La transparencia es un derecho humano consagrado en el artículo 6º de la Constitución, que reconoce que toda persona puede acceder a la información en poder del Estado bajo el principio de máxima publicidad. Este reconocimiento originó organismos como el INAI y el ITAIP BC, que hicieron realidad el derecho a saber y fortalecieron la democracia. Hoy, en medio de la revolución digital, la transparencia, la protección de datos y la conectividad son esenciales para la ciudadanía; por eso Baja California abrió un nuevo capítulo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional promulgada el 16 de septiembre de 2025, que reemplaza la legislación de 2016 e incorpora enfoques de gobierno abierto e inclusión para ampliar la apertura institucional.
Aunque representa un hito, la nueva legislación enfrenta desafíos importantes en su aplicación. El principal es que el Estado logre mantener la imparcialidad y la eficacia cuando actúa a la vez como proveedor de información y como vigilante de sí mismo. Varias voces han alertado sobre el riesgo de que la autoridad se convierta en juez y parte al resolver las solicitudes de acceso. Para disipar esos temores, será imprescindible que Transparencia para el Pueblo y los demás entes encargados se conduzcan con absoluta objetividad, respaldados por normas sólidas y la vigilancia pública. La confianza de la ciudadanía sólo se consolidará cuando estos nuevos mecanismos demuestren en la práctica su independencia y eficacia.
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Otro desafío clave será clarificar los límites y excepciones que la ley establece. Conceptos amplios como “la paz social” o “el interés del Estado” no deben convertirse en cajones de sastre para negar información. Garantizar la máxima publicidad implica delimitar con precisión esas causales de reserva, de forma que solo en casos excepcionales y justificables se restrinja el acceso. Asimismo, será necesario crear vías de impugnación efectivas: aunque las decisiones recaigan ahora en instancias internas, las personas solicitantes deben contar con recursos sencillos y expeditos para defender su derecho cuando consideren que se les niega injustamente.
La transparencia no es un privilegio concedido por el Estado sino un derecho inherente a la ciudadanía. De la nueva ley dependerá que ese principio se traduzca en la capacidad de las personas para exigir cuentas a quienes gobiernan. El acceso a la información, lejos de ser una concesión, es la herramienta con la que la sociedad participa en la vida pública, denuncia abusos y protege otros derechos. La prueba de esta norma será visible en la vida diaria cuando las y los bajacalifornianos reciban respuestas oportunas, se abran datos que permitan entender y mejorar la gestión pública y se corrijan a tiempo las negativas injustificadas. Sólo entonces podremos hablar de un avance real en los derechos humanos de cuarta generación.
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Baja California avanza en su transformación institucional en materia de transparencia. Llevar la letra de la ley a la realidad exige voluntad, capacidad técnica, formación constante y la vigilancia activa de la sociedad civil y los medios. Con un enfoque de derechos humanos y las personas y sus libertades en el centro, esta reforma puede fortalecer la rendición de cuentas desde dentro del gobierno. El derecho a saber pertenece al pueblo y honrarlo implica aplicar esta ley con apertura genuina y asegurar que ningún interés particular se imponga al interés público. Aún hay mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Con la participación de todas y todos, la transparencia puede convertirse en un proceso continuo de mejora en el acceso a la información y la rendición de cuentas.
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Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: [email protected]
