La Jueza de Distrito en el Estado de Baja California, Martha Alicia Alanís Sánchez, concedió la suspensión definitiva promovida a través del juicio de amparo 1598/2023 promovido por padres de familia de alumnos de la Escuela Secundaria General Valle de Puebla ubicada en Mexicali, para que autoridades educativas resuelvan las omisiones educacionales como la falta de maestros e infraestructura adecuada para los estudiantes con necesidades especiales.
Mediante un documento de resolución la juez explica que la petición hecha por los padres y los alumnos, para tener una escuela que cubra sus necesidades fue admitida por lo que la estudiará conforme a los documentos de la Constitución Federal, Ley de Amparo y Tratados Internacionales.
Y es que mediante una vista realizado por la propia juez, ésta constató de primera mano las necesidades de los alumnos entre las que están la falta de equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura del plantel para que esté sea adecuado a las necesidades de su comunidad estudiantil, la falta de lineamientos en los cuales se determinen los criterios orientados para la prestación de los servicios de educación especial que cumplan con el principio de inclusión señalados en el artículo 64 de la Ley General de Educación.
También la falta de de supervisión para garantizar que la función de los docentes se den con los apoyos necesarios para su desempeño, de acuerdo a las necesidades especiales de los menores, como la implementación de los denominados “maestros sombra”; así como la falta de contemplar dentro del presupuesto al personal especializado en educación especial y al personal de psicología suficiente.
Y es que entre las necesidades especiales de los alumnos están el lento aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, autismo, asperger, visión débil y de escucha, no tienen la educación inclusiva que se establece en el artículo antes citado, por lo que se promovió el juicio de amparo antes mencionado para el que el Poder Judicial de la Federación determinó otorgar primero una suspensión provisional, ahora definitiva, para que las autoridades educativas emitieran una determinación provisional en la cual garantizaran el derecho al acceso a la educación básica y no discriminación contra los alumnos.
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