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miércoles, julio 3, 2024
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Empantanada, deuda millonaria del FIDEM I

Falta por asignar casi la mitad de los recursos de 2023 y 2024 ya entregados al Fideicomiso Empresarial constituido durante el gobierno estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda. En Rosarito, FIDEM II financiaría estudios para el proyecto Ventana al Mar de Araceli Brown, que pretende expropiar los predios de la familia Tejeda

A cinco días de concluir la gestión de Jaime Bonilla Valdez, el 26 de octubre de 2021, funcionarios y empresarios que integraban el Comité Técnico del Fideicomiso Empresarial de Baja California (hoy conocido como FIDEM I) aprobaron ilegalmente la donación en pago de 19 predios, en un intento por finiquitar el adeudo de 191.1 millones de pesos.

Casi tres años después, el pago del adeudo está “empantanado”. No hay viso de solución, ni está definida la ruta jurídica que destrabe la irregularidad cometida.


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Los 19 predios, ubicados en Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tijuana, están en el limbo legal, al no poder entregarse al FIDEM I, ya que el fideicomisario (Intercam) no autorizó su recepción, debido a que el fideicomiso carece de la facultad para recibir y vender inmuebles. El gobierno actual tampoco dio seguimiento a la promesa de la administración bonillista de crear un nuevo FIDEM que estableciera en su patrimonio los terrenos, o en todo caso, los vendiera para liquidar el adeudo.

Destrabar el lío legal implica que la Secretaría de Economía e Innovación, la Procuraduría Fiscal, la Consejería Jurídica, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso, encuentren una ruta para reconocer que fue ilegal el pago en especie, reincorporar los predios al dominio público, admitir el adeudo y pagarlo monetariamente. Proceso que tiene como principal obstáculo la Cuenta Pública 2021 aprobada por el Congreso y en la que el gobierno estatal dio por pagado el adeudo contablemente.

En su momento, el Congreso debió haber revisado que ese pago en especie no cumplía con las reglas del Fideicomiso, que Intercam nunca lo autorizó y que el notario Número 1 de Mexicali, Héctor Manuel Acosta Moreno, no debió certificarlo, señaló el actual secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales.


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“Cuando salga esto, lo que tarde judicialmente esto, va a haber personas de los dos lados, responsables”, afirmó el funcionario en referencia a quienes aprobaron el acuerdo en la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico, celebrada en octubre de 2021, aunque sin aclarar si existe una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

ZETA tuvo acceso a la grabación de esa sesión en la que sólo el representante del Consejo de Desarrollo de Mexicali no votó verbalmente. En cambio, contó con la aprobación de los representantes de los Consejos de Desarrollo de Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito; así como de las secretarías de Educación y Hacienda.

Foto: Cortesía

No obstante, en el acta de la sesión figuran las firmas de los presidentes de los Consejos de Desarrollo de Mexicali (René Acuña Uscanga), Tijuana (Luis Lutteroth del Riego), Tecate (Lorena Fimbres Méndez), Ensenada (Marco Antonio Estudillo Bernal) y Rosarito (Juan Santana Bosquett). Además de los representantes de Hacienda (Joscelin Aleyda Delgado), Secretaría General de Gobierno (Manuel Ramos Rubio), el secretario ejecutivo José Guadalupe Ramírez y de Rubén Roa Dueñas, subsecretario de Economía, en su calidad de presidente suplente del Comité Técnico.

Meses antes, en julio de 2021, ya habían firmado el Convenio de reconocimiento de adeudo y dación de pago los entonces secretarios de Hacienda, Adalberto González Higuera; de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan (en su calidad del presidente del Comité Técnico del FIDEM) y el oficial mayor Israel Clemente González.

En el documento se reconoce el adeudo de 191 millones 490 mil 427.44 pesos del Poder Ejecutivo al FIDEM por no haber entregado el 5% de los ingresos totales del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (en un incumplimiento flagrante de la Ley).

Señala que los 19 predios tenían un valor fiscal de 166 millones 450 mil 486 pesos, conforme a la Comisión Estatal de Avalúos. Su valor comercial ascendía a 224 millones 277 mil 087.62 pesos; es decir, 32.7 millones más que el monto adeudado, según una investigación de mercado elaborada a propósito del convenio.

