México fue sacudido hasta sus cimientos por el mayor escándalo de corrupción que expone la podrida simbiosis entre la élite empresarial, el crimen organizado y una parte de las fuerzas armadas. Un entramado que operaba bajo las narices del Estado en los últimos años y que, con la revelación de sus detalles, demuestra que la infiltración de la delincuencia estructurada y la descomposición en las más altas esferas del gobierno no es un asunto del pasado, sino una aterradora realidad que continúa en el presente.
Al centro de este laberinto de ilegalidad se encuentra el huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que evade impuestos y roba miles de millones de pesos a la nación, y cuyo cerebro, según las investigaciones, es Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques, quien fraguó una red que se extendió desde las aguas internacionales hasta las gasolineras del país, con la complicidad de altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y, de manera crucial, con el apoyo de cárteles del narcotráfico.
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Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destaparon un esquema tan audaz como sofisticado, del que ZETA dio cuenta en ediciones anteriores. A través de buques tanques, se ingresaban al país combustibles de contrabando, evadiendo impuestos y aranceles que debieron haber sido pagados. La red de distribución era una obra de ingeniería delictiva, con la participación de transportistas, empresarios gasolineros y, lo más alarmante, una estructura corrupta al interior de las instituciones encargadas de la seguridad marítima y aduanera.
Las pesquisas detallaron que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los más altos mandos de la Marina, fungía como el principal operador de este esquema como líder criminal de Los Primos. Él y un grupo selecto de oficiales navales, empleados de aduanas y empresarios fueron los primeros en ser detenidos, en un golpe simbólico que demostró la profundidad de la infiltración. Se trata de 14 personas que ya están encarceladas, pero sólo son la punta del iceberg, pues las investigaciones señalan a más de 200 involucrados, entre ellos Roberto Blanco, sus más cercanos colaboradores, otros marinos de distintos rangos, personal de Aduanas, empresarios del sector energético, transportistas y operadores financieros de alto nivel.
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La red del huachicol fiscal implicada en los aseguramientos de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, y ocho millones de litros de otros combustibles en Ensenada, ambos registrados en marzo de 2025, no se limitaba a la importación y distribución ilegal, sino que el dinero generado por esta actividad se lavaba a través de complejas operaciones financieras y la adquisición de bienes de lujo, evidenciando un despilfarro obsceno y un estilo de vida de opulencia que contrasta con el sueldo de los servidores públicos.
El vínculo con el narcotráfico es la pieza final que une este rompecabezas de corrupción. Los grupos criminales no sólo proveían de seguridad y logística a la red, sino que utilizaban el mismo esquema para el tráfico de armas hacia México y el lavado de sus propios activos, creando una peligrosa relación que puso en jaque la seguridad y la economía del país, además de impactar la relación bilateral con los Estados Unidos. Lo que empezó como una investigación por evasión fiscal se ha convertido en el mayor escándalo de narcopolítica y corrupción que ha desnudado a las entrañas mismas del poder en México.
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EL SEÑOR DE LOS BUQUES
La historia de esta mega-red de corrupción tiene un nombre al frente: Roberto Blanco Cantú, un empresario joven de bajo perfil en la escena pública, pero con un poder desmesurado en los círculos del contrabando de combustibles. Conocido en el bajo mundo como el Señor de los Buques, Blanco Cantú es, según la FGR, el autor intelectual del esquema de huachicol fiscal que ha despojado a México de al menos 177 mil millones de pesos. Este hombre, que hoy se encuentra prófugo de la justicia, logró construir un imperio de la ilegalidad gracias a su habilidad para tejer relaciones corruptas con funcionarios de alto nivel y su entendimiento del entramado marítimo y aduanero del país.
Un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, emitió órdenes de aprehensión -dentro de la causa penal 216/2025- contra ocho personas relacionadas con la empresa Mefra Fletes, señalada por su presunta participación en el tráfico y comercialización de combustible robado y en operaciones de contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos, entre las que figuran Roberto Blanco y Héctor Manuel Portales Ávila. También se ordena capturar a José N., Gustavo de Jesús, José René Tijerina Mendoza, Jesús Tadeo Amaya Olvera y Anuar González Hemadi.
Junto con ellos se pide aprehender a una mujer de nombre Brenda Mariena S. y a José Isabel Murguía Santiago, hermano del encarcelado ex alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía, implicado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el centro de adiestramiento del rancho Izaguirre y el reclutamiento forzado de jóvenes. Cabe mencionar que Portales Ávila y el ex juez Anuar González ya se encuentran detenidos en el paquete inicial de 14 personas que anunció el 5 de septiembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
De acuerdo con actuaciones de la FGR y del Poder Judicial de la Federación, los señalados estarían relacionados no solo con la sustracción y contrabando de hidrocarburos, sino también con organizaciones criminales como el Cártel del Golfo y el propio CJNG. Las indagatorias (FED/FEMDO/FEITATA-TAM/0000281/2025, FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025, y FED/FEMDO/FEITATA-TAM/0000464/2025) se vinculan con el aseguramiento en marzo próximo pasado, en el puerto de Tampico, del buque Challenge Procyon, cargado con 10 millones de litros de diésel reportado fiscal y falsamente como aditivo para aceite lubricante, así como con otros decomisos como el del 26 de marzo de 2025 en un predio de El Sauzal, en Ensenada, propiedad del ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna, donde había ocho millones de litros de combustible y una flotilla de autotanques de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca, relacionadas con Blanco.
