La alcaldesa de La Paz Milena Quiroga Romero denunció al Ayuntamiento de La Paz porque encontró una red más de corrupción dentro de su administración municipal; ahora se suma la red en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) La Paz, la Dirección de Catastro Municipal y la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Ante medios de comunicación, Milena Quiroga evidenció más actos de corrupción al interior del Ayuntamiento. Primero fue el tráfico de licencias de alcohol a través de la Dirección de Comercio, en el que hay por lo menos tres funcionarios vinculados a proceso por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el ex director y dos inspectores.
Ahora, confirmó que “en Catastro también se emitían firmas y documentos falsos; ya hay uno vinculado a proceso”, externó.
Desde marzo del 2022 ya había denunciado una red de corrupción en la Dirección de Catastro, en la que dijo estaban involucrados funcionarios públicos de la pasada administración, es decir, del ex alcalde Rubén Muñoz Álvarez.
En ese entonces, dijo que funcionarios y gestores manipulaban el sistema para reducir el valor catastral de los predios, y de esta manera lograr disminuir el pago de impuestos, como el predial, recordando que en enero del 2022, se aprobó el aumento al tabulador de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades.
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“Esta red de corrupción operó de tal forma que hizo algunas modificaciones en el sistema con algunos valores de predios, modificando su valor de 94 millones a tres millones, para que el valor del impuesto cobrado predial fuera menor al real. Esto se vino realizando desde el año pasado (2021), lo detectamos en el sistema, que primeramente un predio en particular, tenía un valor de 94 millones, lo cual generaba un impuesto predial de casi cuatro millones; lo modificaron en el sistema, cambiando el valor del predio de 94 millones a 9 millones y medio. Unos días después volvieron a modificar el valor de nueve millones y medio a casi un millón. Originalmente arrojaba en el sistema un impuesto predial de casi cuatro millones, reducido a 16 mil pesos… una diferencia de tres millones ochocientos noventa y seis mil pesos”, expresó en su momento Quiroga.
Son cuatro servidores de Catastro los denunciados por las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, además de un externo que ya está vinculado a proceso; se trata de Guillermo Santillán Meza, que en su carácter de Notario Público número 20, firmó con fecha 26 de agosto de 2022, la escritura pública número 13, en la que refiere la adjudicación testamentaria de bienes por herencia legítima del señor J. B. A. G., referente al predio rústico denominado “Ensenada de Muertos”, ubicado en el San Antonio al sur del municipio de La Paz, con superficie de 1755-61 hectáreas.
En los datos proporcionados a ZETA, se detectaron irregularidades tales como:
Avalúo pericial número IMO/***/22 de fecha 27 de mayo de 2022, signado por el arquitecto I. M. O., con sellos falsos de la Dirección General de Catastro del H.XVII Ayuntamiento de La Paz con la leyenda “autorizado avalúos”, así como las firmas del director general de Catastro, la subdirectora técnica y la encargada de Avalúos.
Se dio fe de que a los 29 días del mes de agosto de 2022 se había presentado la declaración y pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sin embargo, ese documento, consistente en la declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles de la clave catastral 1-***-0001, falseó la documentación de la Tesorería Municipal de La Paz. Dicho documento no es el formato oficial porque no cuenta con el código QR, y el sello de la Subdirección de Recaudación o la firma del subdirector de Recaudación.
También se falsificó la factura por la cantidad de 200,966.27 pesos (doscientos mil novecientos sesenta y seis mil pesos 27/100 M.N.) de fecha 29 de agosto de 2022; no dio aviso a la Tesorería municipal; además, al escanear el QR de la factura remite a una distinta, emitida el 14 de enero de 2022 a nombre de diferente receptor por la cantidad de 64,330.87 pesos (sesenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 87/100 M.N.)
En la escritura pública 13, estampó la certificación de la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de La Paz, falseando la firma del director general de Catastro de La Paz.
El 26 de septiembre de 2022, el Notario Público, a través de su gestora autorizada, usó las documentales referidas, para inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de La Paz, la escritura pública número 13, quedando inscrita finalmente el 30 de septiembre de 2022.
Todo parece indicar que de nuevo se detectó una red de corrupción en Catastro, o que -en dado caso- era más amplia a la inicial, pero ahora ya con cargo a los funcionarios públicos de Milena Quiroga Romero, una red que supuestamente había sido descubierta y desarticulada desde los primeros meses de administración.
Este tráfico de influencias estaba comandando, dijo la alcaldesa, por funcionarios sindicalizados y de confianza.
“No tenemos el monto de pérdida porque la investigación se está corriendo; seguramente eso ya se va a aclarar conforme vaya avanzando la investigación, pero sí, ellos tenían una manera de operar, hablaban con quienes querían hacer algún contrato para que se evitara hacer el contrato y también tenían los inspectores por ahí un grupo que evitaban inspeccionar en donde ya sabían que había ciertos arreglos, y pues parece ser que ya tenían muchos años operando. Hubo cierta resistencia, son trabajadores sindicalizados y de confianza”, señaló Quiroga Romero.
