Miles de viviendas de interés social construidas en el periodo de 2009 a 2011 en Ensenada, han sido deshabitadas por propietarios a quienes no les alcanzó el dinero para pagar las mensualidades, por violencia o porque nunca recibieron los servicios básicos.
Hace más de 12 años que socios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) describieron este fenómeno como un boom inmobiliario junto con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) que entregó casi un 80 por ciento de los créditos.
Dichas casas, ubicadas en el extremo noroeste de la ciudad, que tuvieron un costo de contado entre 170 y 250 mil pesos, se han convertido en un grave problema para la sociedad por la proliferación de criminales que han llegado para ocupar las viviendas abandonadas.
Colonos de Villas del Prado II viven en casas de 6 metros de ancho por 12 de profundidad, separados por una delgada pared de 10 centímetros, dejando que el sonido entre vecinos traspase a los domicilios.
La promesa de un vecindario seguro con áreas verdes y vigilancia, fue una promesa que nunca les pudieron cumplir. Algunos de los habitantes contaron cómo sobreviven en un ambiente donde hay problemas de salud por la poca higiene de quienes irrumpen las propiedades, violencia, armas, venta de droga, alcoholismo y agresiones verbales las 24 horas del día.
Mantener la tranquilidad es casi imposible, cuentan, pues los gritos de agresión de quienes habitan esas casas, la música, el mal aroma por la falta de servicios básicos como agua o luz, es una tortura.
“Hay muchas personas que invaden casas, son muy sucias, groseras, ponen música muy alta todos los días a cualquier hora del día, las casas de Infonavit son muy chicas y prácticamente todo se escucha”, describió un vecino que pasa más tiempo encerrado con su familia.
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que trabajan en ese sector estiman que por cada calle de los fraccionamientos ubicados en la llamada Zona Noroeste, hay dos casas invadidas, muchas de éstas usadas como tienditas para venta de droga.
“Los adictos y quienes venden drogas tienen un censo de las casas abandonadas, conforme se van metiendo en problemas con la Ley o sucede un homicidio dentro (de las casas), las dejan para moverse a otra (casa abandonada)”, contó un oficial vecino de la zona.
Para los agentes, las calles con mayor problemática social en el fraccionamiento Villas del Prado son Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza, Juan Aldama, Paseo del Prado, Calle Trébol de Villas del Prado, por mencionar algunas. Para atender ese sector, la corporación sólo tiene una patrulla y es casi imposible hacer frente a las llamadas de emergencia generadas para atender conflictos entre vecinos.
“Hay prioridades, principalmente cuando nos llaman de violencia intrafamiliar o cualquier otra que implique llamar a la fiscalía nos toma mucho tiempo y no podemos trasladarnos hasta esas zonas alejadas, como Villas del Prado”, explicó el elemento.
La Fiscalía General del Estado (FGE) refiere tener carpetas abiertas por el delito de despojo de casas de interés social con un estimado de 24 denuncias entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2024, mientras la DSPM respondió que, de manera oficial, han atendido al menos once reportes en Villas del Prado II, todos relacionados con conflictos entre vecinos.
PARTE DE UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL: INFONAVIT
Sobre este problema que genera el abandono de propiedades de interés social, personal de Infonavit a cargo de Carlos Martínez a nivel nacional, mencionó que es lamentable el tema descrito.
Con relación a lo que viven los habitantes de Villas del Prado II, “no tenemos certeza sobre que las casas sean del Instituto, es decir, se presume haya un dueño, ya que fueron otorgadas por crédito”.
Cabe mencionar que los acreditados de estas casas son los responsables de cumplir con su crédito, mantenerlo vigente y estar al pendiente de las viviendas. En caso de omisiones, se identifica esta situación en el crédito y hasta entonces el Instituto ejecuta una acción sujeta a recuperación.
“Actualmente no tenemos manera de identificar el estatus de las casas”, aseguran desde el Infonavit.
Por tal motivo, de no tener un balance, estas situaciones son turnadas a agrupaciones o autoridades correspondientes, tales como Comités de Vecinos, Policía Municipal o al Departamento de Ecología.
