Quitarte un derecho

Una prueba de que los gobiernos no garantizan Derechos Humanos es la desaparición de órganos de transparencia; si no son obligados y sancionados, no cumplen con responsabilidad en la materia

En México, los gobiernos y los sectores empresariales ligados a la política son igual de trasgresores a los Derechos Humanos y no les interesa la rendición de cuentas ni la transparencia, a menos que no se encuentren en el poder.

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Sea Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano; o bien Coparmex, Ocupa, o cualquier organización con fines políticos con terminación “Ciudadano” o “Por México”, no combaten por acceder a una transparencia o rendición de cuentas, mucho menos les conviene un periodismo libre e independiente. Son iguales, son fundamentalmente corruptos, y su entendido como “libertad” debe ser con miramientos, con excepciones; lo que buscan son afines, o en el peor caso, empleados informales; mercenarios.

Por este motivo, más allá de buenos gobernantes (fácticos o no) lo que en Baja California se debe construir son instituciones fuertes que soporten vendavales, porque llegue quien llegue, sea quien sea, al asumir los roles de poder optan por instaurar sus privilegios y por restringir lo que pone en riesgo su nueva posición de poder.

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La reflexión se origina en las consecuencias de la eliminación del INAI, de la transparencia y de toda una estructura gubernamental y digital diseñada para cumplir con el derecho humano a la información, la cual alberga 15 millones de datos públicos.

La petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como voto de confianza para demostrar que su gobierno pretende asumir la responsabilidad del INAI para brindar la información gubernamental, es una responsabilidad muy grande y ojalá que el compromiso que se asume estuviera cargado de buenas voluntades y de buenas acciones, pero México no ha avanzado a partir de buenas intenciones, sino de marcos legales regulatorios, deficientes, pero existentes.

Cuando AMLO y Sheinbaum decidieron eliminar el INAI, ignoraron que la mayoría de sus gobiernos, entre ellos Baja California, no tienen un compromiso con la transparencia. Por el contrario, la repudian, se sienten dueños de la información y lo ven como un ente que puede desestabilizar sus gobiernos.

Es por ello que desde 2024, el gobierno de Baja California, el Congreso del Estado y algunos ayuntamientos dejaron de alimentar las plataformas de transparencia con la información que -por ley- están obligados a informar.

Ni los diputados ni los gobiernos morenistas en el estado tienen el interés de asumir la responsabilidad de la transparencia y rendición de cuentas. No conforme con ello, las dependencias gubernamentales ya decidieron no contestar o reservar cualquier información.

El ejemplo más reciente del autor de esta columna es la petición de acceso a información del Ayuntamiento de Mexicali, donde se requirió resultados del contrato signado entre el gobierno local con la empresa Empi Financiera, “Contrato de Servicios Profesionales de Inspección Diagnóstico y Base de Datos de los Bienes Inmuebles”, del gobierno de Mexicali, en el cual se invirtió una millonada.

El documento turnado a la Oficialía Mayor, dirigida por Claudia Beltrán -quien está más preocupada en construir una candidatura y en hacer reuniones con los hijos de la alcaldesa- tuvo como respuesta una reserva, sin periodicidad ni justificación, salvo que dicha información podría afectar los derechos de autor de la empresa. Lo que lleva a una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta oficial: ¿Cómo un servicio de inspección, diagnóstico y base de datos de bienes inmuebles puede implicar temas de derechos de autor?

O bien, cuando se le preguntó a la Secretaría de Hacienda, dirigida por Marco Moreno Mexía, que informara sobre los convenios e impuestos pagados por concepto de la Serie del Caribe a Águilas de Mexicali, y optó por reservar la información, porque soy tu padre… o bueno, porque quiso, bajo el argumento de que temas fiscales son reservados. La información es parcialmente cierta porque aun así se debe establecer el periodo específico por el que se reserva. Es decir, no pueden clasificar la información por siempre.

Ahora que los gobiernos estatales -y también el federal- saben que no habrá sanciones, multas ni consecuencias, además de que la transparencia y rendición de cuentas no es política pública de Morena, la única motivación que tenían para cumplir con la ley ha desaparecido.

Quíteles a los gobiernos las restricciones para pedir préstamos y nos endeudan aún más; quítales la obligación de rendir cuentas y no los volvemos a ver justificando el uso del recurso público.

La decisión de Morena nos ha quitado el derecho humano a la información pública de oficio, de una forma descarada y abusiva… y aún así, están en crisis política por sus excesos.