El 22 de febrero entró en vigor la reforma a la Ley del Infonavit bajo la promesa de construir 500 mil viviendas para los trabajadores con ingresos más bajos en México, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
A quince días de que, el 1 de abril, inicie operaciones la empresa filial del Infonavit que tendrá la responsabilidad de construir, vender y arrendar vivienda, la administración de Octavio Romero Oropeza ni siquiera ha dado a conocer un modelo de vivienda que garantice que no se repetirá la construcción de casas de tamaño reducido, con vicios ocultos por defectos, mala calidad de insumos.
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Tampoco ha dado a conocer la ubicación de los predios para asegurar que las viviendas a construir no estén alejadas de los centros urbanos y sin servicios, como ocurrió en administraciones pasadas.
Lo que se sabe es que las primeras 18 mil viviendas serán construidas en diez estados (Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán). Los 60 proyectos arquitectónicos correspondientes a los 23 conjuntos habitacionales -elaborados por el Tecnológico Nacional de México- están siendo evaluados en la Alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.
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Para el abogado Guillermo Rivera Millán, si bien la reforma legislativa tiene una intención “bondadosa”, ya que pretende combatir el déficit de más de 8 millones de vivienda a nivel nacional y de 500 mil en Baja California, la manera en que se hizo implica un riesgo para los recursos de los trabajadores, ya que su dinero de la Subcuenta de Vivienda pasará a formar parte del Fondo Nacional de la Vivienda.
Actualmente el total del recurso de los trabajadores suma 2.4 billones de pesos, de los cuales se estima que 700 mil millones serán utilizados en el arranque de la nueva empresa filial; las decisiones serán tomadas por el Gobierno de México, al eliminarse el tripartidismo de los órganos de gobierno del Infonavit, en una administración que “no está catalogada como la más transparente”.
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Ante la incertidumbre que generan ambigüedades en la Ley, empresarios estarían considerando presentar juicios de amparo. La existencia del arrendamiento pone en duda el que verdaderamente la vivienda que construya Infonavit sea de un menor precio al que actualmente existe en el mercado y no se repitan prácticas en las que las unidades fueron sobrevaluadas, a razón que “no tiene sentido” que un trabajador ahorrando en su Subcuenta de Vivienda para comprar una casa decida arrendar, considera el abogado Sergio Carbajal Franchini.
Entretanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alista una queja contra la reforma a la Ley del Infonavit ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
MÁS CONFLICTO SOCIAL
La reforma plantea que los trabajadores que coticen un año en el Infonavit tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento de vivienda construida o administrada por el Instituto, “que se encuentre cerca de su centro de trabajo” y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas.
El monto de las rentas podrá pactarse con o sin actualización y su cálculo deberá determinarse bajo criterios sociales, “sin fines de lucro o especulación comercial y considerando el nivel salarial de las personas trabajadoras, debiendo ser suficiente para que el Instituto cubra el pago del impuesto predial y los derechos de agua”. Se prevé que el monto del arrendamiento no exceda el 30 por ciento del salario del trabajador.
De igual forma, Infonavit establecerá mecanismos de terminación anticipada y rescisión, para que sin necesidad de declaración judicial, recupere la posesión de la vivienda en caso de incumplimiento del trabajador.
El trabajador que rente una vivienda estará obligado a pagar en tiempo, forma y de manera completa las rentas; cuidar “diligentemente” la vivienda; notificar al Instituto de cualquier defecto, daño o deterioro; así como desocupar la vivienda y entregarla al terminar el arrendamiento; además de no poder usarla con fines distintos a su habitación y residencia, ni subarrendarla.
Al respecto, Rivera Millán previó un mayor conflicto social, ya que cuando un trabajador no pague, habrá mayor complejidad para generar un desahucio de estas casas, por ser un arrendamiento de “naturaleza eminentemente social”, al que podrá recurrir el trabajador bajo algún mecanismo legal para señalar que no puede salirse apelando razones sociales.
Para Sergio Carbajal Franchini no está claro por qué se quiere “acotar” el derecho a la propiedad, haciendo que el trabajador rente primero antes de comprar. “Cuando usted empieza a trabajar, empieza a generar un dinero en la Subcuenta de Vivienda para poder comprar una vivienda, entonces arrendar no tiene sentido”, planteó.
Es previsible que el arrendamiento tenga condiciones menos favorables que un crédito hipotecario que cuenta con seguro de desempleo y fallecimiento, aunque legalmente tampoco podrían sacar a un trabajador de una vivienda de forma inmediata, ya que se tiene que seguir un procedimiento si el arrendamiento se hace conforme al Código Civil Federal.
El litigante señaló que el hecho de que Infonavit construya vivienda limitará las posibilidades de que un trabajador pueda tener un crédito para adquirir una vivienda nueva en otra ubicación, o de una casa usada.
De igual manera, consideró “inconstitucional” que los trabajadores que alguna vez cotizaron al IMSS no puedan disponer de su dinero de la Subcuenta de Vivienda en el momento que ellos decidan y sus recursos vayan a financiar la construcción de la vivienda que hará el Infonavit.
PATRÓN, DEUDOR SOLIDARIO
La reforma al Artículo 29 de la citada ley hace al patrón deudor solidario de un crédito Infonavit, más allá de ser un auxiliar en el cobro del crédito del trabajador, señalaron ambos especialistas, quienes califican como “injusta” esa responsabilidad para el empleador.