Del total de predios, ocho se encuentran en el fraccionamiento Plaza del Mar en Rosarito, siete en Villa Punta Piedra en Ensenada, dos en Mexicali (uno en Verona y otro en Mayakhan) y dos más en Tijuana (Villa Colonial y Las Villas Tijuana).

Roberto Lyle, Presidente del Consejo deDezarrollo de Tijuana CDT, Foto: Ramón Tomás Blanco Villalón

HABRÍA DEFINICIÓN EN AGOSTO

El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Roberto Lyle Fritch, relató que a finales de abril de 2024 el sector empresarial tuvo una reunión con la actual subsecretaria de Economía, Michelle Guerrero, quien les hizo saber que el gobierno no puede entregar los terrenos, ni puede dar reversa: “Prácticamente está empantanado, así nos lo dijo”

Ante tal panorama, el sector empresarial acordó buscar una reunión con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Honold Morales para definir lo que ocurrirá. “Vamos a buscar la opción del recurso que se pague en dinero, y si no, vamos a buscar la manera de que se lleven a cabo proyectos estratégicos en infraestructura, que es lo que más requerimos”, adelantó.

Lyle Fritch planteó que uno de los proyectos que podría recibir recursos del FIDEM I bajo ese último esquema es el Umbral de las Américas, que requiere una inversión de 370 millones de pesos para ampliar y rehabilitar con miradores, ciclopista y quiscos comerciales el puente Naciones Unidas, que va de la Garita El Chaparral a la Avenida Revolución en Tijuana.

“El Municipio ya aprobó una tercera parte. La idea es que Gobierno del Estado apoye con otra tercera parte y de alguna manera del Fondo, de este FIDEM I, pueda salir otra tercera parte”, agregó.

Por su parte, Héctor Contreras, presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, confió en que logrará saldarse el adeudo heredado por Bonilla Valdez, pues se están retomando las negociaciones con el Estado para recuperar ese recurso pendiente. Consideró que si se “agotan los canales políticos” se presentaría algún recurso legal, ya que es un recurso que debió haber ingresado.

En tanto, Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana y coordinador de los CCE del Estado, aseguró que sigue habiendo conversaciones con Secretaría de Economía y el Departamento Jurídico del gobierno estatal.

Confió en que en agosto se definiría un camino “para hacer ese pago o la situación que se va a dar (…) hasta hoy no hay una negativa por parte de Gobierno del Estado de que no se va a pagar, y también del sector empresarial seguimos en el mismo proceso de recibir esos recursos”.

 

FIDEM II RECIBIÓ 450 MDP

En diciembre de 2021, la gobernadora de BC anunció la creación del FIDEM II y el cambio de sus reglas de operación, para que el recurso verdaderamente impulsara el desarrollo económico y el dinero no sólo fuera a las cámaras empresariales.

El FIDEM II arrancó teniendo como fiduciario a BBVA, estableciéndose tres modalidades para ejercer el recurso: 40% del recurso total para proyectos estratégicos, 40% para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME); y 20% para promoción de bienes y servicios. Hasta mayo de 2024 había recibido globalmente 450 millones de pesos.

De esa cantidad, 239.5 millones de pesos corresponden de enero de 2023 a mayo de 2024. Lapso en que fueron aprobados 104 proyectos por 131 millones 665 mil 230 pesos. Es decir, falta por asignar 45% del recurso ya enterado al FIDEM.

De los fondos de 2023 y 2024, Tijuana tuvo el mayor porcentaje de apoyo (40%), seguido de Mexicali (22%), Ensenada (17%), Tecate (14%) y Playas de Rosarito (7%), según datos de la Secretaría de Economía e Innovación (SEI).

Información proporcionada por los Consejos de Tijuana, Ensenada y Mexicali y la propia SEI refleja que la mayor parte del recurso sigue concentrándose en cámaras empresariales o los propios Consejos de Desarrollo, pese a que el recurso del Fideicomiso proviene del impuesto sobre la nómina que pagan las empresas instaladas en el Estado, muchas de ellas sin afiliación a ninguna cámara.

