La autonomía concedida al INAI fue un avance en transparencia y rendición de cuentas. La Ley General recién abrogada debe ser punto de partida para mejorar
Desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI) en 2022, sin importar el partido gobernante, todas las reformas vinculadas a la transparencia y la rendición de cuentas tenían una progresividad, un avance; había más derechos para los ciudadanos y accesibilidad para todas las personas, incluyendo las que carecían de recursos económicos para entablar una batalla legal por los datos resguardados por gobiernos.
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El año 2014 fue clave para ello, pues una reforma hizo transitar al IFAI al INAI, donde además de brindarle una autonomía constitucional, se reconoció a la información como un Derecho Humano que debía protegerse, y se definieron mecanismos para impedir la restricción sistemática de la misma.
En 2025, con la entrada de la Transparencia para el Pueblo, órgano dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, existen más dudas e incertidumbre que certeza respecto a si el origen de la reforma tiene un interés en volver la información aún más accesible, o bien, ocultarla a través de un ente estéril y más arcaico que las reformas de inicio de milenio.
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Con la primera reglamentación plasmada por el Gobierno de México, existen dudas sobre el uso de los argumentos de seguridad nacional para cualquier acción que se intente ocultar por parte de los gobiernos. Pero eso no debe ser así, no es necesario.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene en su cancha la posibilidad de extralimitarse en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pues salvo algunas cuestiones muy definidas como la conformación del organismo de transparencia, existen mecanismos que pueden precisarse en una ley o reglamentación secundaria y no están debidamente fundamentados en la ley vigente.
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De hecho, la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -ahora abrogada- era vanguardista y no requiere al INAI para funcionar, pues la información y el derecho humano van más allá de un organismo.
Como ejemplo, el Artículo 113 de dicha ley establecía un candado muy claro en torno a la reserva de información: que los gobiernos no podrían censurar datos que “Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
“Se trate de información relacionada con actos de corrupción acreditados de acuerdo con las leyes aplicables”.
Dos elementos indispensables que sólo en un artículo engloban elementos tan garantistas que no deberían ser excluidos de los nuevos esquemas de transparencia, además de que – a diferencia de lo que decía el ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador-, dichos mecanismos deben ser libres y sin analizar la motivación que se busque al obtener la información. Es decir, no importa cuál sea el fin, los datos públicos deben ofrecerse a la ciudadanía de manera libre.
La Ley recién abrogada también contempla que empresas o personas que utilicen poder o recursos públicos -aunque no tengan cargos, como el caso de Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora- se vean obligados a rendir informes; e incluso, a que autoridades investigadoras se vean obligadas a informar cuántas veces han tenido que violar el derecho a la privacidad a través del uso de tecnologías para intervenir teléfonos o buscar geolocalización de una persona. Todo eso formaba parte de los lineamientos para mejorar el derecho a la información y es lo mínimo que la sociedad merece a partir de la nueva Ley.
El gobierno de Marina del Pilar y su Oficialía de Partes llamada Congreso de Baja California, es lo mínimo que deben aspirar en beneficio de la sociedad: garantizar que los derechos ganados -al menos esos- continúen vigentes.
Baja California ya había transitado hacia un gobierno con una transparencia tradicional y se perfilaba para convertirse en un gobierno abierto, un nivel más arriba para garantizar aún más el derecho a la información.
Veamos qué decisión toman y en qué lado de la historia quieren estar, cuando a más tardar el 19 de junio se defina a nivel local el destino del ITAIP y de la nueva transparencia para los bajacalifornianos.
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