La reforma que pretende eliminar el Coneval “pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales”, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encabezado por su secretario ejecutivo José Nabor Cruz Marcelo.
Luego de que la mayoría de los diputados federales de Morena y partidos afines aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen que elimina siete organismos autónomos, entre ellos el Coneval, esta institución expresó su preocupación y llamó al diálogo y comunicación al Congreso de la Unión.
Señaló que la separación de funciones entre el órgano que levanta la información del ingreso, el gasto y el acceso a derechos sociales de los hogares (INEGI) y el que diseña y actualiza la metodología para la medición multidimensional de la pobreza y garantiza su replicabilidad y transparencia (Coneval) es un atributo de confiabilidad y credibilidad en la medición de la pobreza.
“El INEGI, un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo. Fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente”.
La iniciativa de reforma administrativa persigue objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones a la Administración pública federal. “El Coneval no cae en ninguno de los supuestos del dictamen aprobado el 23 de agosto”, indicó la institución, este 27 de agosto de 2024.
En un comunicado explicó que el Coneval no es un órgano constitucional autónomo, sino más bien un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión que trabaja en estrecha colaboración con la administración pública federal.
“Paradójicamente, la reforma supondría avanzar en sentido opuesto de sus objetivos expresos, aumentando la desvinculación y la fragmentación de la administración pública, puesto que implica transferir las funciones especializadas del Coneval a un órgano constitucional autónomo como el INEGI”.
Desde 2019 se ha apegado a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana y “es quizá el organismo público más costo-efectivo del país, ya que su presupuesto equivale a 90 pesos por cada millón de pesos de gasto social, además que los diagnósticos, informes y análisis que realiza el Consejo contribuyen directamente a que el presupuesto del gasto social sea ejercido de manera eficiente y eficaz, lo que permite que se mejore su desempeño y consecuentemente, sus resultados”, aseguró.
El Coneval es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con un “modelo único de gobernanza”, integrado por un cuerpo colegiado de académicos y un secretario ejecutivo, que asegura independencia técnica y rigor metodológico para evaluar con calidad y credibilidad los programas sociales y medir la pobreza en nuestro país.
“La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del INEGI”.
Ello, debido a que el Coneval genera metodologías, marcos conceptuales y procesos funcionales necesarios para realizar la medición multidimensional de la pobreza y la conceptualización de indicadores específicos de un Sistema de Información de Derechos Sociales para el país, que se incorporan a sistemas de indicadores especializados únicos en su tipo.
Construye metodologías y lineamientos para normar, promover y realizar evaluaciones externas de calidad técnica y relevancia práctica, en estrecha colaboración con la administración pública federal.
Y monitorea los programas sociales y la vinculación con entidades federativas y municipios para la formación de capacidades que consoliden un Sistema de Monitoreo y Evaluación nacional, a través de la promoción de la cultura de la evaluación en la administración pública
