Una reflexión desde Baja California sobre legitimidad judicial,
participación ciudadana y justicia tecnológica.
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La justicia en Baja California ha cambiado de rostro. El 1 de septiembre de 2025, el Congreso del Estado celebró una sesión extraordinaria en la que 148 jueces y 24 magistrados rindieron protesta, incluyendo al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El acto fue solemne, pero la solemnidad no basta. La justicia no se mide en ceremonias, sino en hechos. Y los hechos, hasta ahora, son incómodos.
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La reforma prometía depurar, democratizar y dignificar el sistema judicial. Sin embargo, los mecanismos de selección —la tómbola, los acordeones, los reprobados— sustituyeron trayectorias profesionales por azar y opacidad. La baja participación ciudadana y la falta de transparencia en el cómputo de votos debilitaron la legitimidad democrática del proceso. Se permitió el ingreso de perfiles con antecedentes dudosos y posibles conflictos de interés.
El resultado: una estructura renovada en forma. Muchos de los nuevos jueces votados ya formaban parte del sistema judicial. No necesariamente se trata de una renovación en fondo, aunque sí de una nueva percepción social de justicia y de esperanza. Observamos con cautela y expectativa. Más allá del cambio de nombres o formas, es imprescindible exigir transformaciones reales y sostenibles.
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La expectativa de eliminar el influyentismo, la corrupción y la opacidad no se cumplirá por decreto. Lo que el justiciable espera es claro: puertas abiertas, respeto, sentencias rápidas y justas. Cada juzgador será responsable de sus actos. Cada resolución será observada con lupa. La elección popular de jueces no debe confundirse con una amnistía implícita. Si algún aspirante falseó información o incurrió en conflicto de interés, aún puede ser sancionado conforme a la ley.
Lo que ocurrió fue que dejamos que unos cuantos eligieran el cambio. La mayoría prefirió callar, observar la simulación, tolerar la afectación a un sistema que debía mejorar, no destruirse. Y ahora, ante esta nueva etapa, la pregunta es inevitable: ¿Volveremos a ser ausentes, espectadores de lo que otros decidan? ¿O seremos parte activa de la solución?
La ciudadanía no puede seguir siendo la misma. Ya no basta con observar desde la distancia ni confiar en que las instituciones se autorregulen. La legitimidad ciudadana debe construirse con participación ética, vigilancia constante y resultados tangibles.
La apertura a campañas y exposición pública coloca a la función judicial en una nueva dimensión: la del escrutinio ciudadano. Ya no basta con ser legalmente apto; ahora se exige mayor transparencia, coherencia ética y responsabilidad pública. Debemos estar atentos para que no se comprometa la calidad e imparcialidad judicial.
Desde Baja California, proponemos una agenda integral que articule la reforma judicial con la regulación tecnológica, partiendo de la vigilancia ciudadana, la transparencia algorítmica y el fortalecimiento institucional. En primer lugar, debe construirse un Observatorio Ciudadano Judicial: un espacio técnico, independiente y ético que evalúe el desempeño de jueces y magistrados, vigile su evolución patrimonial, detecte conflictos de interés y genere indicadores públicos accesibles.
En segundo lugar, se requiere impulsar una reforma a la transparencia judicial. Proponemos auditorías independientes, publicación y evolución de criterios, mayor asignación de presupuesto e integración de un nuevo diseño tecnológico. La justicia digital debe ser accesible, ética, explicable y corregible.
En tercer lugar, debemos garantizar el acceso efectivo a la justicia para quienes más la necesitan: personas indígenas, con discapacidad, neurodivergentes, mujeres, infancias, periodistas, comunidades organizadas, trabajadores y pensionados. El sistema debe adaptarse a la diversidad social, lingüística y cultural del país, y ofrecer mecanismos comprensibles, ágiles y sensibles.
Este esfuerzo no puede ser solo institucional. Universidades, academias, colegios y estudiantes de derecho deben asumir un papel activo en la construcción de una nueva cultura judicial. La formación técnica debe ir acompañada de compromiso ético, visión social y vocación pública. La justicia no se enseña sólo en libros; se defiende y se vive en la práctica.
La narrativa pública debe cambiar. La justicia ya no es asunto de élites ni de quien pueda pagarla. Es una causa ciudadana, técnica y política. No debemos observar desde la grada; debemos participar desde el centro del debate. Y la justicia exige una nueva alfabetización cívica. No basta con saber leer leyes; ahora hay que leer el código del contexto social, político y democrático.
Desde Baja California, se construye una nueva justicia. No perfecta ni acabada, pero viva. Una justicia que se enfrenta con escrutinio, con datos, con ética, con movilización, con impacto social. No con resignación. Eso fue lo que se prometió. Y eso, sin titubeos, es lo que vamos a exigir: justicia cercana, imparcial, con visión social, accesible, rápida y sin corrupción.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
