La “nueva” política en seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es similar a la iniciada por gobiernos del PAN: radica en controlar cuerpos de seguridad, no en combatir la violencia
Por más que lo nieguen o intenten disfrazarlo, la herencia que dejó en materia de seguridad la extinta administración de Andrés Manuel López Obrador es desastrosa. Regiones del país con ingobernabilidad debido al control de los grupos delictivos, ciudades como Tijuana y Celaya, entre las más violentas del mundo. Una rota relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos confirma que la primera administración federal morenista abandonó el combate a la inseguridad.
A lo anterior se suma el debilitamiento de las fuerzas civiles frente a las militares, quienes ahora también se hacen cargo de la Guardia Nacional, así como de las aduanas, puertos y corporaciones estatales que sostienen mandos militares por imposición.
Ante este escenario tan complejo y tras una gestión que rondó los 200 mil homicidios -sin mencionar desaparecidos-, la flamante Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descansa toda su esperanza en un perfil emanado del calderonismo: Omar García Harfuch.
El Zar de la Seguridad busca dar una imagen pública de poder y pretende colocar a sus afines en puestos estratégicos en todo el país, violando nuevamente la independencia de las entidades y los municipios -como el caso del actual secretario de Seguridad de Tijuana, Juan Manuel Sánchez Rosales-, bajo el argumento de un supuesto Mando Único.
Esta estrategia ya se ha visto, principalmente en el último gobierno federal panista, donde la prioridad era mantener el control de los cuerpos policíacos del país, pero ello no significó combatir la inseguridad o evitar que la ciudadanía se sienta tranquila y sin violencia en su entorno.
A Sheinbaum le vendieron la idea de una política de antaño que se ha demostrado no funciona, pero que la escuela de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo líder era el sentenciado ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sigue replicando donde se asienta.
Recientemente en Mexicali, Baja California y en San Luis Río Colorado, Sonora, los gobiernos estatales se impusieron sobre los municipales para instaurar la estrategia de seguridad muy similar a la anterior. Retiraron a las corporaciones locales e impusieron a gente afín que respondiera a funcionarios estatales y no a los de la ciudad.
El resultado en ambos experimentos fue lamentable, pues el combate a la inseguridad fue poco, los resultados también, generando terror en la población, al grado que los ciudadanos temen más a la presencia de las policías estatales. Es decir, estábamos mejor cuando estábamos peor. En tanto, San Luis Río Colorado vive uno de los episodios más violentos de los últimos años.
La idea de García Harfuch es evidente: tener el control de las policías y la información de inteligencia que obtienen, bajo la falsa premisa de coordinación atan de manos a los gobiernos locales y se empoderan en los municipios y estados.
Así pretende subsanar la entrega de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y hacerse, de facto, de las policías civiles locales, a costa de que estados y municipios pierdan el control del mismo.
Centralizar la seguridad no ayuda a ninguna entidad, la experiencia demuestra que reduce la transparencia, la rendición de cuentas y se torna en un escenario idóneo para el abuso de autoridad y las violaciones de Derechos Humanos, en los que los mandos resultan impunes y la tropa que sigue órdenes recibe las sanciones muchos años después.
Sheinbaum y García Harfuch se perfilan para ver a la seguridad como una herramienta de control y poder, no como el elemento principal para garantizar la protección de la ciudadanía.