Siguen presentándose proyectos ejecutivos cuya realización es incierta y que son facultad de los tres órdenes de gobierno, incluso proyectos cuyo impulso al desarrollo económico es cuestionable, como la realización de murales artísticos de identidad en Playas de Rosarito por 395 mil pesos.

En el periodo de referencia, de Tijuana se aprobaron 34 proyectos por 52.0 millones de pesos. El CDT es el organismo con más recursos obtenidos (25.8 millones de pesos, mdp); seguido del Museo Ámbar (7.4 mdp), cuya reapertura se ha ido postergando por cuestiones técnicas y que iniciaría operaciones en agosto; además de Canirac (4.6 mdp), Canaco (3.6 mdp), CCE (3.4 mdp), Deitac (3.4 mdp), Canacar (3.0 mdp), CCSP (2.7 mdp) y CMIC (2.3 mdp), entre otros.

Entre los proyectos aprobados, destaca la adquisición de simuladores para operadores de tractocamión y de maquinaria pesada, de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con los que se busca capacitar al personal, en aras de cubrir vacantes. Además de los proyectos presentados por el CDT: Tijuana Diseño al Margen, Tijuana-San Diego Artes Hoy, y la habilitación de espacios en Parque Natura y Cerro de Las Abejas.

De Mexicali fueron aprobados 13 proyectos por 29.5 millones de pesos, entre estos, dos del Comité de Vinculación de Mexicali (campaña de cambio de actitud Ponte Trucha y COMVISEALS, el cual desarrolla habilidades de liderazgo y comunicación de los alumnos en los dos últimos semestres de las carreras de ingeniería).

De Ensenada, se aprobaron 26 proyectos que suman 22.3 millones de pesos (13.5 mdp 2024/ 8.7 mdp 2023), parte de ese recurso (2.7 mdp) se destinó a cinco proyectos del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), entre los que destacan las directrices del desarrollo urbano de la región Misión-Salsipuedes; Agencia de Desarrollo Local y el software y página web para información estadística de los sectores productivos.

De Tecate consiguieron aprobación 20 proyectos por 18.7 millones de pesos, como los desarrollados por el CCE Tecate: estudio de factibilidad de plantas residuales San Pablo (734 mil pesos), estudio de factibilidad para Bulevar Industrial Zona Este (2 mdp) y para el análisis y diagnóstico del encadenamiento de PyME del sector urbano y rural (375 mil pesos).

Canacintra presentó tres proyectos por un millón 33 mil pesos (Feria del Empleo 2024, Expo Industrial Tecate 2024 y Programa de Capacitación Básica o Especializada en Sistemas de Diseño).

 

ESTUDIOS PARA VENTANA AL MAR DE ROSARITO

De Rosarito se aprobaron once proyectos por 9.0 millones de pesos. Destaca el del Consejo de Desarrollo de Playas de Rosarito, denominado Paseo de la Playa Abelardo L. Rodríguez, que contempla estudios cálculos estructurales, diseño de rompeolas, entre otros, para el proyecto Ventana al Mar.  

Llama la atención que con dinero del FIDEM II se estuvieran financiando estudios para un proyecto que impulsa la alcaldesa Araceli Brown, con el que se pretende expropiar tres predios de la familia Tejeda, aun cuando en otras expropiaciones como el Club Campestre de Tijuana, diversos personajes del sector empresarial manifestaron su oposición.

 

FALTA TRANSPARENCIA

De los cinco Consejos de Desarrollo, solamente el de Ensenada tiene en su portal de internet información identificada y actualizada sobre los proyectos aprobados en 2023 y 2024. Ninguno tiene a consulta de la ciudadanía las sesiones bimestrales del Comité Técnico, ni las actas correspondientes.

Interrogado sobre ello, Carlos Jaramillo Silva, del CCE Tijuana, señaló: “No debería haber razón por la cual no se presenten, a final de cuentas son recursos del sector que están trabajando en diferentes iniciativas. Hay un proceso transparente en cómo se ejercen esos recursos, los comités por los que van pasando, la evaluación de los mismos, e incluso las reglas de operación”.

Por parte del gobierno estatal, la SEI está construyendo un portal con esa información, pero se desconoce cuándo comenzará a operar.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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