La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Política de Baja California Sur, con la que fijó el 31 de diciembre como el último día de operación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) en la entidad.
Ya publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el Decreto 3178, es un hecho la desaparición del ITAI en la Media Península, hecho que ha sido calificado como un atentado contra un derecho humano que tomó décadas alcanzar en México y en Baja California Sur.
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Ahora la responsabilidad de entregar cualquier información que solicite un ciudadano quedará en manos de la Contraloría del estado, situación que ha sido rechazada por integrantes del sector empresarial.
Ante este escenario, empresarios como Fabricio González Rodríguez, exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, encabezan un esfuerzo para que se cree una nueva procuraduría descentralizada y especializada en el manejo y acceso de la información pública, así como la protección de datos personales.
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González Rodríguez presentó formalmente una iniciativa ciudadana ante el Poder Legislativo, argumentando que las facultades de la Contraloría del estado son ajenas y distantes a las responsabilidades que hasta el 31 de diciembre de este año ejerce el ITAI.
“La Contraloría, su visión y su misión son otras; es precisamente la de establecer estándares, controles de tal manera que garanticen que el presupuesto y las acciones de gobierno sean de acuerdo con los estándares de la ejecución de recursos públicos”, expresó el ciudadano.
Para ello han llevado a cabo mesas de diálogo para presentar esta iniciativa con el objetivo de que la tarea de proteger datos personales y garantizar el acceso a la información no caiga, de manera definitiva, en manos de la Contraloría.
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Cabe recordar que a nivel nacional se han hecho diversos llamados y advertencias sobre esta reforma a la Constitución, ya que la desaparición de órgano autónomo, como el ITAI que garantiza el acceso a un derecho humano, es calificada como un signo de retroceso para la vida democrática de México y Baja California Sur.
EL ESTADO NO INVIERTE EN TRANSPARENCIA
La presidenta estatal del ITAI, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, dio un informe sobre el trabajo del instituto que encabeza y los avances que se han obtenido en este rubro en los últimos años.
Entre la información que presentó, la presidenta destacó que al año ejercen un presupuesto de 13 millones 177 mil pesos, que equivale al 0.05 por ciento del presupuesto del estado.
Sacando cuentas, de acuerdo con la cifra poblacional que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por cada ciudadano la transparencia cuesta en promedio entre 15 y 17 pesos anuales.
Pese a las circunstancias económicas, el acceso al derecho a la transparencia fue agarrando terreno en el interés ciudadano al punto que el ITAI pasó de reportar tres mil 309 solicitudes de información a siete mil 51 en 2024.
“Los ciudadanos empezaron a tener más interés en saber qué era lo que sucedía en el ejercicio de las funciones públicas del estado, esto nos habla de que sí hay una ciudadanía interesada”, enfatizó.
Los sujetos obligados con mayor incidencia en solicitudes recibidas y contestadas en 2024 fueron: en primer lugar, el Ayuntamiento de La Paz, con 633; en segundo lugar, Ayuntamiento de Los Cabos, con 558; en tercer lugar, Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), con 448; en cuarto lugar, Secretaría General de Gobierno, con 379; y en quinto lugar el Instituto de Servicios de Salud, con 315.
El 35 por ciento de las solicitudes se relacionan con las funciones de los organismos, qué atribuciones tienen y cómo me puedo servir de ellas.
El 30 por ciento se enfocó en temas de presupuesto, recursos públicos y ejercicios del gasto; un 20 por ciento a aspectos de rendición de cuentas y políticas de transparencia; y el 15 por ciento con marcos legales, contratos y sanciones a servidores públicos.
“Al ITAI le compete garantizar el derecho de acceso a la información, es decir, si un ciudadano hace solicitudes de información y el sujeto obligado, es decir la autoridad, no responde, entonces podemos intervenir pidiéndole a la autoridad que entregue la información”, recordó la presidenta.
“No obstante, no somos responsables de la veracidad de la información. Es decir, aquí podemos ver sujetos obligados que cumplen con las solicitudes de información pública, pero eso no dista de que un ciudadano pueda estar inconforme, pueda dolerse de que la información es incompleta, no es correcta, y que pueda presentar un recurso de revisión”, agregó.
Por otra parte, el recurso de revisión es un procedimiento administrativo que se asemeja a un juicio, en el que la ciudadanía puede presentar una inconformidad si el sujeto obligado no entregó la información. En 2019 y 2022 se registraron los picos más altos de este tipo de procesos, con 413 y 418, sin embargo, para 2024 bajó a 253.
Los cinco sujetos obligados que tuvieron el mayor número de recursos de revisión interpuestos en 2024 son: Ayuntamiento de La Paz, con 37; Ayuntamiento de Los Cabos, con 24; PGJEBCS, con 24; Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPEBCS), con 15; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS).
También existen las denuncias interpuestas cuando no cumplen con obligaciones básicas de transparencia que deben estar en sus páginas. En 2024, se interpusieron siete para el Ayuntamiento de Comondú, tres para la Escuela Normal Superior y dos para el Congreso del Estado.
Ahora toda esta responsabilidad para garantizar el derecho al acceso a la información estará en manos de la Contraloría, si es que la XVII Legislatura no aprueba la iniciativa ciudadana que presentó Fabricio González.
Persiste en la sociedad civil y el sector empresarial un aire de escepticismo ante el alcance y ejecución que la Contraloría pueda ofrecer a la ciudadanía, sin embargo, aunque la próxima desaparición del ITAI ya es un hecho, en estos momentos la lucha continúa en otra cancha distinta.
