Por falta de presupuesto, Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur determinó despedir a siete visitadores de derechos humanos en la zona norte del estado, desde Comondú, Loreto y Mulegé, dejando a la parte más alejada con sólo dos visitadores, a los cuales también iba a despedir.
“No los despidieron porque esto ya se hizo mediático, eso la contuvo; pero sí dijeron que ya no era necesario porque todas las quejas iban a llegar vía web. Que le digan eso a los jornaleros agrícolas, a los rancheros y pobladores alejados, que no tienen internet, que batallan con la señal o que ni siquiera la conocen”, denunció uno de los empleados de la Comisión que pidió anonimato.
Publicidad
Desde el pasado 15 de julio a la fecha, los trabajadores de la institución fueron despedidos; algunos recibieron la visita de la administradora de la CEDH, Ana Gloria Sánchez Ramírez y otros más vía llamada telefónica “para informarte la terminación laboral de la Comisión contigo por los ajustes que estamos haciendo y por decisión de Presidencia”, indicó la administradora de la dependencia.
El 20 de agosto estalló el conflicto tras el despido de la visitadora de Comondú, Maura José Contreras, ya que el despido de los trabajadores anteriores había sido “silencioso” porque estos fueron cesados en el momento en que su vida personal atravesaba asuntos familiares de salud o necesidad económica urgente y accedieron a su liquidación.
Publicidad
Sin embargo, en el caso de la visitadora de Comondú y otra más de Guerrero Negro, en Mulegé, decidieron denunciar y exponer el abuso por el que atravesaron por parte de la Presidencia de la CEDH.
“El 15 de julio fueron despedidos mis compañeros Jesús y Grecia, supuestamente por falta de presupuesto. Hoy se me notifica a mí vía telefónica por parte de la contadora, que por indicaciones de la maestra Charlene Ramos Hernández, quien es la presidenta, ya no se seguía laborando con ellos, debido también por el presupuesto y por supuestamente la violencia que el municipio estamos viviendo”, así lo dijo Maura José.
También dio cuenta que, desde 2024, Charlene Ramos ha tenido conflictos con los trabajadores, iniciando con la huelga histórica en las oficinas del municipio de La Paz que inició por la inconformidad en el gasto de casi medio millón de pesos del presupuesto 2023 en el periodo de Ramos Hernández, a lo que consideran los ahora ex empleados como represalias de la representante de los derechos humanos.
Publicidad
En el caso de la visitadora de Comondú, expresó que ella se quejó inicialmente por la instalación de cámaras de vigilancia en áreas sensibles, donde ciudadanos que habían sido violentados sus derechos eran grabados y un tercero podría estar viendo en directo su queja, sin un aviso de privacidad.
Además, que la Presidencia exigía que el personal se quedara sentado justo frente a la cámara, situación que no fue tolerada y solicitó se hiciera la instrucción por escrito, lo cual nunca llegó.
“Hay una recepción pequeña y al fondo está un cubículo y ahí está una cámara; entonces, ella quiere que yo esté donde está la cámara, que esa es mi área laboral. A raíz de que ellos se fueron (despedidos), lo más lógico para mí fue moverme a recepción y recibir de manera directa a las personas, porque yo era la única en la oficina”, señaló Maura.
Refugio López Inzunza, ex trabajadora de la Comisión en Mulegé, también expresó su sentir, pues considera que lo que está haciendo la presidenta es abominable en contra de los trabajadores, a quienes -dijo- abusó y amedrentó para que firmaran su finiquito.
“Trabajadores de la CEDH en la ciudad de La Paz fueron de manera violenta despedidos, por lo que tuvieron que tomar el edificio; este pasado 15 de julio despidió a dos de sus colaboradores del municipio de Comondú, y acto seguido el día 16 del mismo mes terminó despidiendo a dos más en el municipio de Mulegé, todos ellos con más de 20 años de antigüedad laboral. Para tal efecto envió una comisión de personas para realizar dichos despidos, con la consigna de entregarles un cheque elaborado para finiquitar su relación laboral; el personal despedido fue hostigado y amedrentado, presionándolos para que entregaran las áreas en las que laboraban, y para que recibieran un cheque que naturalmente no correspondía al pago de las prestaciones, a lo que tenían derecho por un despido injustificado”, expuso Refugio López.
