“Hubo una involución en el ejercicio del poder presidencial, en perjuicio del propio Presidente. Luego los presidentes no se dan cuenta de que cuando ejercen un poder tan concentrado y tan absolutista, ellos son también perdedores, perdemos todos”, advirtió
Como “muy desafortunada” lamentó Diego Valadés la expresión de la candidata Claudia Sheinbaum (de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo), al referir como un “trámite” la elección presidencial del próximo 2 de junio.
En su paso por la Feria del Libro de Tijuana que se realizó entre el 17 y 26 de mayo, el reconocido Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro El Colegio Nacional habló con ZETA sobre los comicios donde se dirimirá la Presidencia de México para el sexenio 2024-2030.
“Esa expresión fue muy desafortunada, una elección no es un trámite. La elección es la forma a través de la cual nosotros, el pueblo, ejercemos nuestra soberanía, es el acto más importante que los ciudadanos llevamos a cabo; de manera que no se trata de un trámite, se trata de un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Considerar que la votación es un trámite es una forma muy displicente de lo que es el ejercicio más importante en la vida de una comunidad política, que es el del voto”, señaló Valadés, al tiempo que platicó con este Semanario sobre su libro “Los gobiernos de coalición en América Latina. Experiencias y perspectivas” (El Colegio Nacional, 2016).
“EL EJERCICIO DEL PODER CONCENTRADO EN EL PRESIDENTE”
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Durante la presentación de “Los gobiernos de colación en América Latina” en Tijuana, Diego Valadés (Mazatlán, 8 de mayo de 1945) planteó el concepto de “absolutismo presidencial” y advirtió que México es el país “más rezagado en concentración de poder”.
— ¿Se fortaleció la concentración del poder en el sistema presidencial de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?, cuestionó ZETA al jurista.
“La concentración está en la Constitución, pero la forma de ejercer ese poder concentrado, ha dependido siempre del talante de los presidentes. Por eso se planteó desde hace muchos años que, como culminación de los procesos de reforma democrático electoral, tiene que darse un proceso de reforma democrático institucional, lo que llamamos en su momento reforma del Estado, ése fue el gran debate que se dio al final del Siglo XX, en el año 90 en México. Y cuando llegó el Presidente Fox (2000-2006), inclusive estableció una comisión para la reforma del Estado que presidió Porfirio Muñoz Ledo. Pero luego el Presidente Fox no se hizo caso ni siquiera a sí mismo, no se dio el paso necesario para la reforma del Estado, todo se quedó como estaba, que era con un poder muy concentrado y evidentemente ha hecho crisis”.
Enseguida, Valadés lamentó la concentración del poder en Andrés Manuel López Obrador en el agonizante sexenio 2018-2024:
“Lo que hemos visto es justamente la crisis de ese absolutismo presidencial que está en la Constitución, pero que los presidentes habían aplicado de manera diferente en cada caso, pero nunca lo habían llevado al extremo que lo ha llevado el actual Presidente, quien ha utilizado su poder para hostilizar a los medios de comunicación, a las instituciones de educación superior, a los científicos, a los intelectuales, a los artistas, a la clase media, a los profesionales. De manera que el ejercicio del poder concentrado en el Presidente ha quedado a la vista de todos los mexicanos.
“La respuesta ha sido también, por otro lado, muy contundente y muy clara: por primera vez la sociedad mexicana se ha expresado en favor de la democracia en el país. Creo que esa ha sido la mejor respuesta que se le podía dar a un ejercicio desbordado del poder como el que hemos presenciado en estos años”.
“HUBO UNA INVOLUCIÓN EN EL EJERCICIO DEL PODER PRESIDENCIAL”
“En los sistemas presidenciales tradicionales los ministros responden ante el jefe de Estado y de gobierno”, advierte el doctor Diego Valadés en “Los gobiernos de coalición en América Latina”.
— A propósito de la lucha del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el sexenio 2018-2024, ¿retrocedió México de un sistema presidencial democrático hacia un sistema presidencial tradicional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?
“Sí, sí hubo una involución en el ejercicio del poder presidencial, en perjuicio del propio Presidente. Luego los presidentes no se dan cuenta de que cuando ejercen un poder tan concentrado y tan absolutista, ellos son también perdedores, perdemos todos: pierde la sociedad y pierden los presidentes. Por ejemplo, un Presidente como el que tenemos es alguien a quien sus colaboradores no se atreven a decirle la verdad; de manera que cuando toma decisiones como la de devastar la naturaleza en el caso de la Península de Yucatán, o de tirar a la basura centenares de millones de pesos como en el caso del Aeropuerto de México, sus colaboradores no se atreven a decirle nada y muchas veces, incluso, seguramente lo aplauden, por eso sigue cometiendo errores. De manera que esa forma de ejercicio del poder es perjudicial para todos, incluyendo al que ejerce el poder”.
— ¿Cómo era la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al inicio del actual sexenio y cómo concluye?
“Al inicio de la administración había una dualidad de expresiones: por un lado, muy laudatorias para el presidente de la Corte, pero muy despectivas para los integrantes del Poder Judicial, porque siempre se refirió a los jueces como corruptos, como incompetentes o como ajenos a las preocupaciones sociales”.
Entonces dejó claro que los jueces y magistrados no deben responder a criterios ideológicos:
“Los jueces solamente tienen que ejercer las funciones en los términos que la Ley y la Constitución establecen, no pueden orientarse por criterios ideológicos: la justicia ideologizada puede llevar a las peores aberraciones posibles y así lo ha demostrado la historia; pero el Presidente hacía esa distinción entre el presidente de la Corte por quien tenía mucha simpatía y el resto del Poder Judicial a quien desdeñaba desde un principio”.
