedó con avances limitados y sin resoluciones contundentes. No se consiguieron resultados significativos ni condenas firmes en importantes casos de corrupción de administraciones anteriores, como la llamada Estafa Maestra. Y en el caso Odebrecht, tampoco hubo resultados, en un proceso que incluyó graves acusaciones de tortura contra algunos acusados.
Además, la FGR fue criticada por su manejo en otros casos mediáticos, como el de Israel Vallarta y Hugo Alberto Wallace, los cuales enfrentaron serios cuestionamientos sobre el debido proceso. La falta de rendición de cuentas y la opacidad fueron señaladas por organizaciones civiles como México Evalúa. Y el mayor escándalo que mayor descrédito ocasionó al exfiscal fue el uso del cargo para resolver disputas familiares, al impulsar personalmente una denuncia por homicidio contra su cuñada, Laura Morán, y su sobrina política, Alejandra Cuevas, por la muerte de su hermano Federico.
Este caso culminó en una derrota judicial humillante cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. La SCJN determinó que la figura legal usada para acusarla era inexistente y que no había pruebas suficientes para sostener la imputación, evidenciando un uso faccioso del aparato de justicia federal. A las fallas institucionales se sumaron acusaciones directas contra el fiscal, pues fue denunciado penalmente por tortura por Carlos Treviño, uno de los acusados en el caso Odebrecht. Enfrentó acusaciones públicas de extorsión y corrupción. Surgieron acusaciones de plagio académico en su trabajo. Y al final de su mandato, las tensiones con otros poderes, incluyendo la SCJN y la CNDH, y sus ausencias por problemas de salud, terminaron de dibujar un panorama de incertidumbre y disfuncionalidad.
BLINDAJE DE LA 4T
Tan pronto fue designada jefa encargada de despacho en la FGR y Ernestina Godoy Ramos el 29 de noviembre realizó tres relevos en áreas estratégicas de investigación y administración para formar un equipo lo más allegado a ella. Héctor Elizalde Mora fue designado como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en sustitución de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez. Por su parte, César Oliveiros Aparicio asumió la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en lugar de Alfredo Higuera Bernal; mientras que Laura Ángeles Gómez fue nombrada en la Oficialía Mayor.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, celebró el cambio, afirmando que fortalecerá la coordinación en seguridad. Sheinbaum, por su parte, ha dejado claro que la nueva Fiscalía debe enfocarse en una transformación que haga hincapié en delitos que afectan al erario, como el combate al huachicoleo fiscal, las factureras y el contrabando de combustible.
Sin embargo, para los críticos, el objetivo principal es asegurar la impunidad del círculo gobernante. El nombramiento de Godoy por nueve años, excediendo incluso el mandato presidencial, se interpreta como el blindaje definitivo para los casos sensibles de la 4T, entre otros, los señalamientos al senador morenista Adán Augusto López Hernández por sus posibles vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, y el reciente ejercicio de la acción penal en contra del dueño de los derechos del certamen Miss Universo, el tabasqueño Raúl Rocha Cantú, en negocios que implican a Petróleos Mexicanos (Pemex).
