Atrás quedó el centenar de empresas mexicanas relacionadas con el narcotráfico que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro al inicio del nuevo siglo, pues la mayoría de ellas fueron removidas de la lista negra de traficantes de drogas y lavadores de dinero que la dependencia estadounidense elabora periódicamente para presionar su desmantelamiento. En su portal web se encuentran las designaciones que se encuentran vigentes y las que se van agregando a partir de 2011, los nombres de presuntos criminales, la organización a la que pertenecen, así como las compañías sospechosas de blanqueo de capitales de procedencia ilícita.
Aquellas 135 entidades comerciales y financieras que tuvieron señalamientos de ser administradas por personas con vínculos a los grupos delincuenciales de los hermanos Arellano Félix, los Arreola Márquez, hermanos Amezcua Contreras, Rigoberto Gaxiola Medina, la familia farmacéutica Tirado en Jalisco, la sinaloense Blanca Cázares y algunos colaboradores del Cártel de Sinaloa, entre 2002 y 2010, quedaron en el rezago y algunas eliminadas de los listados. Y aunque no se trata de un “borrón y cuenta nueva”, actualmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, presenta los agregados a la lista desde hace 15 años.
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Un recuento realizado por ZETA con base en las investigaciones de la OFAC revela que al menos 350 empresas mexicanas están señaladas en el periodo entre 2011 y 2025 de contribuir al crimen organizado, vinculadas a 17 organizaciones delincuenciales que no solo operan en las sombras de la violencia, sino que parte de su fuerza reside en la capacidad de infiltrar la economía legítima, convirtiendo millonarias sumas de dinero mal habido en activos aparentemente limpios, sin que la sociedad, y en ocasiones ni las autoridades, perciba el hilo que las conecta con la criminalidad.
La mayoría de las veces es hasta que estas personas o sus negocios son designados en la lista negra estadounidense cuando las agencias de seguridad del país les comienzan a investigar. Es entonces cuando se observa movimiento de la Unidad de Inteligencia (UIF) o de alguna de las fiscalías especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados de los sospechosos presentan demandas de amparo en contra de posibles bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de detención. Incluso ahora algunos de los fundadores de estas empresas fueron trasladados en las entregas masivas de narcotraficantes a Estados Unidos en los meses de febrero y agosto de 2025; sin embargo, los negocios siguen funcionando.
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MOSAICO COMERCIAL
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Los grupos criminales diversifican el tipo de negocios para blanquear el dinero ilícito, pero de las designaciones de los últimos tres años se advierte que, así como el fenómeno delictivo de la delincuencia organizada ha migrado al robo de hidrocarburos, ahora también sus empresas están más relacionadas con el establecimiento de nuevas gasolineras, compañías dedicadas a la distribución de petrolíferos y al transporte carretero de combustibles. Sin dejar de lado los emprendimientos y corporativos vinculados a la hotelería, boutiques, banquetes y prestación de diversos servicios.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis son responsables de la mayor cantidad de empresas designadas por una sola organización o alianza: 115 compañías. Sus negocios incluyen un amplio espectro: inmobiliarias, restaurantes, diseño arquitectónico, hoteles, renta de cabañas, tequila, clínicas médicas, agricultura, periódicos, boutiques, tiempos compartidos, casas de cambio, minería, gasolineras y tiendas de autoservicio, además del transporte de combustibles. La presencia de sus negocios se extiende por Zapopan, Naucalpan, Guadalajara, Tomatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Culiacán, León y Veracruz.
Destacan 67 compañías del Cártel de Sinaloa (CDS). Su cartera de negocios es increíblemente diversa como las facciones en las que se ha descompuesto, abarcando desde inmobiliarias, alarmas, lotes de autos, ranchos agrícolas, centros comerciales y casas de empeño, hasta aceros, compañías pesqueras, frigoríficos, minería, farmacias, gastronomía, autotransporte, boutiques, bienes raíces, paleterías y gasolineras.
Esta variedad de giros comerciales le permite al cártel integrar el dinero ilícito en múltiples sectores, desde la compraventa de propiedades que pueden ser sobrevaluadas, hasta el flujo constante de efectivo en negocios que pueden servir para justificar grandes ingresos. Sus operaciones se han detectado en ciudades estratégicas como Hermosillo, Ensenada, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Luis Río Colorado, Culiacán y Mazatlán, así como en Metepec.
También resalta la red comercial vinculada a Raúl Flores Hernández, actualmente preso en los Estados Unidos y quien llegó a contar con 42 empresas, presuntamente producto de sus hábiles relaciones con diversos cárteles como Jalisco y Sinaloa. Su modus operandi se centraba en la industria del entretenimiento y el servicio, incluyendo casinos, gasolineras, búngalos, restaurantes, inmobiliarias, grupos terapéuticos, espectáculos, nutrición y boletería electrónica. Sus ubicaciones incluyen Guadalajara, Autlán de Navarro, Zapopan, Mazatlán y Puerto Vallarta.
