La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, y el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pasaron de figurar como cuadros emblemáticos de la “Cuarta Transformación” en el Estado, con distintos cargos de representación popular, e incluso como fundadores de Morena, a ser objeto de denuncias emitidas desde el ámbito de influencia de ese movimiento, cuya fuerza principal detenta el poder en BC.
Caballero Ramírez, quien en el proceso 2023-2024 reprochó que Ismael Burgueño Ruiz asumiera la candidatura de Morena-PVEM-Fuerza por México a la alcaldía, cargo en el que ella pretendía reelegirse, quedó fuera del partido oficial por apoyar una postulación “antagónica” (conferida a Maricarmen Flores Ávila por el PAN), según resolvió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia partidista el 5 de septiembre.
Bonilla Valdez se hizo objeto de una denuncia interpuesta por la administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la presunción de haber comprometido 44 mil millones de pesos de participaciones federales para la construcción de una planta fotovoltaica sin autorización del Gobierno Federal. El 11 de septiembre compareció ante la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, para efectos de constatar la autenticidad de un escrito que habría presentado el 30 de agosto, y se le brindaran los elementos necesarios para ejercer su derecho a la defensa.
En menos de una semana ambos personajes figuraron por los procesos a los que se vieron enfrentados, justo cuando la alcaldesa está por dejar el mandato el 30 de septiembre y alrededor de medio mes después de que Bonilla Valdez concluyera en su encargo como senador.
El 5 de junio de 2024, el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, informó que, a partir de 1 de septiembre, el Gobierno del Estado proseguiría con el proceso contra Jaime Bonilla. Explicó que tales diligencias habían quedado suspendidas, en razón del fuero constitucional del que gozaba el político tijuanense en su calidad de legislador federal.
CABALLERO NO APORTO “PRUEBA ALGUNA”: CNHJ
La cancelación del registro de Caballero Ramírez del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena sobrevino a consecuencia de una denuncia presentada por el representante de ese partido ante el Instituto Estatal Electoral, Francisco Javier Tenorio Andújar. El 14 de junio, el denunciante acusó a la presidente municipal de haber sostenido un encuentro con la periodista Maricarmen Flores Ávila en el período en que ésta se condujo como candidata del Partido Acción Nacional.
De acuerdo con el representante partidista, quien fundamentó sus acusaciones en el audio de una conversación que la munícipe habría tenido con la rival del abanderado del oficialismo, Caballero le ofreció apoyo político además brindarle asesoría.
Entre las pruebas presentadas por Tenorio Andújar, la CNHJ recibió una Fe de Hechos realizada por el titular de la Notaría número 1 en el municipio de Mexicali, Baja California, fechada el 28 de mayo de 2024.
“Se considera que las pruebas aportadas resultan suficientes para acreditar los hechos que se reprochan a la C. Montserrat Caballero Ramírez, por lo que queda demostrado que se llevó a cabo una reunión con la C. Maricarmen Flores, candidata del Partido Acción Nacional, a efecto de manifestar apoyo a su candidatura”, estableció la Comisión.
El órgano partidista recalcó que a Montserrat Caballero se le extendió su derecho a la garantía de audiencia, y que a pesar de ello la alcaldesa no aportó “prueba alguna” para acreditar que la consabida conversación fuera falsa.
Consultada por este Semanario, Maricarmen Flores Ávila no negó haber conversado con Caballero Ramírez. Sin embargo, dijo, fueron distintas conversaciones. “Varias veces, en el Trompo, en las bodas (celebradas en Playas de Tijuana), platiqué con ella”, dijo la periodista y remarcó: “Yo lo dije y lo reitero, es una conversación de varias (conversaciones) editadas”.
Dijo lamentar “que hayan tomado eso como verídico” y aseguró que en ningún momento Caballero Ramírez incurrió en una ilegalidad durante los encuentros que sostuvieron.
BONILLA SE RESERVA DERECHO A DECLARAR
El 11 de septiembre Jaime Bonilla Valdez compareció puntual, a las dos de la tarde, ante la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, en la Capital de Baja California. Durante la comparecencia se corroboró que se trataba de la misma persona que había remitido el escrito a la Fiscalía, en el que el ex gobernador había puesto a la disposición un domicilio.
La autoridad competente le tomó sus datos generales, le dio a conocer en qué carpeta obraba la investigación en su contra y le entregó copia del expediente.
También le hizo saber de su derecho a declarar, ante lo cual el exmandatario se reservó esa garantía.
Con motivo de lo voluminoso de la carpeta, integrada por varios tomos, Bonilla mencionó tener la intención de cotejarla. En un afán de revisar el expediente, la unidad se puso de acuerdo con el abogado del compareciente. El exsenador dijo que una vez revisado el material, probablemente estaría en condiciones de declarar.
Los delitos de los que se le señala a Bonilla Valdez son los de uso ilícito de facultades y atribuciones, peculado y abuso de autoridad, lo cual no significa que en dado caso se le imputarían las tres faltas. Para el momento en que compareció el tijuanense, había nueve personas vinculadas a proceso, algunas de ellas con Auto de apertura a juicio oral.
Los 44 mil millones de pesos habrían sido destinados a un fideicomiso con el banco Afirme, donde se retendrían las participaciones federales del Gobierno del Estado.
A propósito de que Bonilla ya tiene conocimiento formal de la investigación y que se le extendió su derecho a defenderse con la entrega de la carpeta, el Ministerio Público habrá de decidir si judicializa el asunto para que sea requerido por un tribunal o si amplía la investigación.