El llamado Señor de los Buques estaba sobre alerta constante, pues su nombre ya era más que público en las carpetas de investigación y medios de comunicación; tan es así que, a través de una demanda de amparo el 26 de junio de 2025, reclamó la protección de un juez, aduciendo que la Fiscalía General de la República era omisa en responderle una petición para conocer su estatus ante esa dependencia. Como el escrito carecía de la firma del quejoso, el asunto fue desechado, pero volvió con una nueva demanda de garantías por el mismo motivo el 7 de julio siguiente. Las acciones legales fueron promovidas ante jueces federales en Nuevo León.
El 23 de agosto fue detenido Héctor Manuel Portales Ávila, empresario de San Luis Potosí, cercano a Roberto Blanco Cantú, por lo que este último -con la sospecha de lo que se le venía- el 28 de agosto promovió un nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León contra el acto de “la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, tormento físico y psicológico inclusive la desaparición forzada de personas con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión y detención”.
Después de eso se sabe que Blanco y sus socios abandonaron sus oficinas en Monterrey y se encuentran en calidad de prófugos.
Por su parte, José René Tijerina Mendoza, prestanombres del Señor de los Buques, ganó la protección de la justicia de la unión en julio último en contra de la inclusión de su nombre en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la suspensión de operaciones y servicios financieros, en 2024, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por lavado de dinero. En abril de 2024, Tijerina denunció que fue víctima de fraude por 10 millones de dólares como inversionista en un falso proyecto relacionado al transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. También pretendió ampararse en julio de 2025, al saberse investigado y no tener acceso a la carpeta de investigación.
Presuntamente, Roberto Blanco (también conocido como Roberto Brown) podría encontrarse oculto en los Estados Unidos de América, pues cuenta con la doble nacionalidad, al igual que su hermano mayor, Rigoberto Blanco Cantú, que según las pesquisas, también forma parte del conglomerado criminal. Ambos nacieron en Tamaulipas, pero crecieron en Brownsville, Texas, por lo que Rigoberto usa el alias de Rigoberto Brown, nombre con el que es buscado por el gobierno estadounidense acusado por su presunta participación en una conspiración prolongada y violenta para monopolizar la industria de las agencias de transporte transmigrantes en la región fronteriza de Los Indios, Texas, cerca de Harlingen y Brownsville.
MARINA INFILTRADA
El sábado 6 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 personas, entre ellas cinco marinos en activo, un marino en retiro, cinco ex funcionarios de Aduanas, dos empresarios y un ex juzgador señalados por corrupción e impunidad en un esquema de huachicol fiscal. El grupo criminal, identificado como Los Primos, era encabezado por el ex comandante de la Décimo Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La captura de Farías se registró desde el 2 de septiembre.
Junto con el vicealmirante fueron detenidos el capitán de navío Climaco Aldape Ultrera; el ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas, Capitán de Navío Humberto Enrique López Arellano; el ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana marítima de Tampico, Sergio Varela Morales; el ex subdirector de Operación de la Aduana de Tampico, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos; el ex subadministrador de la Aduana de Altamira, Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez; el ex director de Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez; la ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana del mismo puerto, Endira Xóchitl Palomo Chávez; los verificadores de mercancías Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías; así como los operadores empresariales y legales, Héctor Manuel Portales Ávila, José Ramírez Guardado y el exjuez federal Anuar González Hemadi.
Pieza importante para el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal fue el ex director de la Aduana de Tampico, Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR bajo la clave “Santos” y entregó 29 millones 500 mil pesos que recibió en efectivo por cohechos. El marino arrepentido declaró ministerialmente que el vicealmirante Manuel Roberto Farías encabezaba el grupo de Los Primos y que le sobornó con un millón 750 mil pesos por cada buque con huachicol fiscal que permitió desembarcar en el puerto tamaulipeco del que estaba encargado. Aseguró que entre abril de 2024 y enero de 2025 fueron 14 los barcos con combustible que llegaron a su aduana.
El testigo colaborador también reveló que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante Manuel Roberto, estaba implicado en el grupo criminal, y que el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el NK o Comandante Sol, era el cerebro operativo que se encargaba de coordinar la entrega del dinero de los sobornos a través de un sujeto identificado como Osvaldo, el O.
Según las investigaciones de la FGR, en el esquema de corrupción se investiga a más de 200 personas, entre agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país por su presunta participación con la delincuencia organizada, por lo que habrá órdenes de aprehensión.