TRANSAS CON EL AGUA EN LA PAZ
Desde la salida de Mario Ramón Gálvez Gámez como director del Oomsapas La Paz a finales de febrero de este año, el descontrol de la red en el uso de agua potable ha afectado a los ciudadanos. El 14 de mayo, elementos de la Policía Municipal de La Paz y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron una pipa extrayendo agua de manera irregular de conexiones de viviendas en la colonia Olas Altas, pero esto se ha repetido en múltiples ocasiones, detectando múltiples tomas clandestinas, que no contaban con un registro oficial, pero que supuestamente sí habían pagado a servidores públicos.
“Es muy injusto que dentro del Oomsapas haya quienes estén desviando el recurso; no se han dado cuenta del gran daño que han hecho, ya que es un tema de operaciones, de servicio público y transparencia que afecta a la operación porque el hecho de que no se tengan recursos para comprar piezas, válvulas, tuberías, afecta el suministro de agua que llega a la gente”, denunció la alcaldesa de La Paz.
Se trataría inicialmente de tres servidores públicos que ya fueron dados de baja del Organismo, pero que siguen bajo investigación, ya que se siguen detectando irregularidades en instalaciones, servicios que mantienen algunas empresas reconectadas irregularmente, pero que difícilmente pueden detectar por ser tomas subterráneas.
“En la aplicación APP La Paz está la opción de denuncia anónima: dice ‘Corrupción de servidores públicos’; ahí pueden poner información e incluir fotografías, es completamente anónimo. No hay que dejar de denunciar, ayúdenos a combatirlo; tengan la confianza de que las denuncias proceden y no vamos a permitir la corrupción”, detalló la funcionaria.
Expresó que “el mensaje es claro, no vamos a permitir la corrupción” porque ya se combatió a tres redes de corrupción contando al SAPA, Catastro y la de Comercio, pues según está “dando un mensaje contundente de cero tolerancia a la corrupción”, reconoció Milena Quiroga. Ahora sólo falta el resto de las dependencias, como Tránsito Municipal.
TRÁNSITO MUNICIPAL “EXCLUSIVO”
En esta presunta red de corruptelas también está involucrada la Policía de Rut de la Fuente Velázquez; y es que fue filtrado a ZETA que están en revisión las áreas de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
La primera sección de Tránsito Municipal sería en la contratación de estacionamientos exclusivos, en donde se está auditando cada uno de los espacios contratados, ya que no hay certidumbre, debido a la falta de control de los estacionamientos.
“Apenas hace unas semanas los directivos muy enojados empezaron a regañar a los comandantes, que cómo era posible que esto se permitiera en la corporación, que no se tenga un control en la adquisición y arrendamiento de estacionamientos exclusivos, los que se pintan de color verde. Se dice que hay un cochinero y que están checando espacio por espacio, ya que se ha localizado muchos que no estaban dados de alta, que físicamente están pintados, pero que en los registros no hay documentación en sistema y a los ciudadanos ya se les cobró. Eso es lo que dijeron”, dio a conocer la fuente del Ayuntamiento de La Paz.
Los servidores públicos acuden directamente con los ciudadanos que pretenden solicitar exclusivos, después de que son captados en las oficinas para realizar su trámite; ellos evitan que haga cualquier movimiento, acuden como gestores algunos y otros utilizan a los gestores para realizar el procedimiento.
Sin que puedan darse cuenta del engaño, les ofertan el lugar “con descuento” y sólo en algunos casos se les pinta. “A otros, cuando son movimientos de los mismos agentes, les dicen que no los van a multar, pero que pinten ellos mismos la banqueta, nomás un color que se asimile y dejan su teléfono de contacto, aunque este no se ocupa, porque la mayoría está apalabrado y respeta”, dijo la fuente municipal.
Se sabe de las cuotas que comandantes solicitan a los agentes de vialidad, pero en el caso de los estacionamientos, como no hay un registro total de los estacionamientos, “tendrían que ir calle por calle, banqueta por banqueta” para así detectar cada uno y cotejar con los que se encuentran ingresados en el sistema.
Pero este es el menor de los males. También en la Dirección de Transporte existen actos de corrupción, desde la denuncia que se hiciera en contra de Julio César Yepiz, quien entregaba fotocopias de permisos de transporte a unidades tipo pesero, taxis y automóviles de renta, hasta la red que se ha extendido en el municipio de La Paz.
Se trata también de los permisos para ingresar a la ciudad que se otorga a las unidades de transporte de carga. Según los lineamientos municipales, cada tractocamión y similares, deben acudir a la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal para pagar un permiso al bajar del ferry y circular en la ciudad, pero estos permisos no están siendo pagados; se les entrega mordidas a varios elementos del área para no ser molestados, y el recurso no llega a las oficinas, pero sí se queda entre los agentes.
“Les pagan una buena lana a la larga, esos permisos deberían pagarse en ventanilla y no es así; les dan su mordida semanal y sólo basta con que, si los detienen, les marquen a los oficiales, que son unos cuantos los que hacen esos cobros, les marcan y les piden que los suelten. Muchos camioneros ni se paran hasta que los obligan las patrullas, ya que los interrogan, ellos mismos dicen, como ya saben, ‘ya le pagué a tal o cual agente’, y es suficiente; ya los de vialidad poco pueden hacer, porque están arreglados arriba”, lanzó la fuente del Ayuntamiento.
Desde la Contraloría Municipal llevan meses investigando los casos de Tránsito, para tener la red completa y encontrar su forma de operar para desarticularla.
