Entre señalamientos de corrupción policial en Estado y país, los Centros de Evaluación y Control de Confianza (C3) son uno de los principales fracasos en los últimos cinco años
Policías custodiando caravanas vehiculares del narcotráfico, agentes preventivos que participan en privaciones de la libertad y varios casos documentados de robo de drogas perpetrados por los mismos agentes -incluso en vehículos oficiales-, son parte del escenario normalizado por autoridades bajacalifornianas y federales en la entidad, en torno a las conductas al interior de corporaciones de seguridad.
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Cuando inició el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se planteó un modelo policial que tenía como objetivo reforzar la seguridad civil con mayores recursos para la corporación federal y las locales, pero instauró también un esquema de Evaluación de Control y Confianza, considerado por algunos inconstitucional, pues según el Artículo 123, los cuerpos de seguridad se rigen bajo sus propias reglas, por lo que cualquier agente puede ser removido de su cargo por el simple concepto de pérdida de confianza.
Si bien, se trata de una medida que los representantes policiales condenan, el objetivo era limpiar a las policías locales que históricamente habían sido involucradas con grupos delictivos. Estaban infiltradas o corrompidas.
Para ejemplo, lo exhibido por ZETA la semana anterior, cuando Mexicali fue tendencia debido a que se captó, claramente en video grabaciones, el traslado custodiado por policías municipales de un sujeto apodado El Pitufo, integrante de la estructura criminal Los Rusos. Es evidente que tal conducta no representaba una excepción, sino el reflejo de una acción recurrente por parte de cuatro elementos de la Policía Municipal, los cuales -coincidentemente- solicitaron vacaciones e incapacidades cuando sus nombres fueron exhibidos en estas páginas como activos participantes en el equipo de seguridad de Los Rusos.
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Pero este no es el único caso. En Tijuana se han documentado hechos similares anteriormente, y por parte de todas las corporaciones de seguridad, además de mencionar que gran número de asesinatos de policías -no todos- se originan por su involucramiento con la delincuencia organizada, o porque otros de sus compañeros los señalan para sacarlos de la acción.
Es importante cuestionar a directivos y funcionarios de primer nivel encargados de la seguridad, como la fiscal María Elena Andrade, el secretario Leopoldo Tizoc Aguilar Durán o a jefes policíacos como Pedro Ariel Mendívil y Fernando Sánchez, sobre el actuar de sus subordinados, cuando la realidad es que la responsabilidad debe recae también en los órganos internos de control y sobre todo en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), el cual actualmente depende de la Fiscalía General del Estado (FGE) y es responsable de garantizar la depuración policial y detectar posibles agentes en riesgo de incurrir en alguna actividad ilícita.
Y es que la mayoría de los agentes que se ven implicados en episodios criminales, presumen haber concluido satisfactoriamente con sus Exámenes de Control y Confianza, los cuales ya no representan un reto para los agentes que se someten a estas evaluaciones.
Lo mismo ocurre a nivel federal, donde la única depuración real se dio al momento de disolver la Gendarmería de Enrique Peña Nieto para crear la Guardia Nacional, pero fuera de ahí, el tema no se volvió a tomar con seriedad.
Las estrategias de depuración policial recaen en los C3, a los que desde hace muchos años ya no se le inyectan recursos para operar, no se les actualiza y sus determinaciones dejaron de ser relevantes para los órganos internos de control, los cuales ya no acatan las instrucciones de sancionar, atender o remover a los cuerpos policíacos.
Estamos ante uno de los episodios más oscuros en la época reciente, relacionados con el involucramiento de los grupos criminales en corporaciones de seguridad, mientras los encargados de la depuración se han visto rebasados.
Además de policías implicados con el narcotráfico, ministerios públicos y funcionarios se encuentran presos por tráfico de drogas en Estados Unidos, por actos que no fueron atendidos por los centros de control del Estado.