Antes de esta reforma, el patrón sólo descontaba al trabajador el pago del crédito y daba su aportación al Infonavit los días que laborara el empleado. Ahora, con la reforma, el patrón tiene la obligación de seguir aportando cuando no se paguen salarios por ausencias o incapacidades del trabajador; es decir, “el empleador tendrá que seguir pagando el crédito del trabajador, aunque no esté generando ingresos”, señaló Rivera Millán.
A Infonavit le conviene porque el patrón le seguirá pagando, y verá después cómo le cobra al trabajador, porque no existe en el Artículo 29 ninguna disposición que señale que el empleador pueda cobrarle al trabajador.
Esta situación también puede propiciar otra interpretación en la que el trabajador considere que está generándose un derecho que no debe pagar. “A final de cuentas son conflictos que los van a estar atendiendo entre el patrón y el trabajador, y la autoridad va a estar como espectador”.
Ante ello, se generará mayor informalidad laboral y reclutamiento de personal no legal o que se cuestione a una persona si tiene crédito Infonavit y, dependiendo de ello, se defina su contratación.
En ese sentido, Rivera Millán previó una andanada de juicios de amparo por parte de los patrones cuando se modifiquen reglamentos, el Infonavit pretenda cobrarles el crédito, o cuando éstos tengan el conflicto con el colaborador.
ESTE AÑO CONSTRUIRÁN 73 MIL VIVIENDAS
A finales de febrero, luego de aprobarse la reforma a la Ley del Infonavit por el Senado de la República, Romero Oropeza aseguró que el Infonavit ya cuenta con 133 predios en 29 entidades federativas, que suman 424.4 hectáreas.
Reserva territorial donde se construirán 73 mil 780 viviendas (a razón de 180 casas por hectárea), representa el 89% de la meta para este año, de 83 mil viviendas.
Del total de reserva territorial identificada, 35 predios son propiedad del Infonavit; 75, propiedad federal, estatal, municipal y de privados; en tanto 23 son propiedad federal, estatal y municipal compartida entre Infonavit, Conavi y Fovissste, cuya viabilidad técnica, jurídica y administrativa aún se evalúa.
En abril, en 60 hectáreas, comenzarán a construirse 13 mil 500 viviendas en 10 estados, detalló el funcionario. En mayo iniciará la construcción de 52 mil 980, y en junio, de 7 mil 300, dio a conocer en conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo.
En septiembre de 2024, Lizeth Gómez, delegada de Infonavit en Baja California, adelantó que de las 500 mil viviendas que construirá la institución, 57 mil serían en esta entidad. Gran parte de esas viviendas corresponden a inmuebles que fueron abandonados y estará rehabilitando el Infonavit tras su recuperación.
BC, EL LASTRE DE JUICIOS MASIVOS
Uno de los argumentos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley del Infonavit radica en la corrupción en el Instituto durante la gestión de Enrique Peña Nieto, donde se hicieron juicios masivos luego que trabajadores abandonaran las viviendas y/o dejaron de pagarlas por tener “créditos impagables”.
Baja California fue uno de los estados donde se efectuaron juicios masivos. En este caso, Infonavit se adjudicó indebidamente 11 mil 965 viviendas entre 2014 y 2018, bajo diferentes expedientes radicados en el Juzgado Quinto de lo Civil con sede en Tijuana.
En 2019, Carbajal Franchini hizo notar las irregularidades en el proceso hecho por el Infonavit, bajo el expediente 608/2014, que afectó a 5 mil 204 viviendas sin que fueran notificadas legalmente los acreditados.
En entrevista con ZETA, el litigante dijo que, una vez adjudicadas, Infonavit comenzó a venderlas en paquete a bancos, a personas físicas y a empresas. “Esas personas pusieron a su nombre las casas y empiezan a demandar a las personas que están ahí”, dándose los desalojos ilegales.
Actualmente más de 4 mil personas no saben que les cambiaron sus propiedades, que están en la indefensión ante juicios que siguen avanzando como “un efecto hormiga, para que no se haga otro problema social”.
En opinión de Carbajal Franchini, el tribunal debió declarar la nulidad de todo ese procedimiento de forma oficiosa conforme a la ley, “eso dejaría sin efecto las escrituras a favor del Infonavit”, pero propiciaría un problema para la institución con las personas a las que les vendió los créditos y crearía un efecto dominó, porque “una casa la vendieron hasta tres veces”.
“No se ha resuelto el problema, es un problema social que lo han ido toreando quienes compraron los créditos”, y los créditos que no pudo vender Infonavit volvió a restructurarlos hasta por 30 años cuando ya tenían 10 o hasta 15 años, “pero como se les atoró algún mes, los metieron a esos juicios”.
QUEJA ANTE OIT
En declaraciones a la prensa en Nuevo León, José Medina Mora, ex titular de Coparmex, anunció que el sindicato patronal presentará una queja por la reforma a la Ley del Infonavit.
Entre las inconformidades de la clase empresarial se encuentra el que la Asamblea General del Infonavit quedó relegada por el Consejo de Administración, el cual deberá aprobar el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, “los que no deberán exceder del 0.55% los activos totales que administre”. Presupuesto que deberá contemplar el gasto administrativo y de operación de la nueva empresa filial.
Según la ley, las erogaciones destinadas a la inversión en edificios, terrenos, instalaciones, construcción y mantenimiento de vivienda, equipos, tecnología, vehículos, mobiliario y equipo de oficina, no computarán dentro de los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, además del cambio en el proceso para elegir al director general del Infonavit, y el que la institución ya no esté sujeta a los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
