“Otra empresa” del CDS cobra piso; gobierno lo niega

Para las autoridades en Baja California Sur el cobro de piso sigue siendo un delito inexistente por la falta de denuncia, aun cuando empresarios han afirmado que temen a represalias del crimen organizado, como ya las ha habido.

Fuerzas de seguridad en Baja California Sur han identificado a “La Empresa” como la organización del Cártel de Sinaloa (CDS) que opera en el estado de la facción de la Chapiza, aunque fuentes de inteligencia militar señalan que no es el crimen organizado el que opera los presuntos cobros de piso.

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David Gracia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) La Paz, señaló que hay actividades en las que se sabe de la intervención del narco.

“Les voy a hablar por David Gracia: no tengo por qué mentir sobre este tema, sí hay situaciones donde todo mundo sabemos que está involucrada la ‘otra empresa’, como le dicen; ignoro quién es, pero sabemos que hay sectores donde está involucrado el crimen organizado. El tema de la pesca no es secreto de nadie, se sabe desde hace muchos años, se ha hablado de este tema mucho tiempo, en el norte, el tema de las cooperativas y demás que lamentablemente han sufrido de esto por más tiempo, sabemos lo que ha pasado también en el sur, en el municipio de Los Cabos”, lanzó Gracia.

Reconoció el representante de la CANIRAC en La Paz, que si las autoridades están esperando un cobro de piso como tal, sería complicado encontrarlo, pero que es muy obvia la participación del crimen organizado de manera directa en la venta de alcohol, horas extras y el control de la venta de pescados y mariscos.

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Expuso que “sería tonto” decir que la delincuencia organizada no ha mermado las actividades económicas de La Paz, incluso de otros municipios.

“Yo no conozco un caso de cobro de piso, como a veces se maneja; sí hay, claro, porque sería tonto decir que no hay un involucramiento de crimen organizado en el día a día aquí, claro que lo hay, y lo ha habido con el tema de alcohol, lo ha habido con el tema de horas extra, donde si nos ponemos estrictos, pues es un tipo de cobro de piso, es un tipo de presión hacia el empresariado, pero yo no conozco un caso donde se haga este tipo de amenazas o este tipo de acciones directas como se ven en otros estados”, lamentó el representante de la CANIRAC La Paz.

Por otro lado, el Procurador insistió en que no hay registro alguno de este tipo de actividades ilícitas, pero de lo que sí podría haber algún registro es de posibles servidores públicos que piden alguna cuota, como son el caso de presuntos inspectores de comercio.

Esto se ha dado sobre todo en La Paz, donde haya funcionarios “mañosos” que abusen del terror del narco para abrirse camino; ante ello, el Procurador pidió denunciarlos, ya que no hay tal relación alguna.

“Lo que sí puede ocurrir son servidores públicos, que puede haber servidores públicos, y voy a poner un ejemplo, que tal vez por el tiempo que tengo lo he escuchado, por ejemplo: a algunos inspectores, que por el hecho de ser inspectores y me toca la función de inspeccionarte, a cambio de ser omiso, de no inspeccionarte, pueden estar cobrando algún dinero, ¿me explico? Y que el empresario también, a cambio de que no le revises, de que lo dejes trabajar más tiempo, esté proporcionando esa cantidad de dinero. Entonces, para nosotros es muy complicado iniciar una carpeta cuando de las dos partes se genera ese acuerdo ilícito, por demás corrupto”, apuntó Antonio López.

COBRO DE PISO NO SE DENUNCIA

La noche del sábado 28 de junio en el municipio de La Paz, presuntamente miembros de la Mayiza incendiaron un Oxxo en la colonia Pueblo Nuevo; criminales ingresaron a la tienda ubicada sobre Tenochtitlan, entre Mantarraya y Quetzalcoatl de la colonia Puesta del Sol, y quemaron el local; algunos testimonios indicaron que usaron un acelerador para prender fuego.

Aun así, Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado insistió en que debe haber una denuncia formal, mientras tanto es como si no existiera.

“Del cobro de piso, sí es muy común que dicen: ‘Sí hay cobro de piso’, pero tienen que presentar una denuncia. Si tienen temor de presentar una denuncia los empresarios o cualquier comerciante, lo puede hacer de manera anónima, nosotros la vamos a investigar. Si no tienen la confianza de acudir al Centro de Justicia Penal, con gusto se pueden acercar a mí personalmente para informármelo y yo voy a tomar acciones; tienen que tener un poquito de confianza de la actividad que realizamos”, afirmó López Rodríguez.

