En 2023, el gobierno de Baja California gastó 82.3 mil millones de pesos; esto fue 12.4% superior a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de ese año fiscal por el Congreso local, reveló un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).
Con ello, la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ubicó en el lugar 11 de los estados de la república mexicana con más variaciones entre el gasto aprobado y el ejercido. La lista del IMCO fue liderada por Sonora con sobregasto de 37.9%, seguido por Nuevo León 35.4%
La mayor parte del gasto ejercido en Baja California en 2023 (47.3 mil millones) se destinó a transferencias a municipios y al costo de la deuda pública. Mientras que, 12.9 mil millones fueron a las funciones del gobierno como justicia, servicios generales, asuntos financieros y hacendarios, entre otros.
En el rubro de desarrollo social se gastaron 19.7 mil millones, la mayor parte de ese recurso se fue a educación, seguido de protección social. En el rubro de desarrollo económico se ejercieron 2.4 mil millones, destinados a comunicaciones, asuntos económicos, comerciales y laborales; vivienda y servicios a la comunidad; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; ciencia, tecnología e innovación, así como turismo, entre otras.
En 2023, la administración de Ávila Olmeda no sólo gastó más, sino también obtuvo 18.9% más de ingresos respecto a los estimados. Así se ubicó dentro de las 15 entidades con más variación entre los ingresos proyectados y los obtenidos, según el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2024.
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En un inicio el gobierno bajacaliforniano estimó ingresos por 73.2 mil millones de pesos (mmdp) para 2023, pero terminó obteniendo 87 mmdp.
A nivel nacional, el año pasado 31 de las 32 entidades federativas subestimaron sus ingresos. “Además de ser una práctica generalizada, es un fenómeno recurrente y sistemático. Cada año, a lo largo de los últimos nueve ejercicios fiscales (2015-2023), los gobiernos estatales, en su conjunto, han reportado ingresos excedentes”, señaló el IMCO.
En 2023, los gobiernos de las 32 entidades registraron una recaudación total de 2.97 billones de pesos; lo que representó 7.8% más, en términos reales, a la observada en 2015.
Del total de ingresos 81.2% provino de la federación mediante las participaciones (Ramo 28) y las aportaciones (Ramo 33); 15.5% de ingresos propios como impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; y 3% de financiamiento.
Por otro lado, el IMCO resaltó que Baja California fue una de las siete entidades federativas que indicaron explícitamente que no contratarían deuda en 2023, pero que terminaron adquiriendo obligaciones financieras durante el año, por un monto conjunto de 10.2 mmdp.
“En el caso de Coahuila, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz esta es una práctica recurrente durante el periodo analizado –2015 a 2023–, mientras que en Baja California, Michoacán y Querétaro es una práctica esporádica”, aseveró la organización civil.
En este rubro llama la atención el caso de Sonora, cuya administración programó 1.3 mil millones de pesos de deuda para 2023, pero terminó contratando 26.9 mmdp.
En su reporte, el IMCO consideró que las variaciones sistemáticas entre los montos estimados y recaudados en los ingresos “revelan deficiencias estructurales en la planificación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos locales”.
Igualmente, las variaciones sistemáticas y significativas entre el gasto aprobado y ejercido reflejan un “proceso inadecuado de planificación o ejecución de los recursos públicos por parte de las secretarías de finanzas estatales”.
El cual permite que la mayoría de los gobiernos estatales pueda gastar montos significativamente distintos a los aprobados, distorsionando las prioridades de gasto determinadas por el Poder Legislativo de cada entidad federativa.
Las entidades federativas priorizaron y gastaron de más en la amortización de la deuda pública (174.0%); equipo e instrumental médico y de laboratorio (142.8%); vehículos y equipo de transporte (108.1%); servicios de comunicación social y publicidad (66.6%); y servicios oficiales (56.6%).
Mientras que no utilizaron todo lo presupuestalmente asignado (subejercicio) en Comunicaciones (-15.6%); ciencia, tecnología e innovación (-10.7%); minería, manufacturas y construcción (-5.4%); vivienda y servicios a la comunidad (-3.2%); así como combustibles y energía (-3.0%)