Los casinos y espectáculos son clásicos del lavado de dinero debido al volumen y la naturaleza de sus transacciones en efectivo, que permiten camuflar grandes sumas. Con él fueron señalados promotores artísticos y hasta un futbolista, después desincorporados de la lista negra.
La organización de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, veterano capo del Cártel de Guadalajara y que presuntamente murió hace algunos años en Jalisco, sin que se tenga la certeza del hecho, ha operado con 26 empresas. Sus intereses se centran en inmobiliarias, un parque industrial, un centro comercial, gasolineras, salones de eventos y servicios de banquetes, manejados por sus familiares directos. Sus operaciones se han rastreado en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Culiacán. Estos negocios son ideales para el lavado de dinero debido a la capacidad de manipular los precios de bienes raíces, el alto flujo de efectivo en gasolineras y salones de eventos, y la posibilidad de justificar grandes inversiones en infraestructura.
Un caso muy interesante fue el del legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero, que estando aún preso en 2013, vio como sus hijos y su ex esposa, así como socios de ellos, fueron designados junto con 31 empresas, aunque tiempo después fueron removidos de la lista. Sus giros comerciales abarcan hoteles boutique, gasolineras, inmobiliarias, minería, taxi aéreo y pesticidas. Sus negocios se encuentran en Guadalajara, Zapopan y Culiacán.
La minería y los pesticidas son sectores que pueden involucrar grandes volúmenes de transacciones y activos, mientras que los hoteles boutique y el taxi aéreo ofrecen servicios de alto valor donde el origen del dinero es más difícil de rastrear.
COMBATE AL LAVADO
La Oficina de Control de Activos Extranjeros no persigue a los capos en el campo de batalla, sino que se enfoca en su oxígeno financiero. Su misión es clara: identificar y designar en su lista negra a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero y otras expresiones de la delincuencia organizada. Esta designación se extiende a las empresas o compañías administradas o patrocinadas por criminales en México que participan activamente en el blanqueo de capitales, transformando el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas en activos que parecen legítimos.
La inclusión en esta lista negra implica severas restricciones financieras. Para las empresas y personas designadas, significa el congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que cualquier ciudadano o entidad de Estados Unidos realice transacciones con ellas. En la práctica, esto las aísla del sistema financiero internacional, dificultando enormemente sus operaciones y su capacidad para mover y “limpiar” dinero. La OFAC opera bajo diversas autoridades, siendo una de las más relevantes la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin, por su nombre en inglés), la cual faculta al Departamento del Tesoro a imponer sanciones económicas a narcotraficantes extranjeros significativos y a sus redes de apoyo.
El objetivo principal de estas acciones es desarticular las estructuras financieras de los grupos criminales, impidiendo que el dinero ilícito se reincorpore a la economía formal y privando a estas organizaciones de los recursos necesarios para financiar sus operaciones. Al hacer públicas estas designaciones, las autoridades estadounidenses también buscan visibilizar el problema y advertir a la comunidad empresarial y financiera sobre los riesgos de hacer negocios con entidades que, a primera vista, parecen legítimas, pero que en realidad son fachadas del crimen organizado. Esta transparencia forzada es una pieza clave en la estrategia de combate al lavado de dinero.
El lavado de dinero es un proceso complejo que busca ocultar el origen ilícito de los fondos, haciéndolos pasar por ganancias legítimas. Las organizaciones criminales logran esto a través de varias etapas, como es la introducción del dinero ilícito, a menudo en efectivo, en el sistema financiero. Aquí es donde los negocios de alto flujo de efectivo, como gasolineras, restaurantes, casinos o tiendas de autoservicio, son ideales. El dinero en efectivo se mezcla con los ingresos legítimos, haciendo difícil distinguir su origen.
Por ejemplo, una gasolinera podría registrar ventas ficticias para justificar el ingreso de millones de pesos en efectivo que en realidad provienen de la venta de drogas. Después, se mueve el dinero a través de múltiples transacciones financieras para disfrazar su origen y dificultar su rastreo. Esto puede implicar transferencias electrónicas, la compra y venta de bienes, o inversiones en diferentes tipos de negocios.
Las inmobiliarias y constructoras son fundamentales en esta etapa. Una propiedad puede comprarse a un precio inflado con dinero ilícito, y luego venderse a un precio menor, generando una pérdida justificada en libros, pero “limpiando” una parte del capital. Las operaciones de importación/exportación con bienes como el acero o productos comerciales también pueden usarse para manipular facturas y justificar movimientos de dinero transfronterizos.
Finalmente, se realiza la reintroducción de los fondos en la economía legítima, de modo que parezcan provenir de fuentes legales. En esta etapa, los fondos blanqueados se invierten en negocios como hoteles, parques industriales, ranchos agrícolas, o empresas de minería. También se pueden usar para financiar estilos de vida lujosos o adquirir activos de alto valor, como vehículos u obras de arte. Las empresas de asesoría administrativa o seguridad privada pueden servir como fachada para manejar estos activos o justificar salarios y servicios inexistentes.