La participación de los marinos no se limitaba a la omisión. Las pesquisas detallan que elementos de la SEMAR proporcionaban información confidencial sobre los operativos de vigilancia, escoltaban los buques y pipas de combustible e incluso intimidaban a otros oficiales que se negaban a participar en el esquema en al menos ocho puertos del país. El nivel de vida de los servidores públicos involucrados era un indicio de la corrupción y la UIF lo detectó a través de las alertas de bancos, notarios y hasta casinos reportándose transferencias, adquisición de inmuebles, pagos por pólizas de seguros por más de 10 millones de pesos y la inyección de al menos 52 millones de pesos en casas de apuestas y sorteos. En el expediente se señala a 555 empresas relacionadas con la ilícita red.
Hasta el momento, el paradero del contralmirante Fernando Farías es todo un misterio, pues se informó que se encuentra prófugo, pero el 29 de agosto de 2025, el litigante Miguel Poo Romano presentó una demanda de amparo en nombre del marino ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, reclamando de par5te de diversas autoridades: actos de privación de la libertad, incomunicación, tortura física y psicológica, negativa de acceso a la carpeta de investigación y nulo acceso de su abogado para una defensa adecuada. Quien presenta el escrito asegura que la pareja de Fernando le avisó que el 26 de agosto fue detenido cuando llegaba con un acompañante a su casa, en la Capital del país, al parecer por elementos de la Fiscalía CDMX y agentes de la Policía Federal Ministerial.
Presuntamente los captores dijeron al acompañante de Fernando Farías que sería trasladado a alguna de las instalaciones de la FGR, dándole tres domicilios, pero en ninguno fue localizado. El acompañante habría referido que durante la detención, los supuestos agentes de ambas corporaciones de seguridad pública, lo golpeaban y manifestaban de manera intimidatoria que “eso te pasa, por no darnos 50 mil pesos” y “¿no que muy vergas los marinos?”. Las autoridades señaladas como responsables en la FGR respondieron que Fernando Farías Laguna “en ningún momento ha sido citado a comparecer ni tampoco la autoridad investigadora ha sido notificada de la solicitud de acceso a la carpeta de investigación de la cual haya recaído negativa alguna, motivo por el cual el acto reclamado no existe”.
SILENCIO DE LOS MUERTOS
El combate contra los delitos relacionados con la sustracción y contrabando de hidrocarburos ha dejado a su paso un rastro de muerte, pues son varios los personajes, tanto involucrados en actividades criminales como otros encargados de su investigación, los que han perdido la vida en forma violenta. Tan sólo después de darse a conocer públicamente la existencia y desmantelamiento de una parte de la red criminal, así como el libramiento de decenas de órdenes de aprehensión, dos elementos con cargos relevantes en la Secretaría de Marina murieron por disparos de armas de fuego. Uno de ellos presuntamente se suicidó, y el otro, se dio un balazo “accidentalmente” durante una práctica.
Antes, se tiene el dato del homicidio del empresario y político Sergio Carmona Angulo, alias el Rey del Huachicol, presunto operador financiero de Morena en Tamaulipas, considerado pionero en el esquema del contrabando de combustibles. El 22 de noviembre de 2021, sujetos armados le dispararon cuando se encontraba en una barbería en la colonia Valle de San Pedro, en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Otro hecho ocurrió el 28 de mayo de 2023, cuando fue levantado por un comando armado el subdirector administrativo de Operación Aduanera del Puerto de Manzanillo, Sergio Emmanuel Martínez, y más tarde localizado envuelto en una bolsa baleado sin vida. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el crimen “fue a causa del combate al fentanilo”.
La noche del 21 de octubre de 2024 fue asesinada cuando conducía su vehículo la agente auxiliar de la FGR en Colima, Magaly Janet Nava Ramos, a manos de dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, en hecho ocurridos en el barrio 5 del Valle de las Garzas, en Manzanillo. Poco más de dos semanas después, el 8 de noviembre de ese año, fue ejecutado a plena luz del día mientras manejaba su automotor en la colonia Las Brisas, en Manzanillo, el contraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Rubén Guerrero Alcantar, quien presuntamente había denunciado el tráfico de combustible en el puerto.
Tras haber encabezado las primeras investigaciones en marzo de 2025 por el aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel de contrabando del buque Challenge Procyon, en Tampico, el 4 de agosto de este año fue asesinado el fiscal federal (antes delegado) de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, a manos de un comando armado que lanzó una granada contra su vehículo y posteriormente lo ejecutó a tiros. La autoridad federal informó el día siguiente, a través de un comunicado, que se tenían abiertas todas las líneas de investigación, aunque destacó como posible móvil una represalia del crimen organizado por los recientes golpes contra el tráfico de hidrocarburos.
Ahora, tras conocerse la noticia de la red de corrupción del huachicol fiscal, el 8 de septiembre reciente, el Capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue localizado sin vida en un presunto suicidio. El mando naval se habría disparado al abdomen. Mientras que, en el hecho más reciente, el 9 de septiembre, en Puerto Peñasco, Sonora, el Capitán de la Marina, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, se dio un balazo “accidentalmente” durante una práctica de tiro y murió. De estos hechos, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió respeto y no especular, aunque admitió que en uno de los casos la FGR realiza investigaciones.
