“Nosotros queremos saber quién se va a hacer responsable de devolvernos la calle”, dijo Cecilia Higuera Cruz, quien junto con su familia se han visto afectada por la pérdida de la calle Tarahumara, al regresar a vivir su casa en el fraccionamiento La Sierra, en Tijuana, luego del derrumbe de dos edificios y parte de la calle Tarahumara hace un año.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseveró que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) responderá a la demanda de indemnización por 15 millones de pesos presentada por la dueña de los edificios de La Sierra. Sin embargo, al 17 de abril de 2024, el recurso legal no había sido admitido por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP).
“Ojalá que (la demanda de Bertha Leticia Rojas Rodríguez) nos beneficié a nosotros y no solamente esté buscando el beneficio de ella, porque nosotros estábamos bien hasta que se hizo ese edificio”, indicó Higuera Cruz.
El abogado de la dueña de los edificios, Juan Marcos Gutiérrez González, detalló que la demanda de indemnización por responsabilidad patrimonial presentada el 27 de marzo de 2024 ante la SHFP, está basada en un estudio geotécnico elaborado por la empresa Stratum, cuyos resultados indican que el área tuvo mucha saturación de agua, derivado de una fuga en un módulo de medidores a mitad de calle Tarahumara, que provocó el deslizamiento de tierra y a la postre causó el colapso de ambos edificios.
“Rechazamos que (el deslizamiento) haya sido por una falla en el muro de contención”, señaló el litigante, y aseguró que el estudio geotécnico no será compartido con la autoridad municipal pese a que le fue requerido por la Dirección de Administración Urbana, pues ya se ha presentado la demanda ante la SHFP.
Publicidad
__
EZENARIO buscó una entrevista con el director general de la CESPT, Jesús García Castro, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
Por otro lado, el abogado Gutiérrez González acusó a la administración de Montserrat Caballero Ramírez de ser omisa en investigar y en hacer un procedimiento para reparar o reclamar la reparación de la vialidad, pese a que ésa es un bien municipal, habida cuenta que el fraccionamiento La Sierra fue entregado al Ayuntamiento.
Aunque un juzgado federal falló a favor en el juicio de amparo 566/2023, que le ordena a la autoridad dar respuesta integral y congruente a las solicitudes de investigación, mitigación y reparación. “Ahorita en este momento estamos en un incidente de incumplimiento, porque con amparo ganado están las autoridades municipales literalmente haciéndole al loco, en su eterna y truculenta evasiva”, abundó.
En conferencia de prensa, el 15 de abril de 2024, la propietaria de los edificios colapsados, Bertha Leticia Rojas Rodríguez, se dijo “muy afectada” por lo sucedido. Aseveró que perdió sus ingresos luego de que cuatro de los cinco predios afectados por el deslizamiento de tierra son de su propiedad, y ya no pudo rentar los departamentos entre 200 y 300 dólares. “Es inimaginable, yo todavía no lo puedo digerir”.
