La Sala Regional Guadalajara confirmó el acuerdo con el que el Instituto Estatal Electoral de Baja California otorgó registro como candidato a la alcaldía de Tijuana a Ismael Burgueño Ruiz, abanderado de la coalición Morena-PVEM-FXM.
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La resolución tuvo lugar luego de que el IEE acatara la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado referente a que el Instituto debía aplicar de manera exhaustiva los lineamientos para inscribir candidaturas, pues tratándose de Ismael Burgueño Ruiz, hubo partidos que adujeron que en su calidad de deudor alimentario no estaba al corriente en sus pagos, condición que constituye un impedimento para participar como contendiente.
El 17 de mayo, luego de haber solicitado la información respectiva a un Juzgado de lo Familiar, el IEE estableció que Burgueño Ruiz era elegible, lo que dio lugar a que se presentaran una serie de impugnaciones.
Con motivo de los juicios de revisión constitucional 114, 115, 116, 119 y los juicios de la ciudadanía 396, 397, 398, la magistrada Gabriela del Valle Pérez, manifestó este martes 28 de mayo en sesión pública celebrada por la Sala adscrita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al momento de tramitarse el registro del Burgueño Ruiz candidato, el aspirante “ya había cumplido con sus obligaciones” como deudor alimentario.
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“Tenemos sentencia del juez familiar diciendo que está al corriente” en sus pagos, sostuvo en referencia a la condición del candidato, quien conforme al expediente 2251/2015 guarda estatus de deudor alimentario.
“Lo que revisamos es la validez del acuerdo que el Instituto (Estatal Electoral) emitió, en el que se otorga el registro, lo que tomamos en cuenta, estas personas sí manifestó que había tenido una sentencia por ser deudor alimentario moroso, al momento del registro la persona ya había cumplido con sus obligaciones, una de las finalidades con la reforma al 38 Constitucional es que las personas dejaran de ser morosas”, indicó.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la restricción a participar como candidato no puede ser absoluta. No se busca impedir que los aspirantes asciendan a determinado cargo sino que cumplan con sus obligaciones, explicó.
Del Valle Pérez y los magistrados Sergio Arturo Guerrero Olvera y Omar Delgado Chávez votaron a favor el proyecto.
Guerrero Olvera afirmó que de acuerdo con el modelo establecido en el artículo 38 de la Constitución Mexicana el registro de candidatura es improcedente cuando hay declaración de morosidad. De manera que “deudor alimentario por sí solo no tiene impedimento”.
Observó que de haber obrado una declaración de morosidad al momento de tramitarse el registro, debía haberse acompañado con la prueba correspondiente.
“No había una sola declaración de incumplimiento del pago oportuno de la deuda alimenticia. Hasta el momento no nos han ofrecido una sola prueba”, subrayó.
“Se tiene prueba en sentido contrario, prueba en la que el juez determina que no hay morosidad”, estableció.
De acuerdo con el magistrado, ni el Tribunal Electoral ni el Instituto como tampoco la acreedora alimentaria son competentes para declarar que hubiera morosidad. En tanto, el juez civil sí tiene competencia, exclusivamente, quien dictó la sentencia.
El representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral Francisco Javier Tenorio Andújar criticó vía telefónica que actores ajenos al Juzgado que emitió la sentencia en materia de deudor alimentario hayan acusado que el aspirante estaba incurriendo en morosidad.
“Es verdaderamente una pena que una situación judicial propia de cualquier ciudadano los partidos políticos tomen raja queriendo interpretar o queriendo resolver cuando la única autoridad es el juez de lo familiar”, consideró.
Señaló que aún la Sala Superior podría atraer el asunto siempre y cuando los partidos políticos denunciantes recurrieran a esa instancia.
En tal caso tendrían un plazo de 72 horas, una vez se emita la debida notificación. Ello en un entorno en el que los comicios concurrentes tendrán lugar el domingo 2 de junio.
