Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre el 5 de abril de 2011 y el 24 de septiembre de 2016, abandonó el 26 de junio de 2026 el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, y fue trasladado a un inmueble en el Estado de México, donde cumplirá prisión domiciliaria con brazalete electrónico en el marco del único proceso penal que aún enfrenta: el de lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La excarcelación de Borge Angulo se produjo siete años y 22 días después de su detención en Panamá, el 4 de junio de 2017. Un juez de control del Centro de Justicia de Tepic, Nayarit, realizó la madrugada del 26 de junio de 2026 la diligencia de colocación del brazalete geolocalizador al ex mandatario e instruyó su traslado. Ante el juzgador también se certificó que Borge Angulo cubrió una garantía de 10 millones de pesos, una de las cinco medidas cautelares que le fueron impuestas en el proceso de lavado en sustitución de la prisión preventiva justificada. Las cuatro disposiciones restantes son el resguardo domiciliario, la prohibición de salir del país con entrega de pasaporte y visa, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con autoridades, partes u ofendidos.
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El camino hacia la libertad del ex mandatario quintanarroense se despejó el 28 de mayo de 2026, cuando Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, emitió una sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada. El juzgador determinó que la FGR no logró acreditar el ilícito, al concluir que ninguno de los testigos de la fiscalía declaró que Borge Angulo hubiera dirigido un grupo criminal. “Emití fallo de absolución a favor de Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, precisó Alonso Ortiz en el acuerdo correspondiente. De haber sido hallado culpable en ese cargo, la condena habría oscilado entre 20 y 40 años de prisión.
En el proceso de lavado de dinero, donde aún no se ha dictado sentencia, Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, le concedió a Borge Angulo desde el 18 de diciembre de 2023 la medida cautelar de prisión domiciliaria con brazalete electrónico. Sin embargo, la excarcelación se demoró por un incidente procesal: Carmen Nayelly Ortega Gutiérrez, la juez de control de Ciudad Nezahualcóyotl entonces responsable del caso, se declaró impedida para tramitar el expediente por un posible conflicto de interés, con fundamento en el artículo 212, fracciones II y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La juzgadora turnó la excusa al Tribunal Colegiado de Apelación de la misma ciudad, con solicitud de resolución urgente, al considerar que las cuestiones pendientes podrían incidir en la situación de libertad del imputado. El Tribunal resolvió que el impedimento no era procedente, pero ante la hora en que se notificó el fallo, fue un juez de guardia del mismo Centro de Justicia quien ejecutó la excarcelación.
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Ambos procesos federales —el de delincuencia organizada y el de lavado de dinero— se originaron en los mismos hechos. Según la FGR, Borge Angulo se valió de su investidura gubernamental para rematar a amigos y familiares 22 predios de las reservas territoriales de Quintana Roo en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Los terrenos fueron enajenados en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real ascendía a mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos, lo que representó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.77 pesos a las arcas estatales. Para concretar las operaciones, según los fiscales federales, se conformó una red de empresas fantasma —entre ellas Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe— que adquirieron los inmuebles en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y Othón P. Blanco. En el entramado también figuró Claudia Romanillos Villanueva, quien se desempeñó como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado durante la gestión de Borge Angulo.
El ex gobernador fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a París, Francia. Permaneció recluido durante siete meses en la prisión panameña “El Renacer” hasta que, el 4 de enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá lo extraditó a México, entregándolo a autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Ese mismo día ingresó al CEFEREPSI. El 8 de junio de 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI lo había expulsado de sus filas por unanimidad, al considerar que su conducta provocó efectos negativos al instituto político.
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En el fuero común, Borge Angulo enfrentó tres procesos que ya no se encuentran vigentes: uno por peculado vinculado al presunto desvío de 594 millones de pesos mediante la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. entre 2011 y 2013; otro por la entrega irregular de cinco concesiones de carros de golf en Isla Mujeres durante 2015 y 2016; y un tercero por la venta ilegal de 18 predios del estado por 2 mil 519 millones de pesos. En el proceso de lavado aún pendiente, de acreditarse la plena responsabilidad del ex mandatario, la pena oscilaría entre 5 y 15 años de prisión.