Sin embargo, este tema ya se salió de control; los mismos pescadores dieron cuenta desde el 2021, año en que inició la administración de Víctor Manuel Castro Cosío, desde entonces, miembros de la delincuencia tomaron el control de la pesca en poblados apartados como Puerto San Carlos en Comondú, Bahía Tortugas en Mulegé y otras comunidades; les impusieron la venta de alcohol y cigarrillos.

El propio director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), Martín Inzunza Tamayo, dio cuenta de lo que ocurría en Puerto San Carlos.

“Es el acaparamiento de un sólo comprador, le llaman ellos La Empresa, no me consta y el precio justo que pudieran pagarles. A lo que me dicen ellos es que está castigado el precio, realmente a ellos no les interesa si son uno o varios, pero se acaba con la comercialización si tienes un sólo comprador; tiene un nombre en la economía eso, y más si es de manera violenta que le vendas a una sola persona que va a comprar. Allá la idea es que exista un sólo comprador y pueda surtir la gran demanda que está en Los Cabos y La Paz, y eso requiere investigaciones de diversos niveles. Si ellos obligan a la gente que les vendan a ellos, eso no puede ser posible, ¿verdad?, porque implica una violencia, una adquisición violenta, bajo amenazas de un producto”, dijo en su momento Martín Inzunza Tamayo.

Otra pista de estos cobros de piso y extorsión fue revelada por el exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Bernardo Soriano, que incluso le costó el puesto por haber evidenciado información “sensible” y sin autorización de sus superiores.

Su relato tenía que ver con un operativo realizado a las 00:30 horas del lunes 23 de junio: elementos de SADAI y de la Marina Armada de México aseguraron un domicilio en la calle Avenida de Los Charros de la colonia Lienzo Charro en Cabo San Lucas, allí lograron la captura de René Castillo Cruz alias El Rayado de 37 años y originario de Nuevo León, presunto operador de la Chapiza en el municipio de Los Cabos, dedicado principalmente al cobro en bares y extorsionar a mujeres dedicadas a la prostitución, datos no han sido desestimados por la Mesa Estatal de Seguridad Estatal.

“El aseguramiento de estas personas, integrantes del Cártel de Sinaloa, de oficio sicarios y a un encargado de apodo El Rayado, que era un objetivo prioritario de la Mesa de Seguridad, encargado de cobrarle piso a prostitutas, extorsionar negocios de alcohol y venta de droga; y se aseguró también ahí otra camioneta blindada, armas de fuego de grueso calibre, armas largas, armas cortas”, lanzó Soriano.

Tras la ejecución del comerciante de pescados y mariscos, Jorge Chávez de la comercializadora Mariscos Selectos Marsel, las voces se alzaron; diferentes sectores empresariales, sociedad y hasta Víctor Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, quien dio a entender que su muerte podría tener relación con su actividad preponderante en Puerto San Carlos, municipio de Comondú.

“La investigación del empresario pues tiene que seguir su curso, las autoridades están aplicadas en ello, porque él su actividad principal era en San Carlos, y en San Carlos hubo recuerden ustedes par de meses hubo la muerte de seis personas; algunos venían de Ensenada y fueron ultimados ahí, eran gente en una situación que nunca quedó claro cuál era su finalidad de venir armados. Se detuvo a esta gente, eran de una empresa de seguridad y se murieron tres de un lado y tres del otro. Las consecuencias, pues, todavía son parte de lo que estamos viviendo estos grupos delincuenciales que han venido de diferentes partes”, expuso el gobernador.

Antonio López indicó que ya hay un sospechoso y estaría relacionado con una ejecución ocurrida el 26 de junio de este año en el interior de una narcotiendita, la cual está ubicada sobre Ocampo entre Ramírez y Altamirano en pleno Centro de La Paz, allí fue baleado Francisco N. de 42 años, quien murió recibiendo atención médica en el hospital.

“Estamos realizando la investigación y tenemos identificada una persona con las videocámaras identificamos el recorrido, el modus operandi con que se realizó el homicidio. Aparentemente, esta persona es la misma que en días anteriores había ejecutado a otra persona ahí en cerca de la Comisión Federal de Electricidad, en una narcotiendita”, aclaró López.

