Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador -finalmente- aceptó que un caso de corrupción de las dimensiones -o aún mayores- a la estafa maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es “la mancha que me llevo”.
Se refirió así al escándalo de corrupción de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), dependencia que fue creada en el presente sexenio para hacer las labores que en su momento desarrolló Conasupo: adquisición, procesamiento, almacenamiento y distribución de productos alimentarios del campo y la ganadería mexicanos, para beneficio de poblaciones vulnerables en el país.
Pero igual que aquella Conasupo, tiznada por la corrupción de gobiernos priistas, terminó Segalmex. Evidenciadas las millonarias irregularidades no sólo por organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción la Impunidad, a través de piezas de investigación periodista, sino también por instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación, que destacó en las revisiones hacia la institución malos manejos por más de 15 mil millones de pesos; o las indagaciones que revelaron la comisión de delitos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y finalmente las decenas de denuncias en la FGR contra funcionarios de Segalmex.
A diferencia de la estafa maestra en la administración de Peña, en la que se refirieron montos que superan los siete mil millones de pesos, en el caso de Segalmex fueron, por lo menos, arriba de 13 mil millones de pesos; prácticamente el doble en el nuevo esquema corrupto en el primer gobierno de Morena en la República Mexicana. También, a diferencia del sexenio pasado, quien encabezó la Segalmex al momento de la defraudación, Ignacio Lavalle, no pisó la cárcel; de hecho, fue respaldado por el Presidente López Obrador, quien lo nombró titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Mientras que al inicio del gobierno obradorista, quien fuera la titular de dos secretarías cuando se descubrió la estafa maestra, Rosario Robles, fue detenida y puesta en prisión preventiva oficiosa, aun cuando en 2022 fue exonerada de los cargos.
Representa Segalmex una mancha en el sexenio de López Obrador… definitivamente sí, como él mismo lo asienta; pero a diferencia del pensamiento presidencial, no es la única.
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El sexenio obradorista tiene muchas manchas en su haber. La más grande, después del desfalco en Segalmex, es quizá la de la inseguridad. Cerrará su administración con más de 190 mil manchas, cada una de sangre, contabilizando los asesinatos en el país que en este gobierno elevaron la estadística hasta sobrepasar las registradas en los dos sexenios inmediatos anteriores, el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Minutos después que el Presidente declaraba que la única mancha que hay en su gobierno es la de la corrupción en Segalmex, estudiantes y familiares de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, se manifestaron ante la inconformidad del tratamiento y de la investigación que sobre el caso se hizo en el presente sexenio, anotando que en la administración de López Obrador no hubo ningún avance para esclarecer lo ocurrido entre la noche del 26 y el día 27 de septiembre de 2014 y conocer el destino de los jóvenes desaparecidos. Considerando la relevancia del caso para la memoria histórica del País y la judicialización del expediente, el caso Ayotzinapa, que utilizó el hoy Presidente durante su campaña y sobre el que se comprometió a no dejar en el olvido, y resolver desde Palacio Nacional, es una mancha que trascendió a su sexenio.
Entre las manchas que se pueden contabilizar, están también las 117 masacres que se han registrado en el País tan sólo en lo que va de este 2024, muchas de ellas minimizadas por el propio Presidente, y justificadas con cobrar relevancia mediática únicamente para afectarlo a él. Lo que se liga con otra mancha muy grande que se lleva: la impunidad de la criminalidad organizada, en los cárteles de la droga en el País.
Efectivamente, con la creación de la Guardia Nacional y la eliminación de la Policía Federal, la política antidrogas tuvo un dramático cambio en México: sazonada con una inacción de la Fiscalía General de la República, el país transitó a una guerra contra las drogas con Calderón; a una paz para México de Peña; a los abrazos, no balazos, de López Obrador.
Con esa retórica de campaña, la de abrazos, no balazos, se dejó de investigar y perseguir en el país a quienes, llamados “generadores de violencia”, han mantenido a la República contabilizando ejecuciones, secuestros, extorsiones a los sectores productivos, y producción, trasiego, distribución y venta de droga. Una mancha más en un sexenio en el cual el crimen organizado y los liderazgos criminales gozaron de impunidad.
Tampoco hubo castigo a la corrupción. En campaña el Presidente prometió castigarla, pero arribando a la silla del Águila su postura cambió. Se dedicó a culpar a otros, particularmente de administraciones pasadas, sin que alguno de ellos terminara tras las rejas. Lo que despertó no sólo la sospecha de un pacto de impunidad, particularmente con el Presidente Enrique Peña y sus colaboradores, sino que fue una pauta para presentes servidores públicos, de impunidad ante casos de corrupción.
Los señalamientos contra miembros de su gabinete como Rocío Nahle, Manuel Bartlett o los propios hijos del Presidente, que han intentado con una carta y su palabra eliminar esas sospechas sobre sí mismos, son manchas que también son evidentes en esta administración. Así que no, no sólo es una mancha la que se lleva el Presidente López Obrador. Tiene muchas. México hoy día es un país más inseguro, más violento, con mayor impunidad y corrupción que al inicio de su sexenio.
