Según un estudio de la empresa consultora Integralia, durante todo el proceso electoral se han documentado 300 agresiones a políticos
La normalización de la violencia en México ha permeado en todas las áreas del país, y aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconozca, su política de seguridad será el gran fracaso de su gobierno, sólo equiparable con la desastrosa política de procuración de justicia, donde Alejandro Gertz Manero priorizó la política y las vendettas personales por encima de la investigación de delitos.
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En medio de una sucesión presidencial y donde se llevan a cabo elecciones en todo México, el proceso electoral se ha vuelto el más violento de la historia y aún hay entidades donde no inician formalmente las campañas, como lo es Baja California.
Según un estudio dado a conocer por Integralia Consultores, de septiembre del 2023 al primero de abril del 2024, en México se documentaron 300 incidentes relacionados o asociados con la violencia política, de los cuales han dejado un total de 399 víctimas, lo que implica, según su estudio, un total de 1.8 afectados al día.
El más reciente -y más preocupante, sin duda- es el de la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, quien fue ultimada en un evento público de campaña, justamente al presentar su proyecto en materia de seguridad para un municipio envuelto -al igual que toda la entidad- en una de las crisis de violencia más severas de la historia.
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Guanajuato, la entidad más violenta del país, vive una efervescencia diferente, al tratarse del único Estado que ha sido gobernado por el PAN, partido opositor al Presidente, durante 30 años, el cual se encuentra asediado por la violencia derivada de la pugna entre agrupaciones de la delincuencia organizada.
La segunda entidad con mayor violencia es Baja California, estado que actualmente no figura en los episodios de violencia electoral, pero sí destaca con cifras superiores a los dos mil asesinatos al año.
En estos momentos, organismos electorales de Baja California reconocen la solicitud de ocho aspirantes y candidatos para recibir custodia policial por parte de las autoridades, para la próxima jornada electoral.
¿Por qué solicitarían protección especial cuando no existe evidencia tangible de episodios violentos en la entidad? ¿Acaso ha ocurrido algo más de lo que se informa?
Es importante recordar la historia de nuestros procesos electorales, donde se demuestra que esta tranquilidad es un espejismo, pues en otras jornadas se han documentado levantones, agresiones y hasta muertos, ejecutados en la semana o el día de la elección, que no han sido identificados oficialmente con los procesos electorales.
No se puede olvidar que en la elección del 2021 tiraron cadáveres desmembrados a las afueras de centros de votación en Tijuana; o el ataque con armas de grueso calibre perpetrados en contra de lo que se consideraba un búnker de campaña, en la colonia Independencia de Mexicali. O bien, el robo e incineración de urnas en 2013 y 2019.
También las privaciones de la libertad perpetradas por policías en contra de brigadistas; o las detonaciones de arma de fuego y los destrozos ocurridos en el Distrito IV de Mexicali, que culminaron con la detención por parte de agentes investigadores en un búnker, ubicado en la colonia Fronteriza, donde los “porros” indicaron que trabajaban para un tal “Diego”.
Todos esos expedientes que causaron zozobra en los bajacalifornianos, fueron tomados por los gobiernos como simples actos “al calor de la elección”, donde tanto panistas, como priistas y morenistas, usan a grupos deportivos, boxeadores amateurs, internos de centros de rehabilitación, policías encubiertos, burócratas, entre otros sectores, para realizar tácticas porriles de destrucción de material electoral y robo de urnas; o bien, como grupos de choque para inhabilitar a “operadores” contrarios.
Eso se vive durante las jornadas electorales y se ha normalizado por parte de las autoridades. Tan es así, que ninguno de estos episodios violentos concluyó con el procesamiento judicial de los autores materiales e intelectuales, incluso en los casos donde hubo personas formalmente detenidas por la autoridad.
