La Presidenta de México se compromete a echar andar leyes, protocolos y plataformas que no están funcionando por falta de voluntad política
Durante años, décadas, familiares y colectivos buscadores de desaparecidos, han trabajado arduo, propuesto y presionado a las autoridades para la creación e implementación de leyes, reformas, protocolos, mecanismos, sistemas, plataformas y bases de datos para que sea posible y obligatoria, la investigación profesional, rápida y expedita del paradero de las personas obligadas a ausentarse violentamente, víctimas de diversos delitos.
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Entre 2017 y 2022, tuvieron avances importantes en leyes y protocolos, logros en papel que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pareció ignorar, generando indignación tras el discurso del lunes 17 de marzo, cuando presentó sus seis acciones “para reforzar la atención al problema de las desapariciones forzadas”, en el país. La palabra clave para responder a las críticas de que no ofreció nada nuevo, fue “reforzar”, porque desde entonces sus aclaraciones han sido que su intención es “fortalecer”.
Adicionalmente existe la preocupación real de los activistas, de que estas propuestas que enfatizan la concentración de datos por parte del Gobierno de México se utilice para que de nuevo el gobierno rasure el padrón de desaparecidos.
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En sus propuestas, la primera mandataria habló de protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de desaparecidos y el inicio de investigaciones, como si fueran nuevas. Ambas acciones ya están ordenadas en la Ley, pero las corporaciones de las entidades del país no las cumplen. Aquí, lo interesante será ver que ahora los obliguen o los castiguen por no hacerlo.
Respecto al Certificado Único de Registro de Población que mencionó, como hermano gemelo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se exige en trámites gubernamentales, escolares, laborales y de salud, pero que, al fortalecerse ahora será requerida para “todos” los trámites de los registros administrativos del país “.para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”, en cuanto a su propuesta de la Base Única de Información Forense, sólo le cambió el nombre al ya existente (en papel y legislado): Banco Nacional de Datos Forenses que desde 2017 la Fiscalía General de la República, ha evitado echar a andar y que se supone debía cumplir ya siete años, alimentando con datos de los 32 servicios forenses y las fiscalías federales.
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La Plataforma Nacional de Identificación Humana planteada por Sheinbaum es también el símil del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que el 9 de agosto de 2022 anunció el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que estaba echando a andar y casi tres años después continúa inoperante y con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas, desmantelado por el anterior gobierno y que según lo dicho por Sheinbaum, ahora se robustecerá.
Lo de “fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el fin de ampliar su capacidad de atención y la adquisición de equipos que acompañen la búsqueda con evidencia científica”, también ya está ordenado. En todo caso, lo novedoso sería “el compromiso” de publicar mensualmente la incidencia de las desapariciones, aunque legalmente esa información que debería ser pública.
También destacable, lo de equiparar el delito de desaparición con el secuestro, porque, aunque “la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, como han destacado los críticos, la realidad es que tienen penalidades diferentes.
Quien secuestra o cometa delito de desaparición forzada, enfrentará penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa, más lo que acumulen por agravantes; mientras que, para quien comete el delito de desaparición, las condenas van de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa; y para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, la penalidad va de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. En ese contexto, lo de “equiparar” no suena mal, será cuestión de ver la aplicación real de la propuesta.
Al final, la oferta de la Presidenta resultó ser la de impulsar la implementación real de leyes y protocolos que, pese a existir, hasta hoy no están funcionando o lo hacen deficientemente por falta de voluntad política. Y de ser verdad, aunque echarlos andar es su obligación, esto sería un paso adelante, porque sus antecesores no lo han hecho.
De entrada, Claudia Sheinbaum no evadió el tema, y frente a la crisis que representó que el 12 de marzo la colectiva Guerreros Buscadores, localizaran restos óseos, decenas de objetos y prensas de vestir, propiedades de personas presuntamente desaparecidas y reclutadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aparentemente usado como centro de entrenamiento, de exterminio y oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, al abordar el tema de desaparecidos -como es su obligación constitucional-, reconoció nacionalmente la crisis que otros funcionarios intentan minimizar. Ya habló, y no se le puede permitir echarse para atrás.
Ciertamente sus líneas de acción carecen de novedad, pero al revivirlas, cambiarles el nombre como acostumbran hacer los nuevos gobernantes y agregarlas como reformas -aunque resulte ocioso- la doctora está, públicamente y moralmente, haciendo suyos compromisos que ya le imponían las leyes.
Ahora, como siempre toca a la sociedad organizada y a los colectivos analizar el contenido de las reformas, su utilidad, darles seguimiento a las promesas y exigirle a la Presidenta que cumpla.
