Tres funcionarios de segundo nivel de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, que habían librado las acusaciones por el presunto desvío de mil 500 millones de pesos de la administración estatal, tendrán que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados.
A través de un recurso de apelación presentado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, dirigida por Juan José Pon, tres ex trabajadores del gobierno panista que habían resultado absueltos de las acusaciones tendrán que seguir bajo proceso judicial, en la acusación 5760/2020,.
-inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP-
Mediante un documento en poder de ZETA, se pudo constatar que los tres implicados de nombre José Luis Marín Berúmen, Isauro López Cárdenas, ex coordinador de Gabinete y Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto, quienes fueron acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron quiénes -presuntamente- realizaron pagos con un valor de mil 586 millones 150 mil 299 pesos a 91 empresas que no estaban registradas en el Padrón de Proveedores de Baja California y tampoco en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno Federal.
Este es el conocido caso de corrupción que involucró a varios funcionarios de la administración kikista, donde se involucraron otros secretarios y personal de primer nivel.
Y es que el 10 de agosto del 2022, los tres individuos fueron imputados por su presunta participación en el presunto desvío de recursos, pero luego de la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), los tres sujetos fueron absueltos bajo el argumento de que no se trataba de pagos ilegales los que realizaron a empresas que muchas de ellas carecían de oficinas, funcionarios actividades; o bien, estuvieron implicadas en actividades ilícitas.
La decisión inconformó al Poder Ejecutivo que tras interponer una demanda de amparo en contra de la decisión, llevó su caso hasta el Tercer Tribunal Colegiado, del Décimo Quinto Circuito, donde tras varios meses de análisis, el pasado 27 de junio decidieron o ”revocar” la sentencia emitida por el tribunal local y ordenar que se emita una nueva sentencia analizando nuevos parámetros.
Está determinación “revive” el ya sentenciado caso en contra de ex trabajadores de Kiko Vega, en el presunto desvío de mil 500 mdp, denuncia presentada desde el año 2020, pero que se ha extendido a lo largo de los años.