CEDH OPERA SIN PERSONAL Y SIN INSUMOS BÁSICOS
Desde hace varios meses, la CEDH opera sin personal y sin insumos básicos, según la presidenta de la Comisión, por falta de recursos, con un presupuesto que “asfixia” la operatividad. Sin embargo, quedó claro que el presupuesto es el que ha sido asfixiado por las decisiones y mala administración.
ZETA detectó que en la nómina del 2024, Charlene Ramos Hernández tenía un Sueldo Bruto de 104 mil 299.18 pesos mensuales, quedando en 52 mil 149.59 pesos quincenales más compensaciones y gratificaciones; una compensación quincenal de 19 mil 400 pesos contra los 890 pesos de un visitador que sale a trabajo de campo; y un estímulo de nueve mil 025 pesos quincenales contra dos mil 200 pesos del visitador.
En total, Charlene Ramos gana 161 mil 149.18 pesos al mes y un millón 933 mil 790.16 pesos al año, mientras que un visitador apenas alcanza los 245 mil 858.64 pesos al año; de ese sueldo los visitadores costeaban fotocopias, papel de baño, jabón y gel para las manos, así como otros insumos que en los últimos dos años ya no reciben de la CEDH.
“Yo solicité que por escrito se me diera las indicaciones laborales que iba a tener, ya que tampoco tengo desde hace mucho que no tenemos tinta, no tengo papel de baño, no tenemos agua, no nos permiten salir. Las indicaciones eran, ‘no te puedes mover del lugar’, entonces, yo le dije, ‘en caso de, ocupo un documento que a mí también me proteja, porque si viene una persona donde su familiar está siendo torturado o siendo agredido o con el tema de jornaleros agrícolas tan delicado que es, dónde se me diga cuál van a ser el protocolo a seguir”, lanzó Maura José.
No hay presupuesto en la Comisión para soportar las visitadurías, al despedir a siete trabajadores que al año le cuestan a la CEDH un millón 721 mil 010 pesos, es decir, 212 mil pesos menos de lo que se le paga a la presidenta de la Comisión al año; por lo que habrían corrido a siete para sostener el salario de primer nivel de la Presidencia.
“Los servicios básicos los pagamos de nuestra bolsa: estamos imprimiendo en un café internet que está a un lado de la misma visitaduría, no hay ni para papel de baño, hay quejas de las compañeras que ellas deben comprar los insumos, ni qué decir de la gasolina; siempre es no hay, no hay, y quieren que atendamos quejas y visitas a campos agrícolas, centros de población y de trabajo, al CERESO”, aseguró uno de los trabajadores en activo de la institución.
En Comondú llevaba meses detenido el automóvil de por falta de gasolina, un vehículo Tsuru 2001 color blanco que requiere mucho mantenimiento, cuyo combustible trabajadores costeaban para ir a los campos agrícolas; mientras la CEDH compró una camioneta Pick up 4 puertas JAC modelo 2025 para que la presidenta se traslade a Los Cabos, y con viáticos para ir y regresar por mil 900 pesos.
“El Congreso el Estado tendría que tomar cartas en el asunto y decidir qué es lo que se va a hacer; que se abra una investigación, porque nosotros solicitamos como trabajadores, que Congreso abra una investigación, pero que no nomás se investiga la gente de los trabajadores de La Paz, sino que sea toda la Zona Norte”, exhortó Maura José a los diputados.
Mientras las visitadurías fueron asfixiadas sin insumos, oficinas sin servicios básicos, sin combustible, unidades deterioradas, Charlene Ramos Hernández mantiene su salario intacto de 1.9 millones de pesos y con viáticos que han llegado hasta los 19 mil pesos por salida.
La diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, exhortó a Charlene Ramos Hernández a actuar con responsabilidad y revertir la eliminación de las visitadurías, reinstalando al personal despedido.
“El argumento de una supuesta falta de presupuesto no es comprensible ni aceptable, porque este Congreso aprobó los recursos necesarios. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con esos fondos públicos”, puntualizó la legisladora.
