A pesar de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la militarización de los espacios fiscalizadores, puntos estratégicos para el comercio internacional, la corrupción persiste en minar la economía y la seguridad nacional, a través de actos de contrabando, evasión fiscal, tráfico de armas y drogas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho (sobornos), en los que participan diversos actores tanto del ámbito público como del privado, violando disposiciones tanto del Código Penal Federal como de la Ley Aduanera.
Los motivos detrás de estas prácticas son diversos. Desde la búsqueda de enriquecimiento personal por parte de funcionarios y agentes aduanales, hasta la colusión con operadores de la delincuencia organizada, que encuentra en las aduanas una puerta de entrada para actividades corruptas. Los involucrados abarcan desde funcionarios de bajo nivel hasta altos mandos, agentes aduanales, representantes de empresas particulares, operadores del crimen organizado y autoridades extranjeras.
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Desde 2019, el gobierno mexicano ha impulsado operativos como “Fuerza Anticorrupción” o la “Operación Limpieza”, en un intento de desparasitar las aduanas de la corrupción, lo que ha valido la destitución de algunas decenas de trabajadores y la presentación de denuncias penales. Sin embargo, los resultados son limitados, pues aunque se han identificado casos y cesado a esos malos funcionarios, las detenciones brillan por su ausencia, de manera similar a los casos de delitos de alto impacto en el país.
A partir del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T), en diciembre de 2018, cuando se anunció “el fin de la corrupción en México”, no sólo no hubo un cese a los actos desleales, sino que los escándalos se han sucedido unos a otros y en las aduanas no fue la excepción, ocurriendo el primero de los asuntos graves en 2019, cuando siete empleados de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, fueron denunciados por tráfico de armas y lavado de dinero, pero pocos han enfrentado procesos judiciales completos. De ese entonces a la fecha, ha habido seis titulares de la Agencia: cinco con Andrés Manuel López Obrador, y uno con Claudia Sheinbaum.
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El asunto más reciente, denunciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es el del administrador central de Investigación Aduanera de la ANAM, Alex Tonatiuh Márquez, quien es ahora conocido como “Lord relojes” por su afición a coleccionar relojes de lujo y que presume en su última declaración como servidor público contar con varios de estos accesorios con valor de 7.7 millones de pesos, siendo que sus ingresos económicos, tanto en cargos anteriores como en el actual, no cuadran para contar con tal fortuna.
La impunidad, la falta de tecnología y la discrecionalidad en los procesos aduaneros perpetúan este problema, que afecta la recaudación fiscal y facilita el ingreso de mercancías ilegales, desde textiles o hidrocarburos, hasta precursores químicos o fármacos como fentanilo, comprometiendo la seguridad del país.
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PASADO Y PRESENTE
Antes de 2019, las aduanas mexicanas ya eran señaladas como nidos de corrupción. En los años 90, el sistema aduanero era opaco, con procesos discrecionales que daban poder absoluto a los funcionarios, quienes a menudo exigían “propinas” para agilizar trámites. La Ley Aduanera de 1999 buscó modernizar el sistema, pero la corrupción persistió, alimentada por la impunidad y la falta de controles tecnológicos. El contrabando de textiles, por ejemplo, afectaba al 58 por ciento del mercado nacional, mientras que el tráfico de armas y drogas se volvía incontrolable, según legisladores en 2017.
Desde 2019, con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se intensificó el discurso contra la corrupción en las aduanas. Bajo el mando de Ricardo Peralta Saucedo se lanzó el operativo “Fuerza Anticorrupción”, que resultó en siete denuncias penales contra empleados en aduanas fronterizas por tráfico de armas y dinero. Ese mismo año se propusieron mil 568 modificaciones a la Ley Aduanera para agilizar procesos y reducir la discrecionalidad, aunque muchas no prosperaron. Ricardo Ahued sustituyó a Peralta.
En 2020, el crimen organizado controlaba puntos clave como puertos y fronteras, aprovechando la permisividad de funcionarios. En ese año, la aduana de Manzanillo fue señalada por permitir el ingreso de precursores químicos para drogas sintéticas, como el fentanilo, debido a la colusión entre funcionarios y cárteles. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó otras aduanas por irregularidades, entre ellas las de Progreso, Tuxpan y Mexicali, presentando denuncias por lavado de dinero y corrupción, sin que se lograran resultados concretos.
En ese mismo año, hubo una Reforma Penal Fiscal para combatir las anomalías, y se designó como director de la Administración de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a Horacio Duarte Olivares. La reforma endureció las penas por contrabando y defraudación fiscal, equiparándolos a delitos graves, pero la falta de perfiles adecuados y la impunidad limitaron los resultados. Para 2021, el funcionario reportó el cese de 2 mil 071 trabajadores por actos indebidos, aunque pocos enfrentaron consecuencias penales.
En 2021, se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con autonomía técnica y operativa, para mejorar la recaudación y combatir el contrabando. Este cambio buscaba profesionalizar al personal y modernizar la infraestructura, incluyendo el Centro de Procesamiento Electrónico de Datos en Querétaro, que monitorea las 49 aduanas del país. De ese centro se sabía -desde dos años antes- que las cámaras de seguridad estaban mal orientadas, evidenciando fallos tecnológicos o quizá acciones dolosas previas. En 2022, Duarte fue nombrado titular de la ANAM.