Asimismo, en torno al “presidencialismo en la Corte”, Valadés señaló:
“La forma como está construido el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte de Justicia, hace que el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte tenga mucho poder. En el modelo anterior, la presidencia de la Corte era anual, y ahora se volvió de cuatro años; pero además, la presidente de la Corte o el presidente de la Corte preside el Consejo de la Judicatura, lo cual tampoco debería ser; el Consejo de la Judicatura debe ser un órgano, separado, independiente, no debe contar con la presidencia de quien también preside la Corte, eso hace que la presidencia de la Corte sea una presidencia institucionalmente muy fuerte, obedece a este patrón de concentración del poder con el que construimos la mayor parte de nuestras instituciones”.
— ¿Cuál es su postura en cuanto a los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de elegir a través del voto popular a magistrados y jueces?
“El voto popular lleva a la penetración de los partidos en la Corte, y, por tanto, a la ideologización de la justicia. Ese planteamiento no tiene ningún fundamento ni histórico, ni jurídico, ni lógico. Él menciona el caso de Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos solamente una parte de los estados y solamente con relación a los jueces locales, no con relación con los jueces federales y tampoco les ha dado buen resultado, porque los jueces o son republicanos o son demócratas. Y el proceso de radicalización de los jueces y de ideologización de los jueces, no significa que haya una buena justicia. La justicia debe ser imparcial, no debe obedecer a la parcialidad de un partido”.
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio de Sinaloa, el doctor Diego Valadés argumentó:
“La forma de designación de los ministros de la Corte tampoco me parece la más adecuada; el Presidente manda una terna, como ya vemos, si es rechazada manda otra terna, y si es rechazada, designa él como ya lo hizo este mismo año; por otra parte, no intervienen en las propuestas para la integración de la Corte ni las universidades, ni los propios juzgadores, ni las organizaciones de profesionales ni organizaciones representativas de la sociedad que exige justicia. O sea, el Presidente no escucha a nadie para presentar sus ternas, no quiere decir que el Presidente tenga que hacer lo que se le diga, o que tenga que recoger una votación corporativa, o sea, no planteo lo mismo que él quiere hacer, pero sí escuchar. Los jefes de gobierno, los jefes de Estado deben caracterizarse -como se caracterizan en todas las democracias-, por oír a la sociedad antes de tomar las decisiones. En muchos lugares se permite que las universidades, las barras de abogados y que las organizaciones hagan llegar propuestas, los presidentes no están obligados a asumir esas propuestas, pero sí a escuchar los nombres y las razones por las cuales esos nombres de esas personas son sugeridos. En cambio, aquí, los presidentes se limitan -no sólo éste, sino todos- al círculo de personas que conocen o que son acercados a los presidentes por la vía de influencias políticas, pero no por la vía de conocimiento profesional”.
“EN MÉXICO HAY UN CLARO PROCESO DE MILITARIZACIÓN DE LA VIDA CIVIL”
En cuanto a la militarización de instituciones civiles durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Valadés manifestó a este Semanario:
“En México hay un claro proceso de militarización de la vida civil, pero hay que distinguir entre militarización y militarismo; el militarismo es la exigencia que procede de las propias organizaciones castrenses para ejercer tramos de poder; la militarización consiste en un proceso que parte desde el poder civil para asignar mayor número de facultades o de responsabilidades a las fuerzas castrenses. En México tenemos militarización, pero no tenemos militarismo, ¿qué significa esto? Que cuando cambie el estilo de gobierno, los militares también obedecerán. En este momento si a los militares se les dice ‘Construye un aeropuerto’, están obligados a hacerlo por la disciplina, el deber de obediencia que les impone la Constitución, pero conforme al mismo deber de obediencia que les impone la Constitución, cuando se les diga ‘Regrésate a tus cuarteles’, tendrán que hacerlo y lo harán, porque en México no hay militarismo, hay militarización”.
“HAY QUE PLANTEAR LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO”
Hacia el final de la entrevista para ZETA, se le inquirió al doctor Diego Valadés sobre los retos en cuanto al sistema presidencial de México tras la inminente culminación del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
— Independientemente quien gane la elección presidencial del 2 de junio, ¿cuál es el gran desafío de México en cuanto a su sistema presidencialista?
“Esa pregunta es importantísima, porque al final de los años 90 se planteó una demanda exigiendo la reforma del Estado, el tiempo de reformar al Estado ya quedó atrás, infortunadamente ya quedó atrás, han pasado casi tres décadas desde que eso se planteó y el poder se ha seguido deteriorando. El deterioro institucional que tenemos en este momento es profundísimo y ya está afectando la gobernabilidad del país, por eso vemos que las escisiones delincuenciales están ejerciendo una presión sobre la estructura de la sociedad y sobre la estructura del poder político que no conocíamos, que nunca habíamos visto en nuestra historia”.
Entonces sentenció sobre la reconstrucción del Estado cuando concluya el sexenio de AMLO:
“Ya no podemos conformarnos con plantear una reforma del Estado, ahora hay que plantear la reconstrucción del Estado, y tendrá que darse esa reconstrucción en algún momento, es imposible prever en cuál, pero si no se canaliza desde el poder presidencial para hacerlo de una manera armoniosa, acabará prevaleciendo de alguna forma en algún momento, lo ideal sería que se llevara a cabo en términos progresivos, en términos conciliatorios, en términos constructivos y no que esperemos a que el deterioro se profundice y a que siga avanzando la erosión de las instituciones y extendiéndose el déficit de gobernabilidad del país, porque lo estamos pagando todos los ciudadanos”.
