Esta semana, mientras el país se enteraba que el capitán Alejandro Torres Joaquín había confesado en mayo, ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que siendo director de la aduana tampiqueña permitió el ingreso ilegal de combustible y sus palabras expusieron una red de corrupción entre personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico y la Secretaría de Marina, resultó imposible dejar de pensar en lo que sucede en el resto de los puertos.
1.7 millones de pesos por cada uno de los 14 buques, declaró Torres que recibió de su superior, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna –y su hermano el contraalmirante Fernando Farias–, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda en la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien en el año 2020 entregó los puertos y las aduanas a la Marina, bajo el argumento –ahora resulta irónico– de acabar con la corrupción.
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El capitán confeso, explicó que el dinero era para repartir entre 12 personas, pero él decidió hacerlo sólo entre seis y quedarse con la mayoría de los 40.8 millones de pesos recibidos, por eso cuando decidió por su seguridad convertirse en testigo protegido, pudo entregar a la FGR 24 millones de pesos.
Localmente, para los bajacalifornianos, resulta imposible no estar particularmente interesados en lo que está ocurriendo con el huachicol en el puerto de Ensenada, cuánto han recibido y quiénes son los personajes corruptos involucrados que hasta el día de hoy permanecen impunes.
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Recordemos que en marzo de 2025 se realizaron dos operativos: uno en el mencionado puerto de Tampico, Tamaulipas, donde aseguraron 10 millones de litros de combustibles, el hilo que dio origen a la detención de Torres Joaquín; y otros dos capitanes del puerto tampiqueño, el que operaba como subdirector de Operaciones y el subdirector de Vigilancia y Control; así como la exjefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana, la jefa de Departamento y Operaciones y dos verificadores.
Además del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, su hermano Fernando y tres empresarios, 15 detenidos hasta el 7 de septiembre, en operativos realizado en ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, fue lo que anunció en conferencia de prensa Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, momento que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se apresuró para exculpar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda, asegurando que fue éste quien había denunciado dos años atrás la existencia de “problemas” en la SEMAR, lo que había originado la investigación.
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El segundo operativo del gobierno federal contra el huachicol del pasado mes de marzo se ejecutó el día 26 en Ensenada, la tarde de ese miércoles personal de la delegación en Baja California de la FGR incautó más de ocho millones de litros de hidrocarburos en un predio ubicado sobre el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, en la delegación El Sauzal de Rodríguez en Ensenada, propiedad del exsenador por Morena, Gerardo Novelo Osuna, quien aseguró tenerlo “bajo arrendamiento a terceros”.
La carpeta de investigación del Ministerio Público federal contiene varias entrevistas con personas implicadas, particularmente una declaración dada a conocer para la directora de ZETA, Adela Navarro, el pasado mes de mayo, en la que se menciona a Carlos Torres, esposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su hermano, el exadministrador de la Aduana en Tijuana, Alfonso Torres.
“En Ensenada, se nos obliga a quedarnos callados, a pesar de todas las cosas que vemos que hacen, ya que, se dice, se encuentran apoyados por un grupo de políticos del estado, como ya se vio los Novelo (propietario del predio donde estaban los contenedores), el mismo presidente municipal de Ensenada, que ahora es senador, Armando Ayala; y los hermanos Torres, que dicen que ellos tienen todo controlado, incluso hasta las autoridades federales, lo cual después de la muestra que nos acaba de dar la defensa (el descubrimiento del predio del huachicol), la Guardia Nacional y la Fiscalía General nos hace ver que no es cierto, que han sido puras mentiras para mantener amenazadas a todas las personas que queremos trabajar bien, y que nos obligan a estar consintiendo todos sus actos de corrupción. Por eso es que queremos hacer esta denuncia”.
Del asunto específico de sus parientes, la gobernadora y esposa de Carlos Torres no habla, pero esta semana declaró falsamente –el secretario Harfuch la desmintió– que existía una orden de aprehensión en contra del exgobernador panista Ernesto Ruffo, socio minoritario de Ingemar S.A. de C.V., una de las empresas investigadas por el tráfico ilegal de combustible. Ésta es la segunda ocasión que la mandataria –antes lo hizo en julio–, menciona y responde puntillosa respecto al tema del político y empresario ensenadense, quien en cada una de las ocasiones ha dado la cara alegando su inocencia. Algo que no han hecho, ni el esposo, ni el cuñado de doña Marina, quienes optaron por ocultarse, mientras la prensa condescendiente también evita preguntar.
Al final es como ha reiterado ante la prensa nacional, Ruffo, el panista señalado: “Este asunto del contrabando pasa por las aduanas del gobierno. Es un grave problema… es un enorme elefante en la sala del gobierno federal”.
Si progresaron con la indagatoria en Tampico, ahora más que nunca urge el avance en las investigaciones del huachicol bajacaliforniano, y en los otros 101 puertos y 15 terminales extraportuarias instaladas a lo largo de los 11 mil kilómetros de litorales.
Porque si estas cantidades se mueven en puertos de mediana relevancia comercial como los mencionados, resulta relevante conocer lo niveles de corrupción, los miles de millones de pesos y de litros de combustible que se estarán movilizando en puertos mayores como los de Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