Quedó muy claro que para la autoridad, pese a las múltiples evidencias, sólo son dichos, así lo dijo el procurador de Justicia.

“Sobre el tema de las extorsiones, pues sí, lo dicen y lo comentan, pero miren, es importante que presenten la denuncia. Nosotros tenemos medidas de protección, si ellos tienen ese temor, podemos seguir esa denuncia de una manera anónima”, finalizó López Rodríguez.

EXTORSIÓN EN JOYERÍA PANDORA

El 31 de julio y a la vista de todos, una de las plazas comerciales más concurridas de La Paz, denominada Galerías, fue el escenario de una operación de extorsión telefónica y con la ayuda de terceros, una banda dedicada a ello.

La joven de 21 años, trabajadora de la joyería fina Pandora, ubicada en uno de los locales de la plaza, entregó cientos de miles de pesos tanto en efectivo como en joyas a presuntos choferes de la plataforma Didi, así lo señala la carpeta de investigación LPZ/6165/2025/NUC.

“Es muy común que vengan al estado estas células bien organizadas, pero ahí se recuperaron aproximadamente 70 piezas de joyería, que aparentemente es la mitad. Cuando se sustrajeron las joyas desde su origen, se pusieron en dos contenedores, dos bolsas, y se entregaron a dos personas distintas en distintos vehículos, y cada quien agarró su rumbo para distintos lugares y se le entregaron a personas distintas; incluso tratando de evitar, ocultar identidades, se echó en la cajuela, y llegaba a lugares, abrían la cajuela y nada más la persona se acercaba. Como que es un mecanismo muy detallado que traen ya este tipo de delincuencia que también es crimen organizado”, afirmó el Procurador.

La trabajadora relató que fue hasta las 6:00 de la tarde que cayó en cuenta del delito.

Primero le llamaron de la supuesta joyería a las 3:00 de la tarde, el dueño del número  telefónico 55-446-64357, quien se identificó como Alejandro Martínez Palacio y que había una entrega programada con la paquetería DHL y le dio un número de guía. Enseguida le marcaron de la supuesta paquetería para decirle que el motivo de envío era por una supuesta multa a la joyería.

Le dijeron que no se comunicara con su gerente porque estaba en una videoconferencia con ellos mismos, pero que debían cubrir el monto de un millón y medio de multa, por ello iba a acudir una persona a recoger mil 900 pesos y producto.

“Llega el vehículo frente a Starbucks, corroborando que fuera el vehículo, preguntando el nombre del operador del servicio de plataforma Didi Sergio Ismael,  y que le entregara 1,900.00 pesos, y la mercancía”, ese fue el primer envío.

Nunca colgó la llamada, por el contrario le dijeron que se había cometido un error, que sólo había 20 minutos para pagar y que llegaría otro conductor de nombre José David, a él debía entregarle 2 mil pesos, más mercancía; y así fue, entregó la mercancía. En cada entrega de producto, a la joven la mantuvieron ocupada pidiendo inventario de todo lo que habían mandado.

Y le preguntaron si era toda la joyería, a lo que respondió “que no y me hicieron mandar fotos de lo que tenía”. Con la presión que le ejercieron los extorsionadores, la joven fue enviada a una casa de empeño y durante el camino se dio cuenta que estaba siendo víctima de una extorsión. Colgó y le llamó a su gerente y confirmó el hecho.

“Se robaron joyería Pandora, donde le llamaron a la empleada desde un penal de Guadalajara; le llamaron y le dijeron que era el dueño del negocio y que sacara todas las cosas, y que iba a ir una persona por ella y que se las entregara, y sacó toda la joyería en una bolsa, la entregó y esta persona se lo llevaron a Los Cabos, y en Los Cabos nosotros ya hicimos un cateo, lo identificamos y recuperamos parte de la joyería. Con la tecnología se puede dar ese seguimiento que nos llevó hasta la ciudad de Cabo San Lucas, donde ahí se realizó un cateo. Obviamente se identificó también a través de las cámaras de Seguridad Pública, de las cámaras de algunos negocios se dio ese seguimiento puntual ahí y es donde la efectividad es de las cámaras”, finalizó el representante de la PGJE.