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AFECTA A LOS TRABAJADORES
Los derechos humanos hoy en día es un lujo, al que muchos no pueden acceder; sólo es de imaginarse que una mujer fue abusada por Policías y debe acudir a poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y al llegar es grabada y observada en video por personas ajenas a su círculo. Allí ya hay una violación más.
“No sólo a los trabajadores; la presidenta mandó poner cámaras en donde se levantan las quejas, quejas sensibles de abuso sexual, violación y abuso físico y psicológico. Toda persona que acude a quejar es vista y escuchada, y grabada sin que alguien le avise; violamos su privacidad”, denunció uno de los trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur.
Durante una sesión interna de la Comisión, ante el personal de la institución, Charlene Ramos Hernández habría confirmado que las cámaras de videovigilancia fueron colocadas sin siquiera contar con aviso de privacidad, y que a la fecha no está disponible para el público que visita las instalaciones.
“Sigan puestas hasta que tengamos nueva reunión, o las vamos a quitar hasta la nueva reunión hasta que tengamos el aviso de privacidad”, se escucha a quien señalan como Charlene Ramos Hernández.
Antes de que fuera confirmado el despido de Maura José Contreras en el municipio de Comondú, uno de los trabajadores reconoció que fueron instaladas cámaras de videovigilancia sin previo aviso, además de que nunca se informó que dichos aparatos también grababan audio.
“La de Comondú fue la más afectada, quedó una sola persona: ella cuenta con una oficina privada donde se atienden los asuntos delicados y le pusieron cámara; luego, como estaba sola en la oficina, prefirió moverse a recepción y ahí movieron las cámaras. Ella por seguridad se va a recepción y cuando llega un asunto privado se va a la oficina privada a atender temas delicados, es cuando ven que hace eso en las cámaras y la regañan y le ponen cámaras nuevamente, en un sitio donde los usuarios, la gente que va a quejarse es escuchada, vista y grabada, invadiendo su privacidad sin que sepan”, denunció el trabajador de la CEDH.
Justo en un oficio del 31 de enero del 2025, refiere que Charlene Ramos Hernández exigió al personal un plazo de 15 días hábiles para que reinstalen las cámaras de vigilancia, aun cuando no existe un aviso de privacidad para el usuario y violentando los derechos humanos de los trabajadores.
“La presidenta mandó oficios donde amenazaba a los compañeros visitadores del norte de levantarles actas administrativas por desconectar las cámaras de vigilancia; y es que a nosotros se nos hace muy sensible que pusiera cámaras en áreas donde se atienden a ciudadanos que fueron violentados sus derechos humanos, y ahora se les violenta sin que sepan que su visita está siendo grabada con audio y video, cuando debería ser confidencial y privado”, dijo el trabajador a ZETA.
Los empleados de la Comisión fueron muy claros: estaban de acuerdo en la instalación de cámaras de vigilancia, siempre y cuando cumplieran la función de resguardar las oficinas, y no de la manera en que se pusieron, apuntando directamente al personal, cuando no existen quejas o denuncias por falta de confianza en ninguno de los trabajadores despedidos.
Refieren que el hostigamiento y el acoso en la CEDH fue evidente, y si no hay reclamos no es porque estén conformes, sino que los despedidos tienen necesidad.
“Ella manifestó que sí se podía, porque hay un artículo que te menciona de sobre el uso de las cámaras; entonces, le decimos, ‘sí, pero las cámaras tienen que ir en cierto lugar y cuando se requieran’. En este caso están apuntadas hacia una sola persona nada más, en específico y no justifica lo que ella está manifestando, que es para la protección de expedientes, el equipo de cómputo y salvaguardar la integridad de las personas y del personal, literal como acoso, dirigidas y enfocadas únicamente a una persona”, apuntó el denunciante.
Desde La Paz la queja se resume en que los empleados están molestos e inconformes por la vigilancia extrema que está ejerciendo la presidenta, la cual les ha señalado que su “celular de alta gama que es inhackeable” y que sólo ella tiene acceso a los videos.
“Nosotros también estamos inconformes. Sin previo aviso puso cámaras en las áreas de trabajo, en todas; no sólo el área común, también en espacios que no debería, violentando nuestros derechos humanos. ¡Qué ironía!, la Comisión de Derechos Humanos violenta los derechos humanos de su personal”, finalizó el denunciante.
