Entre dos y tres millones de trabajadores protestarán en las calles de diferentes ciudades del país si la mayoría de Morena y partidos afines aprueba en el Senado la Ley del Infonavit, que carece del consenso del sector obrero y patronal, advirtió Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera de México (CROM).
Luego de que el 1 de febrero pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica la Ley del Infonavit; representantes del sector obrero y patronal rechazaron la reforma que estará votándose en el Senado próximamente.
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En conferencia conjunta en la capital del país, alertaron que están en riesgo alrededor de 800 mil millones de pesos “líquidos” de los 2 billones de pesos que tiene el Instituto, que fueron aportados por los patrones y que pertenecen a los trabajadores.
El dictamen aprobado el sábado no incluyó los puntos “irreductibles” que se habían acordado en una reunión previa celebrada con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunciaron.
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El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez dijo que el dictamen “vulnera” el principio de tripartismo del Infonavit, ya que se designará al director general directamente por el Ejecutivo eliminando el requisito de que sea aprobado por la Asamblea General.
También designa al director general como presidente de los órganos colegiados favoreciendo a uno de los sectores, por lo que se propone continuar con una presidencia rotativa (trabajadores, patrones y gobierno). “En caso de que no se acepte, el encargo debe caer en otro representante del gobierno que no sea el director general, para evitar un conflicto de interés”, aseveró.
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La empresa constructora filial que se creará para construir y rentar viviendas debe tener “reglas claras” para saber cómo y en qué se va a invertir. Que esa empresa y el Infonavit tengan supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo los lineamientos de la primera, demandaron tanto el sector patronal como el obrero.
Advirtieron que la empresa filial tendrá la facultad de contratar a otras personas morales (empresas) con el mismo objeto social, “lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral”.
Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos (Concamín), señaló que el gobierno no ha consultado a las cámaras empresariales ni los colegios de profesionistas sobre los proyectos para construir vivienda asequible.
Sobre los predios que, según Romero Oropeza, ya existen para desarrollar vivienda, Ramírez Leal indicó que estos tendrían que reunir condiciones para poder desarrollar vivienda y que tendrán que ser revisados. Si los predios no cuentan con las condiciones para ser desarrollos habitacionales tendrían que desecharse, aunque sean donaciones de los municipios y los estados, añadió.
González Guzmán agregó que se está a la espera de que concluya el proceso legislativo, para poder presentar una queja por violación de diversos convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en caso de que sus demandas escuchadas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eludió referirse directamente a la acción internacional anunciada y se dijo “extrañada” del pronunciamiento de los dos sectores, ya que aseguró ha habido “varias” reuniones, una de ellas con SEGOB, en la que todos han estado de acuerdo.
“Es falso este planteamiento de que como dice el PAN que se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe qué cosas. Los fondos están ahí, se va a construir vivienda. Va a haber transparencia y no va a haber corrupción, ése es el objetivo de esa ley”.