SOBREVIVEN EN VILLAS DEL PRADO
Los residentes que omitieron la identidad por el peligro que representa realizar una denuncia, describieron su entorno como un lugar muy peligroso para sus hijos.
Deben cruzar las descuidadas calles, algunas intransitables por los baches, por la noche hay poca visibilidad y el agua potable apenas alcanza.
“Las personas que queremos tener limpio no podemos, porque los invasores te echan el agua sucia o la basura, además, nos roban el agua y la luz a la vista de las autoridades”, contaron.
“Se burlan de la Policía Municipal o los estatales cuando llegan a pasar por esta calle y no se puede hablar con ellos, porque te dicen groserías”, dijo una de las afectadas.
El conflicto ha escalado a un nivel de acoso, en el cual los invasores se ríen de ellos cuando los reportan al Departamento de Ecología Municipal, pues los inspectores nunca llegan.
Antes de pensar en irse del fraccionamiento a buscar un lugar más seguro para sus hijos, los residentes consideran la posibilidad de tener un acuerdo con las autoridades, un apoyo del gobierno municipal y el estatal.
SEGUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
Los datos más actualizados del Infonavit en Baja California para 2024, indican que entregarán 243 créditos para la adquisición de vivienda, 10 de éstos para empleados con ingresos, calculados en Unidades de Medida de Actualización (UMA) que van de 400 a 500 pesos al día y así adquirir una propiedad de 150 mil a 513 mil pesos.
Otros 206 créditos son para quienes alcanzan un salario de 500 a mil pesos, para una vivienda de entre medio a un millón de pesos, y finalmente, 27 créditos para aquellos que ganan más de mil pesos con acceso a propiedades con un valor mayor al millón de pesos.
La inversión estimada es de mil 216 millones de pesos, de los 6 mil 637 millones proyectados para BC.
Las últimas declaraciones del titular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en Baja California describen un panorama de crecimiento en el sector de la vivienda para 2024, con un incremento en la inversión y la construcción proyectada.
Sin embargo, también mencionó desafíos significativos, como la escasez de mano de obra y el aumento en el costo de los insumos, que limitarían el crecimiento esperado.
La inversión y construcción en 2024 anticipó un aumento en la inversión para el año en curso, proyectando alcanzar los 900 millones de pesos. Cifra con la cual construirían mil 700 viviendas.
Las viviendas que se construirán tendrán un rango de precios variado, desde 650 mil pesos hasta 4 millones de pesos. Las más costosas están dirigidas a segmentos de mayor poder adquisitivo.
PABLO ALEJO Y SUS REGIDORES APROBARON CONSTRUCCIÓN DE “MICROCASAS”
La disputa por la construcción de casas de interés social en la Zona Noroeste, donde pretendían construir una ciudad con todos los servicios, desde hospitales, universidades y centros deportivos, inició cuando los desarrolladores lo solicitaron a las autoridades del ex alcalde Pablo Alejo López Núñez.
Una administración municipal anterior, la de César Mancillas Amador, publicó un acuerdo en la Ley de Edificación para que ninguna casa midiera menos de 45 metros cuadrados.
Un año después, en el gobierno de Alejo Núñez, se aprobó una reforma que redujo el tamaño mínimo permitido de las casas de 45 a 30 metros cuadrados, lo que representa una reducción de 15 metros cuadrados. También autorizaron reducir el tamaño mínimo de los pies de casa, de 21 a 17 metros cuadrados.
En ese año hubo protestas por la aprobación, el argumento era el tamaño mínimo de las viviendas, el cual tendría efectos a largo plazo en la planificación urbana y las condiciones habitacionales de la población.
La Ley de Edificación vigente, que establecía el tamaño mínimo de 45 metros cuadrados, fue aprobada durante la administración pasada, con la publicación de la reforma el 30 de noviembre de 2007 bajo la presidencia municipal de César Mancillas.
Los cambios fueron promovidos en ese entonces por la regidora Catalina Talavera Nava, coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, la cual tuvo un impacto en los fraccionamientos de interés social.
Para entonces, la reforma se aprobó a menos de un año de la anterior, lo que representó un cambio significativo en la política de desarrollo urbano de Ensenada en un período de tiempo corto.