En 2024, México obtuvo 26 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, ocupando el lugar 140 de 180 países, lo que refleja la persistencia del problema. Casos recientes, como presuntas irregularidades en adjudicaciones directas bajo el mando de André Foullon Van Lissum en 2024, muestran que las aduanas siguen siendo vulnerables. La militarización parcial de las aduanas, con la incorporación de personal de la Secretaría de Marina, no ha erradicado el problema, y el contrabando de combustibles, llamado “huachicol fiscal”. La introducción de tecnologías de la información y sistemas como el modelo de ecuaciones estructurales en aduanas como Lázaro Cárdenas y Manzanillo ha mejorado la fiscalización y la facilitación comercial, pero no ha eliminado la corrupción.
PODREDUMBRE
Entre 2019 y 2025, varios casos de corrupción en las aduanas han salido a la luz. Fue en ese primer año completo de la administración obradorista cuando siete empleados fueron denunciados por tráfico de armas y dinero, en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, pero sólo tres de ellos fueron vinculados a proceso, sin que se reportaran sentencias, ya que sus nombres no se hicieron públicos y eso dificultó el seguimiento. Ese mismo 2019, operativos en las aduanas de Manzanillo y Pantaco (CDMX) dieron como resultado la destitución de 18 funcionarios, entre ellos los administradores y la captura de 46 personas por delitos fiscales y financieros, con una daño al fisco de 537 millones de pesos.
En Reynosa, en 2020, un funcionario aduanal fue investigado por reportar material eléctrico en lugar de mil 400 cargadores para fusiles de asalto, hecho que aunado a otros incidentes en aduanas portuarias y de aeropuertos, motivó la militarización de los recintos fiscales del país. En 2021, la Agencia Nacional de Aduanas de México capacitó a 254 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la vigilancia en las 49 aduanas, enfocándose en detectar casos de contrabando de armas y estupefacientes. Los resultados no fueron los esperados y Duarte Olivares fue sustituido en la ANAM por Rafael Marín Mollinedo, el 7 de diciembre de 2022.
Sin embargo, Marín Mollinedo dejó la titularidad de la Agencia el 21 de junio de 2023 por instrucciones del entonces presidente López Obrador, para desempeñarse como representante permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). En su lugar fue designado el general retirado André Georges Foullon Van Lissum, con la especial encomienda de erradicar el contrabando, el tráfico de drogas y la evasión fiscal, “ya que los ingresos en aduanas superan un billón de pesos, es decir, 15 por ciento del presupuesto nacional”, aseguraba el exmandatario.
El tráfico de mercancías y de drogas en las aduanas terrestres y marítimas continuó durante la administración del militar, siendo ejecutado el exdirectivo aduanal Carlos Narváez Romero, el 13 de mayo de 2024, en Ciudad de México. En ese año, André Foullon fue acusado de presuntas irregularidades en adjudicaciones directas, ya que uno de sus principales colaboradores, el exjefe de operación aduanera, Juan Carlos Madero Larios, se vio involucrado en el tema junto con otros tres funcionarios. Andrés López Obrador ordenó al general explicar en la mañanera las acciones tomadas en el caso, pero se dijo que las investigaciones estaban en curso, sin que a la fecha se conozca el resultado de las mismas.
Foullon Van Lissum fue ratificado en el cargo al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero el 14 de febrero de 2025 fue sustituido nuevamente por Rafael Rafael Marín Mollinedo, quien regresó con la misión de aumentar la recaudación del sistema aduanal, sin que se hablara del contrabando de huachicol fiscal, problema recurrente, con millones de litros que ingresan sin pagar impuestos al país, descubriéndose los escandalosos casos de Tampico y Ensenada en marzo del año en curso, millones de litros de hidrocarburos de dudosa procedencia que llegaron por buques a México desde Estados Unidos.
El último escándalo estalló en junio reciente cuando 16 exfuncionarios, quienes fueron cesados por su inconformidad para acatar instrucciones administrativas, denunciaron una red de corrupción en la Agencia Nacional de Aduanas de México, presuntamente liderada por el director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, general Ernesto Alejandro Vadillo. Las acusaciones incluyeron venta de plazas, extorsión a empresarios y nexos con el crimen organizado. Entre los denunciados se señaló a René Díaz Ramos, el Fayuquero, y al coronel Benito Cegueda, titular de la aduana en Ciudad Juárez. La institución aseguró que los relevos se dieron como estrategia para controlar aduanas con algunas complejidades.
El caso es que la corrupción no es un fantasma del pasado, es un problema real y sigue vigente en las aduanas mexicanas, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos morenistas, pero que debido a la falta de una rendición de cuentas efectiva, no se permite conocer el grado de penetración del crimen organizado en los recintos aduanales y, por tanto, continuarán siendo un punto débil para México, que cuenta con 49 aduanas, divididas en tres tipos: fronterizas, marítimas y de interior.
Las aduanas fronterizas, como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, son clave para el comercio con Estados Unidos, pero también focos de contrabando. Las marítimas, como Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, manejan grandes volúmenes de mercancías, pero son vulnerables al tráfico de drogas, precursores químicos y huachicol fiscal. Las aduanas interiores, como Querétaro y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, facilitan el comercio aéreo y logístico. La modernización tecnológica, como el Centro de Procesamiento Electrónico en Querétaro, busca mejorar la vigilancia, pero la corrupción sigue siendo un obstáculo.
